Zona de Bajas Emisiones. Burgos desconoce si habrá sanciones por no activarla a tiempo (enero de 2025)

El Ayuntamiento de Burgos desconoce si el incumplimiento en la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) el próximo enero significará alguna clase de sanción por parte del Gobierno de España, aunque el equipo de Cristina Ayala tiene previsto recurrir la denegación de la prórroga solicitada en la que se pedían 6 meses más de margen para su implementación.

La portavoz del PP, Andrea Ballesteros, indicaba que la capital burgalesa no es la única ciudad de más de 50.000 habitantes que se encuentra en esta misma tesitura y el objetivo es retener la máxima cantidad de los fondos europeos que se concedieron para poner en marcha restricciones a la circulación de vehículos de acuerdo a la Ley de Cambio Climático. En este sentido, se redactará el recurso que realizará el Consistorio dado que no podrá cumplir el plazo establecido y ya prorrogado el año pasado por 12 meses hasta el 31 de diciembre de 2024.

La popular indicaba que un antecedente está en la ciudad en Girona. Burgos recibió por parte de Europa la nada desdeñable cantidad de 6,9 millones de euros para realizar las obras necesarias para activar la Zona de Bajas Emisiones, pero esta cifra estaba ligada a las obras de peatonalización de Gamonal (Francisco Grandmontagne, Lavaderos y calle Roma) y la adecuación de 27 paradas de autobús para que fueran accesibles. 

Los dos últimos proyectos mencionados están completados y puestos en servicio desde hace meses, pero quedan por ejecutar 2,6 millones para financiar las obras de instalación de los puntos de control de tráfico, que tienen un coste asociado de un total de 3,5 millones de euros.

Por tanto, el objetivo del actual equipo de Gobierno es no tener que devolver la partida íntegra de 6,9 millones de euros, es decir, salvar al menos los 4,3 millones que sí se han utilizado para ganar nuevos espacios para el peatón y hacer accesibles las paradas del autobús urbano.

Ballesteros ha reiterado que se partía de unos plazos que eran «practicamente imposibles» de cumplir, dado que el actual equipo de Gobierno tuvo que partir de cero, tras la sentencia judicial que declaró nulo el contrato de obras realizado por el anterior equipo de Gobierno. 

El recurso que presentó el PP estando en la oposición fue admitido porque la ciudad carecía de una ordenanza que amparase la ZBE. Así, el primer paso fue realizar una nueva normativa que se consiguió aprobar de manera definitiva el pasado mes de julio. A partir de ahí se ha ido a «contrarreloj» para licitar las obras y adjudicarlas. Sin embargo, a día de hoy los trabajos con un plazo de ejecución de seis meses, asignados a Etralux el pasado agosto, no han comenzado. Fue en ese mes de verano, cuando el Ayuntamiento de Burgos tramitó la petición de esa prórroga.