De la Rosa confirma que Burgos no tendrá que devolver 4,5 millones vinculados a la Zona de Bajas Emisiones

El grupo municipal socialista ha confirmado con el secretario general de Movilidad Sostenible, Álvaro Fernández Heredia, que la ciudad de Burgos no tendrá que devolver los 4,5 millones de euros vinculados a la Zona de Bajas Emisiones que están ejecutados. Es decir, los relacionados con las peatonalizaciones de Gamonal, así como con las obras de adaptación de paradas de autobús.

Así, lo asegura el portavoz de la formación, Daniel de la Rosa, que ha conocido que no existen más posibilidades de prórroga y, por tanto, entiende que los 2,6 millones vinculados a las obras de los puntos de control no se salvarán porque ya se concedió una ampliación de plazo de un año entre diciembre del 23 y del 24, que era la «fecha tope» para todos los ayuntamientos.

«El ministerio no va a exigir a los ayuntamientos devolución alguna de actuaciones que no estén vinculadas estrictamente con la actuación que no cumpla los plazos», confirma el socialista, tras las dudas planteadas este jueves por la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros. La popular daba a conocer que se iba a presentar un recurso contra la denegación de la prórroga con la idea de minimizar la cantidad de fondos europeos que se podrían perder.

De la Rosa achaca la responsabilidad de este incumplimiento en los plazos tanto a Cristina Ayala como al concejal de Movilidad, José Antonio López, por el empeño hace más poco más de un año por comenzar a tramitar de cero una nueva Zona de Bajas Emisiones que se ajustase a las imposiciones de su socio de Gobierno de entonces: Vox. «Decidieron desoír nuestras recomendaciones de que partiendo de nuestro proyecto hicieran las modificaciones necesarias, pero se empeñaron en hacer una nueva ordenanza», concreta, a la vez que afea que la segunda solicitud de prórroga la realizan prácticamente ayer (el 21 de noviembre) cuando el plazo caduca a 31 de diciembre y las obras siquiera han comenzado.

El viceportavoz socialista, Josué Temiño, ahondaba en la responsabilidad de López, que será recordado por perder 2,6 millones de euros de los fondos europeos y otros 855.000 euros en relación con el contrato de la gestión de la recarga de las tarjetas de autobús. «¿Qué más debe pasar para que una persona dimita?», se pregunta el edil, que reivindica una comisión especial de investigación en el caso de la empresa Prepay, que volverán a llevar a pleno la próxima semana, dentro del orden del día.

Comisión de investigación

Temiño considera que el informe de vicesecretario es un relato fáctico de los hechos sucedidos con el contrato con la firma mencionada, pero hecha en falta conocer cuáles serán las consecuencias de los acontecimientos relatados en los que se reconoce «falta de diligencia del presidente del Smyt».

Así, lamenta que la alcaldesa ha pedido solo un informe fáctico, pero no uno que depure responsabilidades vinculadas a la perdida de 855.000 euros. Según el socialista, «la responsabilidad puede ser jurídica, patrimonial, laboral y/o política y los sujetos implicados pueden ser los miembros del consejo, el presidente del consejo o los funcionarios y eso es lo que queremos que se aclare en la comisión de investigación».

Por otro lado, los concejales del grupo socialista incorporarán al orden del día otra comisión, en este caso trimestral, para abordar la gestión de los fondos europeos que han llegado al Ayuntamiento de Burgos en los últimos años. Como ha concretado De la Rosa, Ayala no tiene que plantear un acuerdo sobre esta cuestión en la Junta de Portavoces del próximo lunes, sino que el asunto está registrado e irá al Pleno en el apartado de dictámenes. 

La alcaldesa resiste en su «búnker»

Daniel de la Rosa ha denunciado la actitud de Cristina Ayala que, en su opinión, no ha interiorizado que gobierna en minoría y ha convertido la Junta de Gobierno «en un búnker de resistencia», ya que es el único órgano que le queda para resistir si el Pleno le retiró la confianza y en las comisiones se ha quedado en minoría.

El socialista ha dado a conocer que ha modificado la delegación de las competencias para asignar a los presidentes de las gerencias de servicios sociales, cultura y turismo, urbanismo y los de los servicios municipalizados la potestad para contratar obras de entre 100.000 y 500.000 euros. «Ha socavado la capacidad de decidir en los consejos de administración donde estamos representados todos los grupos políticos», critica el edil, que recuerda la maniobra similar realizada con la delegación de competencias en materia de subvenciones directas.