EL PSOE insta a destinar el dinero por venta de suelo municipal en exclusiva a vivienda pública

La venta de Patrimonio Municipal del Suelo (PMS) motiva tres de las cinco alegaciones del PSOE al presupuesto general del Ayuntamiento de Burgos de 2025. Y es que, a juicio de la formación socialista, las cuentas diseñadas por el PP incumplen la normativa vigente, que obliga a destinar los fondos obtenidos por la venta de estos bienes en exclusiva a vivienda pública.

"El PMS se concibe legalmente como un instrumento de política social de vivienda orientado a la generación sistemática de un patrimonio separado con contabilidad propia y necesaria gestión diferenciada cuya finalidad es la intervención pública en el mercado promotor a fin de paliar el sesgo especulativo que afecta a un bien de primera necesidad. Así se concibió prístinamente en la Ley del Suelo de 1956", relata el documento registrado por el grupo municipal liderado por Daniel de la Rosa.

En ello abundaba el edil Julio César Arnáiz, que detallaba que "desde el 56 todas las leyes del suelo lo contemplan como un patrimonio protegido, blindado. ¿Qué significa eso? Que no se pueden vender aquellos suelos que tengan que destinarse a vivienda pública y que el dinero obtenido por la venta debe destinarse a vivienda social y no puede destinarse a ningún otro pago".

Sin embargo, el presupuesto municipal, cuya aprobación inicial se publicó el pasado 2 de enero de 2025 en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, fía a la venta de PMS la financiación de inversiones por importe de 13.850.000 euros -tales como una de las pasarelas sobre el Arlanzón, paradas de bus, el tramo 4 del Bulevar, la plaza Santiago o el ambigú del paseo de la Isla, entre otros- "que nada tienen que ver con la conservación y ampliación del mismo, único destino posible impuesto por el artículo 52 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana". En todo caso, según señala el documento, las cuentas debieran disponer un ingreso de la misma cantidad en el capítulo en cuestión de PMS, algo que tampoco ocurre.

Si bien en sus alegaciones el PSOE no discute los fines a sufragar, sí incide en que no pueden financiarse de esta forma y que este propósito vulnera la normativa, tanto en la gestión del Patrimonio Municipal del Suelo como en la diferenciación, en su opinión indebida, de los terrenos y bienes integrantes del PMS y las parcelas provenientes de los consorcios, cuanto tras su recepción por sucesión universal deben pasar a formar parte de este. 

"El presupuesto no puede concebirse como el instrumento por el que la tesorería del Ayuntamiento se convierta en una máquina succionadora o de laminación o desaparición del PMS", concluye la reclamación socialista, para exigir por esta causa la nulidad del acuerdo del Pleno.

De no atenderse esta solicitud, Arnáiz avanzó que el PSOE acudirá a los tribunales, consumido ya el voto de confianza que otorgaron el año pasado al concejal 'popular' de Urbanismo, Juan Manuel Manso, que en respuesta a sus peticiones prometió impulsar una política de vivienda pública en alquiler. "Parecía que estábamos alineados y por eso no presentamos estas alegaciones al presupuesto de 2024, pero ya hemos visto que no se respeta la palabra dada", concluyó el concejal.

No es el único 'pero' formal que pone el grupo municipal socialista a las cuentas del PP. Su portavoz, Daniel de la Rosa, se detuvo en las otras dos alegaciones al presupuesto. La primera reedita la que ya formularon el año pasado, sin éxito, referida a la obligación de presupuestar todas las plazas de la plantilla municipal "estén ocupadas o vacantes". El repentino cambio de criterio técnico permitía al actual equipo de Gobierno reducir esta partida del capítulo de gastos, algo que al PSOE en el anterior mandato no se le consintió. Insiste, pues, en este punto tras comprobar que en esta ocasión, además, el expediente carece de un informe jurídico que lo avale, documento en el que se apoyó la desestimación de su alegación en 2024. "Más allá de la cuestión de fondo, formalmente no hay justificación alguna por parte del servicio de la ausencia de partida para catorce plazas: cuatro bomberos, nueve agentes de Policía Local y un diplomado en trabajo social. El total de las retribuciones salariales que debieran incorporarse para cubrirlas son 754.000 euros", indicó el portavoz socialista.

Además, el principal partido de la oposición considera que el presupuesto vulnera el trámite de información previo a la su aprobación en los órganos de participación ciudadana. Y es que los reglamentos de los Distritos Municipales establecen que cada junta municipal deberá conocer el borrador de las cuentas antes de su aprobación. También el Consejo Social de la Ciudad de Burgos -sin convocar desde abril de 2024- tiene entre sus funciones proponer criterios o recomendaciones, algo que tampoco ha ocurrido. De la Rosa concluía que estos incumplimientos evidencian que el equipo de Gobierno liderado por Cristina Ayala "no cree en la participación ciudadana, ni en los órganos que este Ayuntamiento tiene constituidos para fomentarla".