Escrutinio «político» a técnicos y concejales de Movilidad por el caso Prepay
La comisión de investigación por los impagos de la adjudicataria de las tarjetas de autobús descarta por unanimidad la comparecencia de los alcaldes desde 2018 hasta la actualidad

Primera comisión de investigación del caso Prepay.
Casi cuatro horas de reunión para constituir la comisión de investigación sobre el denominado caso Prepay con el fin de abordar la deuda de 850.000 euros contraída por la empresa adjudicataria de las tarjetas de los autobuses urbanos desde 2018. Una larga sesión que, según avanzó después el vicealcalde de Burgos, Juan Manuel Manso, se caracterizó por la «unanimidad» de todos los grupos políticos (PP, PSOE y Vox) en los principales acuerdos. Entre ellos, someter a un escrutinio «político» a técnicos municipales, habilitados nacionales, el administrador concursal después de que Prepay se declarase insolvente y los concejales de Movilidad desde 2018 hasta la actualidad.
Comparecerán, si así lo estiman porque «no hay obligación legal de asistir», los ediles responsables de este área desde Jorge Berzosa hasta José Antonio López. Quedan exentos, porque los tres partidos estuvieron de acuerdo en que «no procedía llamarles», la alcaldesa, Cristina Ayala, y sus dos antecesores: Daniel de la Rosa y Javier Lacalle.

Burgos
Ayala ofrece a Vox la vicepresidencia de la comisión de investigación de Prepay
Natalia Escribano
En total, se celebrarán cinco sesiones -incluida la de este lunes- para analizar pormenorizadamente los contratos y prórrogas que se han suscrito con Prepay desde 2018 hasta el día de hoy mientras se recogen los testimonios de los comparecientes. La última reunión, prevista para el 24 de marzo, se centrará en la «elevación de conclusiones» para su posterior exposición en el pleno municipal de abril.
La misión de esta comisión, tal y como recalcó Manso, «no es judicial». Es decir, no existe «capacidad de cesar ni reprobar» a las personas que serán interpeladas, tampoco «en materia de personal o contratación». No obstante, recordó que el Ayuntamiento se reserva el derecho, con los medios que tiene a su disposición, para tomar «las medidas que se consideren en función de los hechos acaecidos».
Según Manso, todos los grupos políticos han optado por realizar «un esfuerzo para intentar llegar hasta una posición final». Para ello, el equipo de Gobierno les ha facilitado toda la documentación sobre los contratos y no habrá nada «sorpresivo».
Otro de los acuerdos alcanzados por PP, PSOE y Vox fue la celebración de las cinco sesiones a puerta cerrada amparándose en la protección de datos de los comparecientes. No en vano, las reuniones se grabarán y después se plasmará todo por escrito.