El aumento de las designaciones agudiza la crisis del turno de oficio en Burgos
Los asuntos penales alcanzan cifras récord mientras el número de abogados que prestan servicios de justicia gratuita apenas varía. La media de edad de los letrados ronda los 50 años

Interior de los juzgados de la avenida Reyes Católicos, en Burgos capital.
Más carga de trabajo, prácticamente el mismo número de letrados y la eterna queja sobre las bajas retribuciones. Así se resume, a grandes rasgos, el día a día de la justicia gratuita en la provincia de Burgos. Un panorama, bastante similar en todo el territorio Ministerio, que no pinta nada bien. Por lo menos a corto plazo, de ahí que cunda el desánimo entre los abogados adscritos al turno de oficio.
Las cifras hablan por sí solas y corroboran el malestar de la profesión. El número de designaciones no ha dejado de aumentar en los últimos años y los letrados, ante la escasa falta de relevo, asumen cada vez un mayor número de asuntos. En 2024, de acuerdo a los datos recabados por el Colegio de la Abogacía de Burgos, se efectuaron 8.320 designaciones. Más de un 40% respecto a 2020 y un 14% en relación al año anterior.
El grueso del turno de oficio se circunscribe a la jurisdicción penal, que el pasado ejercicio copó el 63,4% del total con 5.276 asuntos. Lo más llamativo, en cualquier caso, es el incremento del volumen de trabajo a lo largo del último lustro. Y es que a comienzos de la década se tramitaron 3.523 designaciones. Hablamos, por lo tanto, de una subida del 50%.
Cómo es lógico, la mayoría de asuntos penales se designaron en la capital. No en vano, los partidos judiciales también han tenido que soportar un considerable aumento desde 2020. En términos porcentuales, Villarcayo (417) y Lerma (78) se llevan la peor parte con incrementos del 101 y del 116%, respectivamente, en estos últimos años. Entretanto, Briviesca (164) y Salas de los Infantes (48) elevaron su actividad en torno a un 25% en el mismo periodo mientras Miranda de Ebro (709) y Aranda de Duero (678) rozaban el 60%.
En materia civil, la variación no se ha agudizado tanto. De hecho, en 2022 hubo 659 designaciones, casi un centenar menos que en el ejercicio previo. Sin embargo, la carga se elevó el año pasado hasta alcanzar las 780, la cifra más alta en el último lustro. Mientras tanto, la estadística del Colegio de la Abogacía revela cierto estancamiento en los juzgados de Familia tras el bum experimentado a partir de 2021, cuando se realizaron 838 designaciones. Desde entonces, el número ha ido bajando paulatinamente y actualmente ronda las 813.
También se ha elevado la carga de trabajo a la hora de asistir a las víctimas de violencia machista amparadas por el sistema VioGén. Cada año, más mujeres requieren servicios de justicia gratuita y en 2024 se contabilizaron 663 designaciones. Una cifra récord, sin duda, que no ha dejado de subir paulatinamente hasta dispararse un 50% respecto a 2020.
En Social y Menores ocurre más o menos lo mismo. Por lo general, la actividad es inferior que en el resto de juzgados. No obstante, ambas jurisdicciones sobrepasan las 300 designaciones por año. Así las cosas, el único apartado en el que disminuye el volumen de asuntos es en lo contencioso, que cerró el pasado ejercicio con la cifra más baja de los últimos años (91).
Los números, aunque fríos, reflejan una realidad incontestable. «Es poner una piedra más en una mochila que ya va cargada», reflexiona el presidente de la Comisión Territorial y diputado séptimo del Colegio de la Abogacía de Burgos, Aurelio González, tras alertar sobre la dificultad que entraña compatibilizar el turno de oficio con «las guardias y el trabajo de nuestros despachos». Pese a todo, define la situación actual en los partidos judiciales como «medianamente buena» en cuanto a recursos humanos. Pero ojo, porque todo apunta a que el día de mañana habrá problemas por falta de relevo.
La media de edad en el turno de oficio en Burgos ronda los 50 años. Según la estadística del Colegio, en 2022 había 658 abogados prestando servicios de justicia gratuita. Las variaciones de un año a otro no suelen ser demasiado significativas y el ámbito civil y penal aglutina a más de 250 ejercientes. El problema, tal y como apunta González, es que habrá un aluvión de jubilaciones a partir de la próxima década. No se olvida, eso sí, de muchos compañeros que con «más de 65 años siguen dando el callo».
Se necesitará savia nueva, de eso no hay duda. En Burgos, sí, pero más aún en los colegios de menor tamaño donde apenas hay colegiaciones. Aquí, dentro de lo malo, se producen una media de 20 por año. En otras provincias, sobre todo aquellas más cercanas a Madrid, el relevo brilla por su ausencia y el turno de oficio corre serio riesgo de colapso.
«Nos pagan de forma miserable, una quinta parte de lo que se paga en el mercado por cada asunto»
Más allá de lo que pueda deparar el futuro, el apoyo mutuo ha propiciado que los partidos judiciales puedan contar con efectivos suficientes. Cuando González entró a formar parte de la Junta de Gobierno, varios compañeros de Villarcayo -localidad en la que reside- tuvieron que dejarlo por traslados o jubilación. Fue entonces cuando se tomó la decisión de abrir el turno de oficio en materia penal desde Burgos. Se adscribieron seis letrados y, gracias a ello, se aligeró sustancialmente la carga de trabajo.
«Aunque tenga mala prensa, el turno de oficio está funcionando bien. El Colegio hace designaciones inmediatas, no se ralentiza por nuestra culpa ningún asunto y se están cubriendo todos los servicios de forma excelente», enfatiza el presidente de la Comisión Territorial mientras pone de relieve que ni siquiera los «retrasos» que tanto afectan a la Administración de Justicia impiden que cualquier persona sin recursos pueda tener representación legal.
Lo mismo de siempre
El origen de todos los problemas que atañen a la justicia gratuita es el mismo de siempre: las bajas retribuciones que perciben los abogados en el territorio Ministerio. «Nos pagan de forma miserable, una quinta parte de lo que se paga en el mercado por cada asunto», remarca González mientras pone un ejemplo tan real como esclarecedor: «en un procedimiento abreviado que puede durar tres o cuatro años, te pagan 270 euros».
Con envidia sana, el diputado séptimo del Colegio de Burgos recuerda que en Vizcaya, sin ir más lejos, «la guardia se paga el doble o el triple y los asuntos en la misma proporción». Aun así, cree que la retribución en el País Vasco, aunque mayor, tampoco se ajusta a la dedicación que exige el turno de oficio. Por eso, no deja de insistir en que se ha de reconocer la labor de los abogados como es debido. Sin «agravios comparativos que no hacen justicia» y actualizando las tarifas, que ni siquiera se ajustan al IPC.
«La justicia gratuita se llama así porque casi es gratuita para el Estado», sentencia González al tiempo que urge, en sintonía con el resto de sus compañeros, una reforma urgente de una Ley que data del año 96. No en vano, agradece el desempeño del Consejo General de la Abogacía Española, capaz de ejercer la suficiente presión como para que el Ministerio de Justicia haya aligerado los pagos en un menor lapso de tiempo. Algo es algo, desde luego, pero el malestar sigue latente y el Colegio de Burgos no dejará de reivindicar mejores condiciones para los letrados del turno de oficio.