Vox califica de «cúmulo de circunstancias anómalas y surrealistas» lo sucedido con Prepay

De «cúmulo de circunstancias anómalas y surrealistas». Así califica el vicepresidente de la comisión de investigación sobre el caso Prepay, Raúl Martínez (Vox), todo lo acontecido con el contrato con esta empresa tras la última reunión de la comisión de investigación, celebrada en la tarde del pasado miércoles, en la que se analizaba el periodo desde diciembre de 2021 hasta diciembre de 2023.

El concejal, que también fue vicepresidente del consejo de administración del Servicio de Movilidad y Transportes, resumía que es en los primeros meses de 2023 (todavía con el gobierno de PSOE y Ciudadanos) cuando empieza a generarse una deuda que obedecía a retrasos en los pagos de la recaudación. En febrero de esa anualidad, la jefa administrativa, que compareció en la comisión de investigación, indica, según el relato de Martínez, que es cuando se da cuenta de esa deuda que en junio alcanzó los 300.000 euros. 

«En ningún momento la empresa saldó la deuda a cero, solo hubo pagos parciales», explica, a la vez que recuerda que, por tanto, se renovó el contrato con la empresa a pesar de esas circunstancias económicas y con informes técnicos favorables. Esta cuestión ya estaba acreditada en el informe del vicesecretario municipal (en la investigación interna que se desarrolló a instancias de Cristina Ayala).

De la información que se está trasladando en las distintas comparecencias, el representante de Vox destaca la intervención del gerente de Prepay, Ramón Castillón, que aseguró que utilizaba el dinero que se recaudaba desde Burgos para el funcionamiento ordinario de la empresa. Martínez tiene claro que la empresa «actuó de mala fe», ya que esa recaudación «era un dinero cautivo» que pertenecía al Ayuntamiento capitalino.

Además, el vicepresidente de la comisión ha cargado contra la forma en la que se ha llevado todo este asunto porque en ningún consejo de administración del año 2023 se advirtió de la existencia de una deuda. Tampoco a partir de julio cuando se conforma, tras las elecciones de mayo, el nuevo consejo con nuevos representantes políticos. Y va más allá porque se refiere a una reunión en Alcaldía, en febrero de 2024, con representantes de la empresa y la asistencia de la alcaldesa, Cristina Ayala, de la que no se le da cuenta siendo el vicepresidente del consejo de administración. «Se produce una reunión de tapadillo a escondidas y esa no es la mejor manera de gestionar, estábamos como socios de gobierno y nos enteramos por la prensa cuando la deuda supera los 800.000 euros», lamenta.

Es ese mes de febrero de 2024 cuando el actual presidente del Smyt, José Antonio López, se entera de la existencia de una deuda que empezó a generarse hacía ya un año. Como explica Martínez, la jefa administrativa contó que el concejal de Movilidad pasaba menos que los anteriores responsables políticos por el área «que no tenía un día fijo».

Por todas estas circunstancias, desde Vox entienden que «hay responsabilidades políticas, pero también de otro tipo».

Por cierto, que la última sesión de la comisión de investigación se desarrollará el 13 de marzo con la comparecencia de responsables de las áreas de Tesorería, Intervención y Secretaría Municipal. De nuevo, López asistirá para dar cuenta del último tramo del contrato desde enero de 2024 hasta la actualidad.

En la que se celebró el pasado miércoles, 5 de marzo, se ha comentado la asistencia del gerente de Prepay, de José Antonio López y de la jefa administrativa del Smyt, los que no acudieron fueron Leví Moreno, anterior concejal de Movilidad por motivos de trabajo, y tampoco la jefa de tráfico del Smyt.