El Correo de Burgos

Ballesteros califica de «frívola» la postura de Vox sobre la Zona de Bajas Emisiones

La portavoz del PP recuerda que es una normativa de obligado cumplimiento, ante la afirmación del líder municipal de Vox, que pedía retirarla si Burgos pierde las ayudas al transporte público

La portavoz del PP, Andrea Ballesteros, en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Burgos.

La portavoz del PP, Andrea Ballesteros, en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Burgos.ECB

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En el contexto de toda esta crisis abierta entre el Partido Popular y su principal socio de Gobierno, llama la atención el hecho de que la portavoz del PP, Andrea Ballesteros haya calificado de «frívolas» las declaraciones del portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores, en relación con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). No parece la apreciación más conveniente si se está buscando el entendimiento con este grupo municipal.

El vicealcalde, Juan Manuel Manso, denunció este martes lo que considera un chantaje de «Sánchez y los suyos» al vincular las subvenciones para rebajar el precio del autobús a la puesta en marcha del régimen sancionador de la ZBE.

En el caso de Burgos, la moratoria para multar, que se negoció con Vox dentro del Gobierno, es que las denuncias no se pondrán en marcha hasta enero de 2027. Por tanto, durante este tiempo la ciudad perdería 1,5 millones de euros (500.000 euros cada seis meses) que sirven para sostener el precio del trayecto en bus a 0,24 euros, frente a los 0,47 de hace unos años.

Ante esta situación, Manso planteó a PSOE y a Vox que se pronunciasen sobre los pasos a dar. Así, el PP es partidario de que las arcas municipales asuman los 1,5 millones de euros para no tener que subir el precio del autobús municipal. De momento, el único en hablar sobre la disyuntiva fue el grupo municipal de Vox, que este miércoles lanzó su propuesta de retirar la Zona de Bajas Emisiones. Martínez-Acitores opinó que si Burgos no va a tener subvenciones para sostener la rebaja en el precio del billete del autobús municipal, pues que se eliminen las restricciones a la circulación por las calles del centro.

Esta respuesta causó «sorpresa» en el equipo de Gobierno, que sostiene que «es increíble» que pida que se retire la ZBE, que es de obligado cumplimiento para todas las ciudades de más de 50.000 habitantes por normativa estatal y europea.

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