El PP se escuda en un proyecto en el aire de la Junta para tumbar la incineradora

Donde dije 'digo', exactamente el jueves pasado, digo 'Diego' cuatro días después. Sirve el refranero popular para resumir el giro de timón del equipo de Gobierno dado en las últimas horas a costa de la incineradora que, aun siendo un proyecto ideal según el PP, finalmente no se hará. Porque eso es en esencia lo ocurrido con la instalación proyectada por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) de la Junta de Castilla y León como complemento de las obras de modernización del Centro de Tratamiento de Residuos ubicado en Cortes.

La portavoz municipal, Andrea Ballesteros, y el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, comparecían juntos, por lo "trascendental" de una decisión que ya había desvelado la alcaldesa, Cristina Ayala, para confirmar que el pasado viernes se había remitido un "escrito" al citado organismo en el que se solicitaba que antes de licitar la actuación se modifique el proyecto y se retire la controvertida incineradora. La misma que el edil había defendido en rueda de prensa 24 horas antes con notable vehemencia, tras acusar a la plataforma que canalizar el rechazo social a la iniciativa de "manipular y engañar" a los burgaleses con el propósito de "atemorizar y confundir". O Niño desconocía entonces que se contemplaba una rectificación, o lo ocultó. En todo caso, en la convocatoria de esta mañana rechazaba sentirse desautorizado por Ayala: "En absoluto", respondía, tajante, a tal posibilidad, y descartaba del todo dimitir por lo 'accidentado' de la gestión de tan espinoso asunto.

Aseveraba Niño que en el PP municipal "las decisiones se toman en equipo", para reconocer acto seguido que, en todo caso, en última instancia, corresponden a la regidora. Es decir, fue Ayala quien tras conocer el sentir de particulares, asociaciones y ayuntamientos próximos al ecoparque optó por recular. Clave tuvo que ser el quinto y último encuentro mantenido con los detractores del proyecto el jueves por la tarde, pues horas antes el mensaje era una defensa a ultranza de la incineradora y un día después se reclamaba su paralización. 

El concejal de Medio Ambiente negaba que la reunión fuera un punto de inflexión, pero la cronología de los hechos hace que tal afirmación se tambalee. Sí detallaba, no obstante, que esa cita sirvió para conocer a fondo "las preocupaciones" de la plataforma "y todo lo que se iba a hacer".

Pese a la decisión tomada, Niño insistía en que, tal y como ha reiterado durante meses, "no es que consideremos que el hecho de que haya una incineradora en Burgos sea peligroso para la ciudadanía, porque no lo es". Lo que al parecer cambió entre el jueves y el viernes es que "hemos escuchado a la calle y hemos entendido que existe en este momento una alarma ciudadana, aunque no esté basada en hechos claros o concretos", remarcaba.

La pelota está ahora en el tejado de Somacyl, que tendrá que aceptar la petición de Ayala y promover un modificado del proyecto y los pliegos para adjudicar los trabajos, lo que retrasará una reforma que las instalaciones necesitan con urgencia. Cuando se solvente esta cuestión, tocará decidir qué se hace con el residuo orgánico del contenedor gris del que iba a ocuparse la incineradora. 

Y es que Niño aseveró la semana pasada que no contemplaban trasladarlo al vertedero, pues la ley en vigor marca que solo se derive allí un 10% del residuo total y prioriza precisamente la valorización de este tipo en concreto vía combustión. "Será muy difícil llegar", asumía el edil, para incidir en que las exigencias de la normativa son muy altas. "No obstante, no vamos a dejar de trabajar para conseguirlo", apostillaba.

Y para ello, la macro incineradora ideada por la Junta de Castilla y León podría ser una solución, pues permitiría al Ayuntamiento de Burgos dar una "salida viable" -la misma, pero más lejos, a priori- a la materia orgánica en cuestión. Sin embargo, se desconoce siquiera plazo aproximado para que esa instalación, de la que solo se conoce la intención -desvelada el pasado mes de abril por Ecologistas en Acción-, entre en funcionamiento en la ubicación elegida, que tampoco se conoce.

En el plano político, la portavoz municipal rechazaba que este cambio de parecer pueda ser considerado un fracaso del PP al frente del Ayuntamiento de Burgos. "No lo entendemos así. Consideramos que por el principio de prudencia es la mejor opción, la correcta", destacaba.

Defendía, además, Ballesteros que, de hecho, "el momento para hacerlo es el actual porque estamos en un punto inicial todavía, antes de proceder al inicio de la licitación, y la decisión no supone coste en cuanto a que, si fuera en un momento posterior a la adjudicación, la futura adjudicataria seguramente tendría unos derechos adquiridos". Criticaba también el "cinismo" del PSOE al criticar ahora lo que en su momento "impulsó" con De la Rosa en la Alcaldía. "Lo mínimo que se pide a una oposición responsable es coherencia", añadía.