La Burgoneta y Arrabal, contra la cancelación de la feria de food truck: "Se van a perder 30 empleos"
Acusan a Álvar Barriocanal de buscar confrontación, defienden la solvencia de su proyecto y rechazan que el pliego fuera "a medida". Lamentan la decisión de Ayala, que consideran un "acto de flagrante contradicción" que supone un "golpe devastador". Exigen que se rectifique

Feria de food trucks en el parque de la Isla, en la primera edición de esta cita.
Las empresas burgalesas La Burgoneta Burgos y La Jamada de Arrabal denuncian "con la máxima firmeza la cancelación arbitraria de la feria de gastronetas" prevista en el paseo de la Isla por parte del Ayuntamiento de Burgos. Mediante un extenso comunicado lamentan que esta decisión se produjera apenas horas después de que se adjudicara legalmente a la primera de ellas la organización del evento "a través de un concurso público, generando un profundo malestar y una gran preocupación entre los empresarios locales".
Critican que la cancelación en cuestión, "anunciada de manera verbal por la alcaldesa Cristina Ayala bajo un ambiguo principio de prudencia, es consecuencia directa de presiones políticas y mediáticas externas y de una campaña de desinformación orquestada por la empresa con sede en Madrid Servicios de Restauración Burgaleses, que opera en Burgos bajo la marca Martin’s Burger".
Aseguran al respecto que "las acusaciones de esta empresa carecen de cualquier base jurídica, técnica o administrativa y han sido amplificadas de manera irresponsable". Arremeten, en particular y por considerarla grave, contra la actitud de "determinados representantes políticos" que, a su juicio, se han sumado "a una estrategia de desprestigio que perjudica gravemente tanto a nuestras empresas como a la imagen de la ciudad de Burgos".
Rechazan además "de forma categórica" las acusaciones sobre "un pliego supuestamente hecho a medida". Tildan en concreto esta afirmación de "calumniosa y malintencionada", pues opinan que las bases municipales sencillamente tomaban "como referencia la experiencia exitosa de ediciones anteriores".
"Es una práctica habitual y sensata que una administración pública se apoye en el éxito probado para redactar unas bases que busquen replicarlo", añaden, para recordar que "La Burgoneta y La Jamada hemos sido las impulsoras originales de este proyecto, presentando una propuesta técnica completa y solvente, tras organizar tres ediciones previas de ferias de food trucks en 2018, 2019 y 2024 durante las fiestas de San Pedro, bajo gobiernos municipales de distinto signo, contando siempre con gran aceptación popular y municipal y cumpliendo estrictamente con la normativa vigente".
Los responsables de las citadas empresas ven, además, fundamental recordar la cronología de los hechos, para desmentir el mensaje que se ha difundido en los últimos días. Se remontan en concreto al 10 de febrero, cuando presentan una solicitud conjunta para dinamizar las fiestas con su proyecto. "La aparición posterior de un segundo interesado obliga a convocar un concurso y mientras La Burgoneta se centró en preparar un proyecto técnico sólido, la empresa madrileña optó por la vía de la confrontación, con un recurso que fue desestimado por falta de fundamento", detallan.
Así, los técnicos municipales informaron favorablemente y se adjudicó la autorización a los firmantes del comunicado el 12 de junio. La cancelación, realizada de palabra por la alcaldesa horas después, "pero de la que no tenemos comunicación oficial, no responde a ningún incumplimiento por nuestra parte, sino a la incapacidad del Ayuntamiento para defender un procedimiento legal", señalan, para calificar la decisión de Ayala de "un acto de flagrante contradicción".
"Esta postura no solo es paradójica, sino que evidencia la profunda incoherencia de una decisión que ya ha causado un daño innegable y cuantificable", explican, para calificarlo de "golpe devastador que se traduce en la pérdida de más de 30 puestos de trabajo". Extienden además el impacto negativo a la red de proveedores, distribuidores, pequeños productores, empleados y autónomos locales "que dependen de este evento".
Exigen "una rectificación pública inmediata y la asunción de responsabilidades por esta decisión que consideramos injusta y arbitraria" y se reservan expresamente el derecho a emprender todas las acciones legales oportunas "en defensa de nuestros legítimos intereses".