La Diputación exige al Gobierno central finalizar el despliegue de fibra óptica en la provincia de Burgos

Quedan tres meses para que finalice la segunda prórroga del programa único de Banda Ancha 2021 y el 60% de los 230 municipios incluidos en él siguen sin contar con la necesaria conectividad. Así lo recordó el diputado provincial de Vox, Ángel Martín.

La formación logró que el Pleno de la Diputación apoyara su proposición de instar al Ministerio para la Transformación Digital la remisión urgente de un informe detallado sobre el estado de ejecución del programa en la provincia de Burgos, para corregir el retraso en el despliegue de la fibra óptica en la totalidad de la provincia.

Aunque la propuesta fue aprobada por unanimidad, no estuvo exenta de debate. En este sentido, Martín señaló a Telefónica como empresa encargada del despliegue de la fibra, y al Gobierno central, como responsable del programa, como los principales culpables del retraso en el desarrollo de Banda Ancha 2021 y puso de manifiesto que «hasta el 40% de esos municipios podrían quedarse sin fibra tal y como recoge la propia convocatoria».

En este sentido, la portavoz del Partido Popular, Inma Sierra, señaló que «el Gobierno central debe comprometerse con el futuro del medio rural y la conectividad es fundamental», apuntó al tiempo que puso en valor «la ingente labor que la Diputación de Burgos está realizando en el objetivo de reducir la brecha digital».

A pesar de esta reflexión, para los populares lo ideal «no sería obligar a la empresa que finalice las actuaciones, sino garantizar las medidas necesarias para que lo haga en tiempo y forma, porque si no dejará a municipios fuera». Para lograrlo, la popular propuso una transaccional a la moción de Vox para solicitar una nueva prórroga.

Sin embargo, la alternativa no convenció a los de Vox que, en boca de su portavoz, señalaron que «ya no hay tiempo para más prórrogas»  y aseguró que hay que «de instar al cumplimiento del programa».

La portavoz socialista, Nuria Barrio, negó que su formación tenga información privilegiada sobre el despliegue de la banda ancha en la provincia, pero aportó datos de la Oficina Provincial de Telecomunicaciones que, el pleno de la Diputación ha aprobado reclamar oficialmente a través de la comisión de Nuevas Tecnologías.

«En Castilla y León hay una cobertura mediante fibra y cable de un 83,28% de los hogares, que en Burgos provincia es de un 81,71%», apuntó la socialista. «Dentro del programa único Banda Ancha, Castilla y León ha recibido 160 millones de euros para este cometido y Burgos es la segunda provincia que más fondos ha recibido, 24,5 millones de euros».

En este sentido, Barrio considera que el retraso en el despliegue «depende en primer lugar de los permisos de los ayuntamientos, con un centenar de expedientes en Burgos; cerca de 70 de la Junta, una decena de la Diputación y 7 del Gobierno central». Un retraso en los permisos que «responde a diferentes cuestiones de carácter administrativas».

FOTOVOLTAICAS

Por otra parte, el Pleno también daba luz verde a la propuesta de los socialistas que solicitaban instar a la Junta a realizar una ordenación del territorio, limitando la instalación de parques fotovoltaicos en zonas agrícolas y de especial protección.

Así, el objetivo es que en un plazo máximo de 6 meses, el marco regulatorio sobre la localización de las infraestructuras de energía renovable fotovoltaica sea una realidad «para que no terminen los campos de cultivos ocupados por paneles solares», apuntó el diputado provincial del PSOE, José Ignacio Grajal, quien añadió que las licencias «deben compatibilizarse y garantizar de forma sostenible la protección de la biodiversidad, el paisaje, los ecosistemas y la producción agrícola».

El apoyo de los populares se supeditó a la incorporación en la propuesta de hacer hincapié en que «en la aprobación de licencias tenga un importante peso que la creación de estas plantas tenga aparejada la creación de puestos de trabajo».

Vox, sin embargo, se mantuvo al margen de la proposición con su abstención, al entender que «la propuesta no interpela al Gobierno central», cuando «ha realizado tres modificaciones de la ley y en ninguna se ha incluido que no puedan instalarse en terrenos fértiles».

Financiación

En otro orden de cosas, la sesión plenaria también supuso la aprobación de la propuesta presentada por el PP que solicita apoya a la Federación Española de Municipios y Provincias en sus reivindicaciones sobre una financiación local justa solicitando al Gobierno de España que permita las inversiones financieramente sostenibles en los ayuntamientos.

La moción logró el apoyo de Vox y Sentir Aranda y el voto en contra del PSOE. «El real decreto que ha puesto en pie de guerra a la federación ha ignorado que las entidades locales podamos disponer de los remanentes y destinarlos a inversiones financieramente sostenibles, una cuestión que afecta especialmente al mundo rural porque es una inversión especialmente destinada a mantener servicios básicos, infraestructuras y empleo».

En este sentido, los socialistas apuntaron en boca de su portavoz, Nuria Barrio, que «para que eso ocurra primero es necesario que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado 2025» y exigió a los populares «ser responsables en este sentido y actuar en consecuencia en el Congreso de los Diputados».