Nuevo varapalo a las monjas de Belorado. El TSJ archiva su última denuncia

Lejos de disfrutar de un verano apacible, las monjas cismáticas de Belorado acumulan disgustos. Y es que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León archiva la denuncia interpuesta por su letrado, Enrique García de Viedma, contra la juez de Briviesca, en la que además reclamaba la anulación de todas las actuaciones contra sus representadas y la incoación de procedimiento penal.

El tribunal considera que, conocidas las actuaciones a las que se refieren, no ha lugar a tal incoación, por lo que acuerda su archivo "sin más trámites y previniendo al interesado para que ejercite, en legal forma, si le conviniere, los derechos que pueden asistirle".

Al respecto, en los fundamentos de derecho se indica que, dado que el texto de la denuncia "no identifica la persona o personas contra las que se dirige", aunque se relatan hechos vinculados con la tramitación de las piezas de medidas cautelares del Tribunal de Instancia de Briviesca -a juicio de las religiosas, "plagado de irregularidades"-, "lo que esta parece expresar es la disconformidad de las personas representadas por el abogado denunciante con las citadas resoluciones judiciales", opinión que, según subraya el fallo, debe canalizarse a través de los recursos legalmente previstos en procedimientos de índole civil como el que es referido en la propia denuncia, sin que ello suponga, por sí solo, la comisión de los hechos delictivos que se relatan".

Trunca esta resolución del TSJ la pretensión de las exclarisas volver de nuevo a la casilla de salida después de que el Juzgado de Briviesca estimase la demanda de desahucio interpuesta por el comisario pontificio, Mario Iceta. De hecho, su defensa confirmó inmediatamente que recurriría el fallo ante la Audiencia Provincial de Burgos. 

La petición de la anulación de todas las actuaciones, desestimada ahora por el TSJ, se fundamentaba en el procedimiento judicial llevado a cabo el pasado 1 de agosto que culminó con el fallido intento de sacar «a la fuerza» a las cinco religiosas ancianas, de entre 87 y 100 años, que actualmente residen en el monasterio de Orduña (Vizcaya). Según sus abogados, las exmonjas «desconocían» que se fuese a efectuar tal acción. No en vano, supieron adelantarse al trasladar a las hermanas desde Belorado.

«Se ha comprobado que se tramitó en su totalidad a espaldas de ellas, dejándolas en absoluta indefensión», argumentaron entonces Aláez y García de Viedma. Según detallaron, la tramitación de esta medida cautelar duró cinco días -del 25 al 30 de julio- «sin notificación alguna a las propias afectadas ni a sus guardadoras». Finalmente, esgrimían que se adoptó la «brutal» decisión de «arrancar a personas mayores y con discapacidad de su casa sin previo aviso». Además, «en un partido judicial diferente al del Juzgado de Briviesca» y, por lo tanto, «vulnerando su propia competencia».

Ante tales "irregularidades", además de la anulación de actuaciones, las religiosas cismáticas solicitaban también la «implicación» de la Fiscalía para «velar por los derechos de las monjas, cuya protección tiene legalmente encomendada y que han sido completamente infringidos en este proceso». 

Si bien no han visto atendida su reclamación, la maniobra ha surtido el otro efecto esperado: devolver a la actualidad informativa a las protagonistas de esta trama, iniciada allá por mayo de 2024 con la publicación de un manifiesto en el que anunciaban su salida de la iglesia católica. Más de un año después, la estimación de la demanda de desahucio interpuesta por el comisario pontificio y arzobispo de Burgos, Mario Iceta, activaba la cuenta atrás para sacar a las religiosas del convento de Belorado.