El PSOE busca la reprobación de los cuatro ediles del PP por abandonar la comisión de las gastronetas
Julio César Arnaiz advierte que los concejales no se pueden declarar "insumisos" por lo que llevarán una proposición al Pleno del viernes para exigir que se reestablezca el orden normativo

Un momento de la sesión del pasado 8 de octubre, con la comparecencia de Francisco Salvador, previo al abandono de los concejales del PP.
El grupo municipal del PSOE llevará al Pleno de este viernes una proposición en la que buscará la reprobación de los cuatro concejales del Partido Popular (Yolanda Barriuso, Carlos Niño, Ángel Manzanedo, Carolina Álvarez) por abandonar la comisión de investigación de la feria de gastronetas y anunciar que no van a volver.
"La reprobación no tiene efectos jurídicos, pero es una llamada de atención, es un acto de censura porque es un comportamiento impropio de los concejales", declara el concejal Julio César Arnaiz, que espera contar con el apoyo de Vox, que ahora está presidiendo la comisión, para retratar a sus compañeros de corporación que han dejado de cumplir una de las obligaciones para las que fueron elegidos por los ciudadanos.
Este edil lamenta que las cotas de frustración que sienten los populares ante el devenir de las comisiones, pero advierte que por mucho que se enfaden no pueden declararse «insumisos». Como corporativos, reciben un acta en la sesión de investidura que les obliga a cumplir el reglamento de organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Burgos (ROF). «El contrato social que asumimos, por el que nosotros somos representantes de la soberanía que reside en el pueblo, nos obliga a asistir al pleno y al resto de órganos colegiados del Ayuntamiento y las comisiones son un órgano colegial», afirma apoyado por el artículo 92 del ROF.
El socialista afirma que la actitud de los ediles del PP tiene que ver con que están en minoría, también en esta investigación en la que PSOE y Vox están llegando a muchas conclusiones en las que coinciden, aplicando la razón y la lógica. Subraya que el ROF establece que si un concejal no puede asistir "por causas externar de fuerza mayor", puede ser sustituido por otro compañero de bancada. "Como me enfado y no saco las conclusiones que pretendo, como no quiero que venga a declarar a la comisión la alcaldesa para explicar lo que es inexplicable, pues entonces monto una performance y digo que esto es un circo", concluye Arnaiz, que resume así lo sucedido en la sesión del pasado 8 de octubre.
Los cuatro concejales del PP que asisten a la comisión se levantaron y se fueron en mitad de la misma. Los populares declinaron preguntar al empresario Daniel Pérez, de la Burgoneta, y la presidenta de la comisión, la concejala popular, Yolanda Barriuso, realizó un discurso visiblemente enfadada porque, a su juicio, «se estaban analizando hechos inexistentes». La alcaldesa defendió el pasado jueves a los integrantes de su equipo porque, desde su punto de vista, el PSOE persigue "una especie de lapidación".
Burgos
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Arnaiz insiste en que si los populares quieren eludir sus responsabilidades lo que tienen que hacer es dejar el acta, "si no lo hacen, les esperamos en la próxima sesión de la comisión de investigación". Está fijada para el 22 de octubre y está prevista primero una sesión ordinaria en la que están llamados a comparecer los concejales del PP, Carolina Álvarez, Carlos Niño y la propia alcaldesa, Cristina Ayala, que no desveló el pasado jueves si acudirá o no, ya que no tienen obligación de acudir. La convocatoria extraordinaria se estipuló porque faltaban cuatro personas por pasar y se celebrará de 9 a 11 y, a continuación, a partir de las 11, se desarrollaría la ordinaria. Se han fijado ocho sesiones con una periodicidad variada y la duración se marca hasta el próximo mes de febrero.
El socialista indica que para cumplir la ley les quedaría el recurso de acudir a la justicia, sin embargo, ya comenta que los juzgados tienen unos procedimientos más largos, que no se ajustan a los tiempos marcados para el desarrollo de esta investigación (febrero 2026). "Si me preguntan si estaríamos dispuestos a llevar nuestra petición hasta las últimas consecuencias, es decir, que se cumpla el artículo 92 del ROF, pues claro que sí, sin ninguna duda", sostiene Arnaiz.