Crece el descontento por el «colapso» de los tres juzgados de lo Social de Burgos
Sindicatos como CCOO se suman a las voces de los operadores jurídicos que exigen recuperar el juez de refuerzo para evitar dilatar todavía más los señalamientos
Imagen de la sede de los juzgados de Burgos.
Las quejas por el lento funcionamiento de los Juzgados de lo Social de Burgos crece conforme pasa el tiempo y avanzan los meses en los que los tres juzgados de la capital, que tratan todos asuntos también de la provincia, funcionan sin el juez de refuerzo al que no se le prorrogó la actividad el pasado mes de junio.
Los últimos que se han sumado a esta queja son los representantes del sindicato CCOO que, a través de una nota de prensa, denunciaba el «colapso» de los juzgados de lo Social. Aunque ya es una situación que se llevaba produciendo desde hace tiempo, el comunicado del sindicato de esta pasada semana alertaba de la «situación de sobrecarga en los juzgados», agravada todavía más por la mencionada supresión de un juez de refuerzo, el magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Gernika (Vizcaya), Carlos Díaz Armiño, en comisión de servicio.
Ya el pasado mes de julio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) insistía en la necesidad del refuerzo en los juzgados de lo Social. Tanto la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) como la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitaron al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que «reconsidere» la denegación de la autorización económica que hubiera dado vía libre a la prórroga del juez del refuerzo en los juzgados de lo Social de Burgos que terminó su periodo de trabajo el pasado 30 de junio.
La primera consecuencia de la continuidad de este juez de refuerzo ha sido que toda la agente de juicios que programados hasta diciembre, por lo que se habrán tenido que reprogramar, lo que hace que haya señalamientos para el año 2027.
Julia Manero, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Burgos y abogada especializada en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, recuerda que antes de la llegada del juez de refuerzo «estábamos con juicios a año y tres meses». Con le llegada del juez de refuerzo se había rebajado en unos meses ese tiempo de espera. Pero al no continuar este magistrado, «todos los juicios de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que a su vez estaban citados desde hace un año, nos los han vuelto a citar para dentro de un año, e incluso hasta enero de 2027».
El sindicato CCOO señala que los señalamientos de ese juzgado se «han suspendido» y han pasado «a la cola en la agenda de los titulares». En esta misma línea, la representante del Colegio de Abogados destaca que algo que ya ha comentado en otras ocasiones sobre esta situación, que «son pleitos que son de asuntos de dinero que se necesita para vivir». El sindicato incide en que «la defensa de los derechos laborales requiere una tutela judicial efectiva, que atienda los plazos razonables en las reclamaciones en vía judicial». Ahora mismo, en los Juzgados de lo Social de Burgos los llamados asuntos preferentes, como despidos, que deberían tener una rápida tramitación, tienen hasta un año o más de espera para el señalamiento del juicio. Esto se traduce en «un creciente malestar en la ciudadanía», así como del personal de los juzgados, ya que «recibe las quejas de personas afectadas por estos retrasos desproporcionados».
El contexto laboral de Burgos tampoco ayuda, explica Manero. Por ejemplo con la oleada de asuntos relacionados los trabajadores interinos de la administración pública. Reclamaciones que han contribuido al «colapso» de los ya saturados Juzgados de lo Social de lo Social de la capital. La solución, más allá del juez de refuerzo, del que no hay visos que se vaya a recuperar, pasa por poner en marcha un cuarto juzgado, una reclamación que es histórica. «Necesitamos un cuarto juzgado fijo, que es lo que se viene reivindicando desde hace años», apunta Manero.
El sindicado CCOO se centra en reclamar la «restitución inmediata» del juez de refuerzo suprimido como «una medida urgente para aliviar la carga de trabajo», mientras reclama «una solución estructural que refuerce las plantillas y recursos de todos los juzgados». Una reclamación que también han hecho suya desde hace muchos años todos los operadores jurídicos, empezando por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
La presión de trabajo que soportan los tres juzgados de lo Social es alta al menos desde el año 2017, que se cerró con 2.777 asuntos registrados, bajó un poco en el año 2018, con un total de 2.677, para volver a remontar en el año 2019, que se cerró con 2.729. En el año 2020, en plena pandemia, fueron 2.848 asuntos, para subir a 2.927 en el año 2041, bajar a en torno a 2.700 en los años 2022 y 2023 y dispararse hasta más de 3.600 el pasado año.