El PP de Burgos reclamará a Sánchez que la conectividad digital llegue a toda la provincia

Implementar la conectividad digital total en la provincia burgalesa es una de las reclamaciones recogidas en la moción que los diputados del PP por Burgos presentarán la próxima semana en el Congreso. «La conectividad es indispensable para fijar población, acceder a servicios públicos, generar riqueza y empleo y evitar desplazamientos innecesarios en el medio rural», señaló la candidata número uno por Burgos a las Cortes de Castilla y León, Marta Arroyo.

Sin embargo, los datos presentados por los populares dibujan un escenario de «fiasco». El Plan Único 2021, financiado con fondos europeos y adjudicado a Telefónica para dotar de banda ancha a 600 localidades de Burgos, «presenta un grado de ejecución que no alcanza el 40% a las puertas de marzo de 2026, fecha final del plazo de ejecución».

Esto significa que «el 60% de los núcleos comprometidos se ha quedado en un limbo» y es que «han dejado de ser consideradas zonas blancas (sin cobertura), pero tampoco pueden optar a otras ayudas y la red sigue sin llegar». En este sentido, Arroyo denunció la «ausencia total de control» del Gobierno sobre este contrato público, señalando especialmente «la crítica situación en el Valle de Losa y el Valle de Mena».

Así las cosas, la popular cuestionó el nivel de responsabilidad que asumirá el Gobierno central en sus competencias y aseguró que «el Partido Popular, bajo el liderazgo de Alfonso Fernández- Mañueco, ya ha integrado compromisos específicos en su programa electoral para asegurar que el 100% de los vecinos tenga acceso a banda ancha».

Compromisos que se centran en «exigir al Gobierno central que cumpla con la Agenda Digital e impulse la Mesa de las Telecomunicaciones» y reclamar «el despliegue del Plan Único para alcanzar a los 1109 núcleos de población de la Comunidad que siguen sin conectividad».

Otras acciones

Por su parte, el diputado nacional Ángel Ibáñez calificó la gestión de Pedro Sánchez como «un ataque directo a la tesorería de la Comunidad». Ibáñez destacó que la falta de Presupuestos Generales del Estado «impide percibir 160 millones de euros mensuales en entregas a cuenta, poniendo en riesgo servicios básicos como la sanidad, la educación y la dependencia».

En este sentido, aseguró que «entre 2009 y 2021, el gasto en servicios sociales de la Junta creció un 20%, mientras que la financiación estatal solo subió un 2%» y que «el déficit acumulado por el actual modelo de financiación supera ya los 8.000 millones de euros en Castilla y León». Estos datos ponen de manifiesto que «Castilla y León es una Comunidad infrafinanciada» por «un modelo de financiación injusto».

Desde el PP de Burgos se mostraron especialmente críticos con el socialismo local y regional por «abrazar un modelo de financiación pactado entre Sánchez y Junqueras» que, según sus cálculos, «otorgará 507 euros más por habitante en Cataluña y cero euros a los burgaleses». «Es una discriminación absoluta», sentenció Ibáñez, quien también afeó al ministro Óscar Puente «la caída del 22% en inversiones de Adif y Alta Velocidad en la Comunidad».

A este escenario, Ibáñez sumó el bloqueo de los nodos de producción eléctrica. El PP denuncia que «hay 15.000 millones de euros en inversiones empresariales paralizadas en Burgos por el colapso que sufre en el suministro de electricidad en la provincia» y que «está impidiendo la llegada de nuevas industrias por falta de suministroa».

Además de solicitar mejoras en estos ámbitos, la moción también pedirá acelerar la implantación de infraestructuras «olvidadas por el Gobierno central», como «el desarrollo definitivo de la A-73, la A-12 o la A-11 y la reapertura del Tren Directo».

La moción «no solo busca soluciones técnicas, sino también un posicionamiento político» y es que, tal y como señaló Ibáñez, «la votación del 26 de febrero demostrará si los socialistas de Burgos y de Castilla y León están del lado de las directrices de Sánchez o del lado de los intereses de los ciudadanos».