Reunión con la empresa para «salvar el curso» en la Escuela de Música

En la Escuela Municipal de Música Antonio Cabezón de Burgos no se escucharon notas musicales este lunes. La empresa ha dejado de prestar el servicio al ser estimado su recurso a la obligatoriedad de prórroga con la que se iniciaron las clases a mediados de octubre. El objetivo del equipo de Gobierno es «mantener una reunión con la empresa que venía prestando el servicio para que finalice el curso», explicó la presidenta de la Gerencia Municipal de Cultura, Andrea Ballesteros, tras una larga reunión con parte de la plantilla de la Escuela de Música.

La edil aclaró que «el ayuntamiento tuvo constancia de la sentencia judicial el jueves por la mañana, no el día 2, como se ha dicho, y desde entonces se ha intentado mantener una reunión, y hasta el día de hoy (por ayer) hemos conseguido hablar tanto con el empresario como con su abogado», señala. Un encuentro que se prevé para mañana miércoles en el que se buscará una solución para que la empresa opte a reanudar el servicio hasta el mes de junio.

El curso arrancó con problemas. La empresa que gestiona Pablo Abad se mostró en contra de la prórroga en las mismas condiciones del contrato para la gestión de la Escuela Municipal de Música, que se había prolongado por más de dos años sin contar, hasta entonces, con un nuevo concurso. Una sentencia judicial obligaba a mantener el servicio en las mismas condiciones por el interés general de los usuarios. La empresa adjudicataria recurrió esta decisión y, en la sentencia a ese recurso, se estima que «la empresa puede continuar o no con la prestación del servicio en las condiciones en las que se venía prestando y queremos conocer la situación y llegar a un acuerdo para seguir hasta junio», señala. Apuntó que, al aprobarse la prórroga inicial, se instó a la adjudicataria a presentar «una reclamación de los costes reales y efectivos del servicio y el Ayuntamiento lo revisaría, pero eso no ha ocurrido».

Este lunes 700 alumnos y 25 profesores no han iniciado su actividad y han cambiado las aulas del convento de Bernardas por la Plaza Mayor. A pesar de la lluvia, varias decenas de usuarios y profesorado han exigido mantener la actividad lectiva. Algo en lo que todos coinciden. La cuestión es cómo.

En la próxima Junta de Gobierno se aprobarán los reconocimientos extrajudiciales de crédito para abonar las cantidades de diciembre, enero y febrero. En torno a 15.000 euros que se adeudan a la empresa, que también cuenta con las cuotas de los usuarios para mantener la actividad. Mientras, se trabaja en una mejora técnica y económica de la segunda licitación —la primera quedó desierta— para los próximos cursos. En ese nuevo contrato se incluye un incremento de hasta el 18% de las cuotas que abonan las familias. «Este es un contrato que tiene un valor estimado de más de 2,5 millones de euros en cinco años porque se incluye la cuota de las familias y el canon del servicio, no 50.000 como se ha dicho», puntualizó la edil.