La reapertura de la Escuela de Música sigue en punto muerto tras una semana cerrada

Ha pasado una semana desde que la Escuela Municipal de Música Antonio de Cabezón cesara su actividad, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que admitía el recurso del adjudicatario y suspendía el acuerdo tomado en Junta de Gobierno, el 7 de agosto de 2025, que obligaba a la empresa a seguir prestando el servicio de la Escuela de Música de forma forzosa, y la posibilidad de su reapertura continúa en punto muerto.

Así se desprende de la reunión entre la portavoz municipal y concejala de Cultura, Andrea Ballesteros, el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, el responsable de la Asesoría Jurídica, Pablo Núñez, una técnica de Cultura y representantes de las familias, celebrada el lunes. Reunión a la que no acudió el adjudicatario ni los profesores, pese a que las familias así lo habían solicitado, pero que el equipo de Gobierno no consideró "operativo", según las familias. 

En ese encuentro, el Ayuntamiento insistió a las familias en que si el gestor presenta la documentación correcta sobre el coste real del servicio las clases se podrían retomar de inmediato. La pasada semana, Ballesteros ya incidía en esta cuestión, en que el Ayuntamiento no pretende que preste el servicio a pérdidas, y para ello debe presentar una reclamación patrimonial con los gastos y los ingresos perfectamente justificados e incorporados.

Durante el encuentro, las familias plantearon que sea el Ayuntamiento el que gestione la Escuela Municipal de Música de forma directa y pusieron como referencia lo que se hace en ciudades similares a Burgos. Desde el equipo de Gobierno se recordó que asumir la gestión directa conllevaría un procedimiento administrativo largo que requiere la autorización de la Junta. 

Del mismo modo, los familiares recordaron al Ayuntamiento que si opta por la externalización del servicio debe responsabilizarse de que se presta de forma correcta. Las familias volvieron a plantear una reunión en la que estén el gestor y los profesores, a lo que el equipo de Gobierno no se negó, siempre que sean las familias las que la convoquen.