La comunidad educativa alerta: la falta de administrativos pone en jaque la matrícula en centros públicos

Hartos de arrastrar durante años un déficit estructural de personal administrativo, los integrantes de la comunidad educativa de Burgos -representantes de los trabajadores, tanto funcionarios docentes, no docentes o personal laboral) y la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAMPA)- han vuelto a alzar la voz para exigir soluciones urgentes ante una situación que compromete el funcionamiento diario de los centros públicos y amenaza con tener consecuencias aún más graves a medio plazo, pues, aseguran, podría provocar un desplazamiento de la matrícula a la enseñanza concertada.

Los datos evidencian la magnitud del problema. En los institutos, donde la escasez es más acusada, 27 de los 84 puestos de auxiliares están vacantes -casi un 33%- y otros 22 se cubren de forma temporal. En la propia Dirección Provincial, responsable de gestionar la plantilla y tramitar la cobertura del resto de puestos, la falta de personal también es notable, con plazas sin cubrir y una elevada dependencia de contratos temporales. Allí, 5 de los 17 efectivos de dirección y organización están vacantes, mientras que el 45% de los de administración los asumen empleados temporales, con un límite máximo de tiempo de trabajo de tres años, una rotación constante que implica inestabilidad y exige formación permanente, procurada por los propios compañeros a los que se incorporan para gestionar, además de lo citado, servicios centrales básicos como el transporte escolar, los comedores o la limpieza.

En consecuencia, "se produce una situación de caos" que agrava el complicado contexto general que, si bien comparte toda la comunidad autónoma, "aquí es especialmente sangrante", según precisaba Elena Pascual, presidenta del Comité de Personal Laboral de Educación en Burgos, tras repasar el ingente listado de centros afectados por un déficit que, además, convierte en práctica habitual que un mismo administrativo tenga que atender a dos centros.

El problema empeoraba, según denunciaba el representante de la Junta de Personal Funcionario de Servicios Periféricos, Marcelino Arribas, por decisiones organizativas que, lejos de aliviar la sobrecarga que genera la falta de cobertura de las plazas, reducían aún más los recursos disponibles. Criticaba así que en la última modificación de la relación de puestos de trabajo se hayan eliminado plazas vacantes prolongadas en lugar de reforzarlas, política de amortización que consideraba "malintencionada" pues no responde a las necesidades reales y aumenta la presión a la que están sometidos los propios trabajadores.

Las consecuencias, según aseguraron los representantes de la comunidad educativa en Burgos, son visibles en el día a día de los centros. Trámites administrativos esenciales, tales como la preinscripción en ESO, Bachillerato o FP, la matriculación, la gestión de becas o ayudas o las sustituciones de personal laboral, se retrasan y, en muchos casos, recaen a la desesperada sobre docentes y equipos directivos. "El trabajo tiene que salir", resumían, lo que implica que otros profesionales asuman funciones que no les corresponden, en detrimento de su labor principal.

Uno de los principales temores es que esta situación termine afectando a la enseñanza pública en términos de demanda. Aunque no se ha materializado de forma generalizada, los centros ya perciben señales de alerta y auguran cierto desvío de alumnado a los concertados. "No pueden llegar a todo y no van a poder matricular a todo el mundo", explicaba Pascual, tras recoger testimonios de distintos centros afectados, convencida de que ante esa falta de respuesta "las familias pueden optar por otras alternativas donde los trámites se resuelvan con mayor agilidad".

Ante tal panorama, los sindicatos explican que sus reiteradas quejas al responsable de Educación en Burgos, José Antonio Antón, reciben siempre idéntica respuesta: que la situación ya ha sido trasladada a la Consejería y a Función Pública, sin que, por el momento, se haya traducido en medidas concretas. Denuncian, además, cierto desamparo al carecer de interlocutor en la Dirección Provincial tras quedar también sin ocupar la secretaría técnica "hace más de un año". 

La comunidad educativa mostraba su preocupación por el escenario descrito y no descarta intensificar las movilizaciones para visibilizar un problema "estructural". Advertían de que el sistema se sostiene "con parches" y alertaban de que esta fórmula tiene un límite. Anunciaban, pues, nuevas protestas y concentraciones en los centros si el escrito que han remitido en este sentido a los responsables de la Administración regional competentes en la materia no obtiene como respuesta "medidas reales que garanticen una cobertura adecuada de los puestos y el correcto funcionamiento del servicio público".