La Audiencia de Burgos no ve prevaricación en la acusación a Vigil de favorecer a un hostelero

La Audiencia Provincial de Burgos ha absuelto al exconcejal Licencias del Ayuntamiento de Burgos Julio Rodríguez-Vigil, acusado de un presunto delito de prevaricación por haber favorecido a un hostelero de la plaza Huerto del Rey contra el que se habían iniciado varios expedientes sancionadores que, según las acusaciones, no firmaba y hacía desaparecer. El exedil de Ciudadanos se enfrentaba a una pena de 10 años de inhabilitación. El fallo es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El tribunal considera que no se cumplen los supuestos de un posible delito de prevaricación administrativa, como sostenían la Fiscalía y la acusación ejercida por el Ayuntamiento de Burgos. El fallo destaca que, entre otras cuestiones, para que se dé este tipo de delito se debe dictar una resolución arbitraria, en este caso por el acusado.

Sin embargo, el tribunal considera que los documentos que las acusaciones aseguran que Rodríguez-Vigil no firmó e hizo desaparecer son certificaciones, por lo que no tienen el valor de una resolución, ya que «recoge meras informaciones sobre datos identificativos del negocio de hostelería», por lo que, añade el tribunal, carecen «de cualquier naturaleza decisoria en un procedimiento administrativo». Recuerda que, como indica la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se excluyen de este tipo de delito los informes y dictámenes, consultas, circulares, propuestas de resolución y las certificaciones administrativas.

En este caso se imputaba al exconcejal Licencias que no firmara, hasta en tres ocasiones, las certificaciones para iniciar un expediente sancionador contra un hostelero de la plaza Huerta de Rey. Recuerda las declaraciones de funcionarias del servicio de Licencias, en las que se señala que se le dejaron para firmar las certificaciones y que cuando iban a recogerlas faltaban las del citado establecimiento, mientras el resto de certificaciones estaban firmadas. Hechos que el exedil negó. Es este en el que el tribunal recuerda a las partes que en ningún caso calificaron estos hechos como un posible delito de infidelidad de documentos, en el que se incluye la posible ocultación. En este caso, el tribunal incide en que «no queda acreditada la concurrencia de los elementos integrantes del delito de prevaricación, ni por acción ni por omisión».

De hecho, la defensa de Rodríguez-Vigil sostiene que la certificación era irregular o nula, ya que no se cumple el orden de firmas, que debe ser primero por la jefa de sección, después por el secretario y por último, en este caso, por el exdil. No obstante, el tribunal insiste en que da lo mismo al «no ser resoluciones decisorias», requisito básico para que pueda haber un delito de prevaricación.

Tampoco consta, para la Audiencia, que la no firma de estos documentos haya supuesto un perjuicio para la ciudadanía ni a la función pública en sí misma, ya que el procedimiento sancionador abierto a este establecimiento fue declarado nulo, por lo que «ningún valor tuvieron los documentos y certificaciones a dicho expediente acumulada» al no haber sanción. Todo ello, a pesar de que las certificaciones fueron firmadas por otro concejal, tras el cese de Rodríguez-Vigil.

Sobre el delito de denegación de auxilio que se imputaba al exconcejal, la sentencia considera que «no consta «prueba alguna de que haya sido requerido, repetidamente o no, por autoridad alguna para la firma de las certificaciones».