Siete de cada diez denuncias por desaparición son de menores de edad

Las primeras horas son claves. Sobre todo cuando se sospecha que una desaparición ha sido involuntaria o cuando la persona a la que se trata de localizar padece algún tipo de trastorno o enfermedad que ponga en riesgo su vida. Por eso conviene denunciar cuanto antes. Para recabar el mayor número de pistas recientes y poner en marcha un dispositivo de búsqueda eficiente.

Miles de personas desaparecen en España cada año. Muchas son menores de edad y lo normal es que la Policía Nacional o la Guardia Civil logren dar con su paradero en menos de tres días siempre y cuando no hayan regresado antes o dado señales de vida. En Burgos, a lo largo de 2025, siete de cada diez denuncias estuvieron directamente relacionadas con fugas de adolescentes de entre 13 y 17 años. 124 casos de los 179 contabilizados por el Ministerio del Interior; 71 varones y 53 mujeres que en un momento dado se esfumaron sin haber cumplido la mayoría de edad.

Dejando a un lado las denuncias que se retiran en cuestión de horas o de días al tratarse de desapariciones voluntarias, cabe destacar el elevado grado de resolución tanto en Burgos como en el conjunto del país. Con 23 casos activos en la provincia al finalizar el pasado ejercicio, la tasa de éxito ronda el 87% mientras la media nacional supera el 90%.

Por norma general, las denuncias activas corresponden mayoritariamente a personas mayores de edad. En el último ejercicio, sin ir más lejos, quedaron sin resolver los expedientes de dos chicos y cuatro chicas adolescentes». Al cierre de 2024, con 22 casos todavía abiertos, aún no se había conseguido localizar a 3 varones y cuatro mujeres menores.

Bajo esta horquilla se mueve la estadística en Burgos de un tiempo a esta parte. Igual que con los menores (extranjeros no acompañados o infractores) que se ausentan de los centros en los que se alojan. Dentro de este apartado, se contabilizaron seis denuncias en 2025 y exactamente el mismo número el año previo.

En términos generales, la comparativa del último ejercicio respecto a 2024 arroja un descenso del 16,7% en el número de denuncias interpuestas. Los 135 casos notificados a los cuerpos y fueras de Seguridad en ese año correspondieron a 95 personas diferentes de las que 52 eran adolescentes. Tan solo dos, por cierto, tenían menos de 12 años.

Según consta en los archivos del Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), 76 de los hombres y mujeres en paradero desconocido en 2024 -último año de referencia- eran de origen español. El resto, por su parte, provenían de Colombia (cuatro casos), Rumanía (dos), República Dominicana (ídem), Rusia, Portugal, Perú, Paraguay, Panamá, Marruecos, Letonia, Georgia, Ecuador, Bulgaria y Alemania (uno). Otro dato a tener en cuenta es que, del total, tan solo ocho personas sobrepasaban los 65 años.

Los informes de Interior también muestran que algunas personas son reincidentes a la hora de desaparecer. En el caso de Burgos, el CNDES certificó 24 casos (12 mujeres y 12 hombres) de los que 15 estuvieron protagonizados por menores. Una tasa, sin duda, relativamente baja en comparación con otras provincias. El patrón adolescente, eso sí, tiende a repetirse en prácticamente todos los territorios del país.

De cara a los próximos años, la Secretaría de Estado de Seguridad tratará de poner el foco sobre las ausencias de larga duración sin causa aparente a través del segundo Plan Estratégico en materia de Personas Desaparecidas. Se trata, tal y como apuntan fuentes del Ministerio del Interior, de una «prioridad» para «dar respuestas a las familias que continúan, después de años, sin saber qué pasó con su ser querido, si volverán a verlo y, sobre todo, dónde ha estado todo este tiempo». 

Del mismo modo, se seguirá haciendo hincapié en la «sensibilización y prevención» de las desapariciones injustificadas con el fin de mitigar el «sufrimiento» que padecen las familias afectadas, a las que se considera «verdaderas víctimas indirectas» de una «problemática de Estado» que se pretende abordar con mayor profundidad a base de «mejorar los procedimientos de las fuerzas y cuerpos de Seguridad, aunado con el ya habitual esfuerzo de otras instituciones, tanto públicas como privadas, comprometidas con este fenómeno».