Las 56 viviendas sociales de VideBurgos, en el aire porque «no hay expediente»

«La alcaldesa de Burgos tiene cierta compulsión a saltarse los expedientes». Con estas palabras, el concejal del PSOE, Julio César Arnáiz, ha denunciado «la grave falta de rigor administrativo en el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Burgos y la entidad VideBurgos de la Fundación Caja de Burgos» para la construcción de 56 viviendas de alquiler social destinadas a jóvenes.

Según el edil, «la firma del acuerdo entre la entidad y el equipo de Gobierno se escenificó el pasado mes de octubre sin que existiera el preceptivo expediente administrativo que legalice la entrega de una subvención nominal de 1,68 millones de euros».

Arnáiz subraya que «no constan informes de Secretaría, ni jurídicos ni de Intervención», lo que supone «una ausencia de garantías técnicas sobre la decisión política». Esta situación ha provocado «el bloqueo actual del proyecto tras seis meses de la firma» y es que la entidad «necesita los fondos comprometidos para 2025 y 2026 y que ascienden a 900.000 euros para iniciar las obras, pero Intervención no puede autorizar los pagos al no existir un expediente que sustente el gasto».

Ante lo que considera una gestión «rematadamente mal ejecutada», el PSOE ha presentado un escrito formal solicitando un procedimiento de revisión de los actos propios de la administración. «El objetivo es que se declare la nulidad del convenio actual y se proceda a instruir el expediente de forma correcta, asegurando que el dinero público se utilice estrictamente para su fin bajo la cobertura técnica necesaria», explicó el concejal socialista.

Más allá de la crítica a la gestión actual, Arnáiz insiste en que «la vivienda es una materia clave que requiere un debate profundo y acciones sociales decididas que el equipo de Gobierno no está poniendo en marcha».

El concejal recordó que su formación ha propuesto un programa detallado para movilizar las parcelas de suelo que el Ayuntamiento mantiene paralizadas, «cuyo valor patrimonial se estima en unos 150 millones de euros». Poner este activo en el mercado permitiría «una construcción muy importante de vivienda social, beneficiando también a la boyante industria local, ya que permitiría a los trabajadores acceder a alquileres de 400 euros en lugar de hipotecas de 1.200 euros si así lo desean, mejorando su capacidad económica y fijando población».

La propuesta socialista aboga por «aprovechar la experiencia de entidades sociales con experiencia en este ámbito en la ciudad, como la propia Fundación Caja de Burgos y Fundación Círculo». Según el concejal, abrir el abanico de colaboración a más fundaciones «permitiría, además, poner un número mucho mayor de viviendas en el mercado de forma eficiente y legal».

El modelo sugerido consiste en que «el Ayuntamiento ceda el suelo disponible a estas fundaciones para la creación de alquileres sociales vitalicios». Para garantizar la viabilidad, Arnáiz plantea «el uso de préstamos a largo plazo, de 45 ó 50 años, con tipos de interés protegidos y una partida presupuestaria anual de un millón de euros destinada a cubrir posibles impagos».

Una propuesta que «el equipo de Gobierno no quiere escuchar» y que «tiene como resultado un política social escasa e insuficiente en materia de vivienda». «Es decepcionante que este convenio, si bien creemos que es positivo, sea la única acción que el PP vaya a llevar a cabo en materia de vivienda», apunó Arnáiz. Una acción que, «además, es dejar que otros hagan y solamente poner el dinero», lamentó.