La Ley de Eficiencia arrastra un déficit de personal del 15% en los juzgados

Por mucho que intuyesen a lo que se enfrentaban, el cambio fue tan sumamente brusco que la gran mayoría todavía trata de asimilarlo. La Ley de Eficiencia Procesal no ha cuajado, ni de lejos, entre los funcionarios de la Administración de Justicia en Burgos. Todo lo contrario, de ahí que «la palabra que más utilicen sea caos porque de eficiencia lo único que tiene es el nombre».

Con más lagunas que certezas, la ley con vocación de aligerar la sobrecarga de trabajo en los tribunales parece estar consiguiendo el efecto contrario. De hecho, el principal problema que denuncian los empleados públicos es la escasez de recursos humanos. Algo que ya se percibía cuando «la Oficina del Tribunal de Instancia empezó con 30 personas menos», ya fuese por vacantes en los concursos o por jubilaciones.

«Han ido cubriendo algunas plazas, pero muy lentamente», señala la responsable provincial del sector de Justicia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), María Ascensión Codón, mientras insiste en que «se tienen que agilizar los nombramientos» porque «la situación es insostenible». Tanto que, en términos generales, el déficit de personal en los juzgados -tanto en la capital como en los partidos judiciales- ronda el 15%.

Con Penal en cuadro, por citar un caso concreto, Codón pone el foco sobre el Servicio Común Procesal del área Civil, Social y Contencioso-Administrativo, donde la falta de efectivos se sitúa en el 22%. Un «problema gravísimo», máxime al tratarse de «la médula de los tribunales de Instancia porque se encarga de realizar todas las funciones requeridas por la ordenación de procedimientos y repartirlos». Y lo mismo ocurre, en mayor o menor medida, en todos y cada uno de los partidos judiciales.

He aquí la peor consecuencia posible, según Codón, de una Ley de Eficiencia impuesta desde la más absoluta «precipitación». De nada sirvió el experimento de la Oficina Judicial en su día. La reforma del Ministerio de Justicia, vigente en la provincia desde julio, se impuso el 31 de diciembre. Es decir, «día inhábil y en pleno periodo de vacaciones». A su regreso, el funcionariado se topó con una nueva y desconocida realidad. «Algunos no tenían ni sus pertenencias porque les habían cambiado de sitio, otros estaban trabajando y a mitad de mañana les decían que tenían que irse a otra parte...». Asegura también la representante de CSIF que «hasta hace dos semanas, ni en la capital ni en la provincia tenían los directorios telefónicos de cada puesto» pese a que «lo debían haber previsto desde el minuto uno».

Cuestión de amoldarse. Eso pensaban muchos hasta que la implantación del sistema de gestión procesal Atenea el pasado 21 de abril. A partir de ahí, la cosa ha ido «de mal en peor», sentencia Codón mientras precisa que «a los funcionarios solo se les dio una hora de formación online».

Aparte de ser «mucho más lento que Minerva (el anterior sistema)», los ordenadores están «bloqueados día sí, día también y no da tiempo a hacer citaciones». De ello pueden dar fe jueces, abogados y procuradores, tristemente acostumbrados a que el visor de documentos Iris Atenea falle en un juicio y no quede más remedio que aplazarlo.

«Esto es inabordable. La gente está desesperada», advierte a sabiendas de que el trabajo diario en los tribunales «repercute en los usuarios del servicio», quienes acaban convirtiéndose, de facto, en la parte más afectada sin ser plenamente conscientes de ello.

El riesgo de «colapso» está ahí. No solo lo proclaman los funcionarios, sino también desde el Colegio de la Abogacía de Burgos. Y ojo, porque hay soluciones que a la larga pueden resultar perjudiciales. Como la aprobación de una tercera plaza de juez para Aranda de Duero y Miranda de Ebro cuando la petición, tanto de CSIF como del propio Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), era un tercer juzgado en ambas ciudades.

La solicitud tiene su lógica porque «no dan abasto», argumenta Codón. El problema, a partir de ahora, es que la llegada de un nuevo juez requiere un refuerzo de la plantilla porque la que hay «no es suficiente». Así las cosas, lo tiene meridianamente claro: «O se ponen las pilas nombrando a gente, o el colapso se va a multiplicar».

Con todos estos frentes abiertos y alguno más como el de la especialización, CSIF mantiene su talante «negociador» ante el Ministerio. «No ponemos palos en las ruedas, pero la paciencia se agota», esgrime Codón con la esperanza de que las reuniones que su sindicato ha mantenido hasta ahora sirvan para algo. De lo contrario, «haremos lo que los funcionarios estén dispuestos a hacer».

Llegados a este punto, la principal conclusión que saca Codón de esta problemática Ley de Eficiencia Procesal es que hasta el propio Ministerio de Justicia está «desbordado». Entre otras cosas, porque «se ha implantado sin una cultura previa del cambio entre magistrados, funcionarios y letrados». Podría decirse, por lo tanto, que de aquellos barros estos lodos. Y también, por lo que parece, que «se va solventando a base de golpes».