El PSOE alerta de que el Ayuntamiento de Burgos se encuentra en «un callejón sin salida» y acusa a Ayala de vaciar las arcas
Rodríguez apunta que el informe de Intervención remitido al ministerio de Economía para solicitar la ampliación excepcional del plazo de amortización de la deuda de los consorcios señala que de no concederse, «entre 2029 y 2031, se incrementarán notablemente los riesgos de impago de las obligaciones municipales»
La edil socialista Sonia Rodríguez.
«En un callejón sin salida y con la hucha vacía». Con estas palabras calificó la concejal del PSOE, Sonia Rodríguez, la situación económica del Ayuntamiento de Burgos. Tras el reciente anuncio de la alcaldesa, Cristina Ayala, de solicitar al Ministerio de Economía una ampliación excepcional en el plazo de amortización de la deuda de los consorcios de Villalonquéjar y de la variante ferroviaria, la edil socialista ha puesto de manifiesto «la grave situación económica del Consistorio burgalés», una realidad que «contrasta con el relato de optimismo del equipo de Gobierno».
«Este equipo de gobierno gasta más y gestiona peor», sentenció, desmontando la afirmación de Ayala de que «la salud financiera de la ciudad es mejor que al inicio del mandato». Rodríguez detalló «el drástico descenso de los fondos municipales», señalando que «mientras que a inicios de 2024 las arcas contaban con 96 millones de euros en fondos líquidos y 69 millones de remanente, a finales de 2025 esas cifras se quedaron en 31 millones de fondos y 22 millones de remanente».
Según la edil socialista, el gasto desmedido y «la amortización de 70 millones de euros de deuda en dos años han generado un déficit de 17 millones». Así, Rodríguez aseguró que «estas situación no es una opinión del PSOE sino que forma parte de la propia memoria justificativa que la Intervención del Ayuntamiento ha remitido al Ministerio para solicitar la refinanciación».
En dicho documento se admite abiertamente el «colapso de la capacidad financiera disponible». El informe técnico advierte que, debido a los importantes vencimientos pendientes hasta el año 2031 y la severa reducción del remanente, el Ayuntamiento «no podrá realizar mayores esfuerzos si el Gobierno central no concede la ampliación de los plazos».
El panorama que dibuja la Intervención municipal si el Ministerio de Economía deniega esta medida excepcional es, según el PSOE, «alarmante». El informe alerta de que «entre 2029 y 2031 se incrementarán notablemente los riesgos de impago de las obligaciones municipales». Para paliar las deudas, el Ayuntamiento «se vería abocado de forma inminente al incumplimiento de pagos» o a la «venta precipitada de suelo industrial y residencial por debajo de su precio real».
Así las cosas, Rodríguez subrayó que la petición al Ministerio busca «desesperadamente» evitar esta «descapitalización» del patrimonio de la ciudad, una situación de vulnerabilidad que, a su juicio, «el PP trata de ocultar mediante una huida hacia adelante cada vez más evidente».
Como muestra de esta falta de previsión y de crédito disponible, la edil ha criticado la última Junta de Gobierno, donde se aprobaron 6 millones de euros para cuatro contratos, dos millones más de lo inicialmente previsto. «Estos expedientes se han tramitado como contratos de emergencia, a dedo, sin concurrencia competitiva». Al no existir crédito suficiente en las partidas, el PSOE advierte que se desconoce todavía de «qué áreas se detraerá el dinero, asumiendo que en breve el equipo de Gobierno lanzará una nueva modificación presupuestaria».
En este sentido, Rodríguez afeó a Ayala que pretenda «dejar la pelota en el tejado del Ministerio» con una propuesta de reestructuración que tardará tiempo en resolverse, «eludiendo su propia responsabildad institucional».
«Falta de autocrítica»
La gestión económica del PP no solo ha encontrado el rechazo frontal del PSOE, sino también del Vox. El concejal de la formación, Ignacio Peña, ironizó sobre la «alta autoestima» del equipo de Gobierno y «su absoluta falta de autocrítica». Peña lamentó la «actitud autoritaria» del PP al «ocultar información clave» en un intento de «maquillar la realidad económica financiera de la ciudad».
Peña calificó la solicitud de aplazamiento de la deuda de los consorcios como una «medida excepcional que no se ha utilizado nunca», y deseó que el Ministerio la acepte, dado que «el futuro desarrollo de la ciudad depende de ello». Señaló que «la actual crisis de los consorcios es la puntilla para las cuentas locales» y, «sin duda, pone en serio riesgo cualquier proyecto de futuro para Burgos».