Descubre a qué ha destinado la Diputación 21 millones de fondos europeos: "Ha sido una ejecución impecable"

Suárez saca pecho de la gestión. 12 de los 13 proyectos beneficiados se han llevado a cabo, con el 95% de las ayudas justificado. El dinero devuelto responde a los ahorros en las licitaciones. Reivindica además que la inversión real multiplica por 3,7 la media de los diez años anteriores

El presidente de la Diputación, Borja Suárez, y la portavoz de la institución, Inmaculada Sierra, durante la presentación del balance de gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia.SANTI OTERO

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Burgos

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Cerrado el pasado 30 de junio el plazo de justificación de las convocatorias de fondos europeos Next Generation, toca hacer balance. Habrá quien tema a tal examen y habrá quien proclame sus resultados, pues la ejecución en cuestión de los proyectos para los que se reclamaban tales ayudas evidencia la eficacia de la maquinaria de cada administración. En la Diputación de Burgos, por ejemplo, la gestión de estas partidas se convertía en motivo de orgullo. Presumía su presidente, Borja Suárez, de 'nota', pese a que tal logro, reconocía, ha tensionado al máximo la capacidad administrativa de la institución provincial. Quizá por eso ese 95% de "ejecución impecable de los proyectos" se presentaba como una proeza que, en la práctica, suponía una inyección de 21,84 millones de euros para impulsar doce de las trece iniciativas beneficiarias. 

Solo una (el programa de formación digital para jóvenes) 'caía' por no encontrar agentes para desarrollarlo y hubo que devolver la ayuda correspondiente, de apenas 24.500 euros. El resto de ese 5% que dista del 'pleno' se debe fundamentalmente a los ahorros "producidos durante las licitaciones por las rebajas del presupuesto de las empresas adjudicatarias", explicaba Suárez, para enfatizar un éxito que reivindicaba, de paso, como la muestra de la capacidad de la institución para afrontar un volumen extraordinario de inversión en un periodo especialmente exigente para las administraciones públicas. 

En particular, el presidente de la Diputación defendía el escrupuloso cumplimiento de los plazos establecidos para los distintos programas, pese a que las convocatorias, surgidas en respuesta a la pandemia del coronavirus, aparecieron en momentos diferentes desde 2021 y algunas dejaron un margen especialmente reducido para completar las actuaciones. Entre ellas destacó especialmente el PERTE del Agua, convocado en 2025, la última de las grandes líneas a las que concurrió la institución provincial y que suponía una inversión de siete millones de euros.

37 municipios -con una población, en suma, de 48.622 habitantes- se beneficiaron de esta ayuda, cuya ejecución Suárez definía como "el mayor desafío", dado lo ajustado de los plazos. Se consiguió finalmente cumplir con las condiciones establecidas, aunque fuera "sobre la bocina", y llevar a cabo iniciativas tan relevantes para el medio rural como la elaboración de un plan de emergencia ante sequías, la digitalización de las redes de abastecimiento, la sensorización de distintas instalaciones clave o la puesta en marcha de varias plataformas de información y gestión, entre otros proyectos.

Arranca ahora una segunda fase no menos relevante ni exigente, que implica comprobar durante los próximos años si las actuaciones tienen el efecto esperado. Este seguimiento, exigido por la Unión Europea en los siguientes cinco ejercicios, se extenderá a todas las actuaciones a cargo de los fondos Next Generation. Para Suárez, tal obligación supone un cambio relevante en la manera de evaluar el uso del dinero público, más allá de "cortar la cinta". "De nada serviría enterrar 7 millones de euros en gestión del agua si en dos meses la red no funciona. Hay que comprobar si los proyectos cumplen la función por la que recibieron financiación", señalaba, para calificar la medida de "sensata".

Junto al citado PERTE del Agua, destaca entre los proyectos con mayor volumen de fondos el plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión desarrollado en colaboración con la Junta de Castilla y León por el Departamento de Bienestar Social. Permitía destinar un total de 4,7 millones -4,1 llegados de Europa- a las unidades de convivencia, la mejora de la eficiencia energética de las residencias o a la renovación del Consulado del Mar, dentro de un programa de accesibilidad a edificios públicos. 

Otro de los grandes bloques 'espoleados' por estas ayudas era el turismo. En el entorno de Garoña, la Diputación desarrollaba un proyecto de sostenibilidad turística con una inversión de 2,668 millones de euros. Las actuaciones incluyen la mejora de un albergue, la instalación de un catamarán electrosolar en el pantano de Sobrón, varias vías ferratas y espacios destinados al cicloturismo, además de medidas orientadas a generar sinergias con el sector hotelero y hostelero. "Es lo único que se ha hecho en la zona desde que dejó de funcionar la central nuclear", remarcó Suárez.

También Clunia recibía una inyección relevante. El plan específico destinado a revitalizar este espacio contó con 2,368 millones de euros y servía para ampliar el ámbito de actuación del yacimiento arqueológico, equipar el centro de recepción de visitantes y avanzar en actuaciones de accesibilidad y digitalización.

A estos proyectos de envergadura, que aglutinan más de 15 millones de los 21 totales, se suman otros de menor cuantía, pero con incidencia más directa en los servicios cotidianos de la administración local. Por ejemplo, Acelera Rural Burgos obtuvo 410.000 euros, la residencia San Salvador de Oña incorporó sistemas de generación eléctrica mediante una actuación de 518.000 euros, la transformación digital y modernización de las entidades locales ha dispuesto de alrededor de 900.000 euros y rozaba el millón la cuantía concedida (aunque se utilizaron solo 612.000 euros) para el nuevo sistema de gestión del padrón municipal de los ayuntamientos de la provincia.

Borja Suárez enmarcó el balance de los fondos europeos en una lectura más amplia de la gestión económica de la Diputación durante el actual mandato y, más allá de la eficiencia demostrada en la tramitación de estas ayudas, el presidente de la institución apuntó al volumen de inversión real como uno de los principales indicadores para medir el esfuerzo realizado. Así, expuso que la media entre 2023 y 2026 ronda los 16 millones de euros anuales, frente a unos 4,4 millones en los diez años anteriores. La comparación supone multiplicar por 3,7 este parámetro, destacó, para insistir en que "se trata de un dato procedente de las cuentas generales y no de previsiones presupuestarias" y alabar el trabajo de los distintos departamentos de la 'casa', que son los que lo hacen posible.

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Se cumple de esta forma, según Suárez, el propósito que el equipo de Gobierno se marcaba al inicio del mandato de dejar margen de maniobra a quienes vengan, con una deuda que acabará en 2027 por debajo del 10%, para materializar los planes definidos ya para la próxima década.