El PP contempla la prórroga del presupuesto para 2027, si bien aprueba un techo de gasto de 261,5 millones

El equipo de Gobierno de Cristina Ayala empieza a trabajar en la elaboración del presupuesto municipal de 2027, aunque reconoce que el escenario más probable a día de hoy pasa por prorrogar las cuentas de 2026. La portavoz del grupo municipal del PP, Andrea Ballesteros, admitió que la actual composición política del Ayuntamiento de Burgos y las dificultades para alcanzar acuerdos con la oposición hacen complicado sacar adelante un nuevo presupuesto para el próximo ejercicio, que coincide con año electoral.

Este asunto salió a colación a partir de que en la reunión semanal del equipo de Gobierno se diera el visto bueno al límite de gasto no financiero para 2027, conocido también como techo de gasto, que queda fijado en 261.539.708 euros, frente a los 247.649.306 euros establecidos para 2026. Supone un incremento del 5,61%, según concretó Ballesteros. Además, se aprobaron las líneas fundamentales del presupuesto del próximo año, un trámite que permite a las diferentes áreas municipales comenzar a trabajar sobre sus necesidades y previsiones para 2027.

La aprobación del techo de gasto no implica que la ciudad vaya a contar necesariamente con unas nuevas cuentas. Ballesteros recalcó que se trata de una obligación que debe cumplirse anualmente y que normalmente se realiza a finales de septiembre. La idea del PP es continuar trabajando en el presupuesto de 2027, pero reconoció que la prórroga del presupuesto vigente puede ser lo más probable en estos momentos.

«Somos realistas en cuanto a la situación que tenemos como equipo de Gobierno a la hora de poder aprobar un nuevo presupuesto en el año 2027», señaló la portavoz. Apuntó a la dificultad de negociar con los grupos de la oposición y a los actuales «pesos» políticos del Pleno con un PP en minoría con 11 concejales y dos grupos en la oposición, el PSOE con 12 corporativos y Vox con otros cuatro. Asimismo, recordó que ya no existen las opciones de recurrir a cuestiones de confianza, una vía utilizada por el equipo de Ayala para sacar adelante las cuentas de 2025 y 2026, puesto que es una herramienta que se puede utilizar en dos ocasiones por mandato de cuatro años.

Ballesteros vinculó además esta situación política con las prioridades financieras del Gobierno municipal. En este momento, explicó, el equipo de Gobierno está centrado en la refinanciación de la deuda de los extintos consorcios y en poder acceder al crédito de 25 millones de euros destinado a financiar inversiones. «Estamos centrados más en esa cuestión de cara a poder acometer las inversiones prioritarias y necesarias que tenemos en cartera que a gestionar un presupuesto nuevo para el año 2027», afirmó.

Mercado Norte

Por otro lado, en la Junta de Gobierno se aprobaron los pliegos y el expediente de contratación de los servicios de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras del nuevo Mercado Norte. El importe conjunto de estos dos lotes asciende a 815.696 euros.

El expediente había aparecido anteriormente como anulado en el perfil del contratante debido a que se había tramitado sin fiscalización por un error, según explicó Ballesteros. Las cuantías no han cambiado y ahora se inicia de nuevo la licitación de estos servicios, que acompañarán al contrato principal de construcción del mercado, actualmente en proceso de licitación y con siete propuestas presentadas entre empresas y uniones temporales.

Los integrantes del equipo de Ayala dieron el visto bueno a la certificación final de las obras de la senda peatonal de Cortes. El coste definitivo de la actuación queda en 883.898,61 euros, un 9,99% por encima del precio de adjudicación, que fue de 803.627,21 euros. El incremento responde a la medición final de determinadas unidades de obra y queda recogido en la última certificación.

Otro de los asuntos destacados fue la revisión de precios del contrato de limpieza urbana, recogida y transporte de residuos, adjudicado a Urbaser. La actualización corresponde al periodo comprendido entre el 26 de abril de 2025 y el 25 de abril de 2026, ya que las revisiones se realizan una vez transcurrido cada ejercicio.

La modificación sitúa el coste de los gastos ordinarios en 18.565.095,88 euros anuales, IVA incluido, frente a los 17.644.471 euros del periodo anterior. El incremento es, por tanto, de unos 920.625 euros, prácticamente un millón más en un año. A esta cantidad hay que añadir 132.722 euros de gastos extraordinarios y otros 243.964 euros correspondientes a atrasos de revisiones de precios anteriores. Ballesteros explicó que el contrato tiene una duración de diez años y que, a partir del tercero, pueden aplicarse estas revisiones para adaptar el precio a la evolución de los costes reales de prestación del servicio.