Burgos mantiene el conflicto por los espacios privados de uso público pese a la recomendación del Procurador

El pulso entre las comunidades de propietarios y el Ayuntamiento de Burgos por el mantenimiento de los espacios privados de uso público sigue abierto. La resolución del Procurador del Común está siendo desoída más de un año después de que instase al equipo de Gobierno municipal a iniciar «de manera inmediata» mecanismos de colaboración con los afectados en relación con la conservación de una pequeña plaza interior de las calles José Luis Santamaría 43-45-47 y Luis Rodríguez Arango, 9.

Los vecinos de estas comunidades mencionadas dieron el paso de presentar la queja ante el defensor del pueblo de Castilla y León, pero este no es un problema particular de esta comunidad, ni siquiera es nuevo. Se repite por toda la ciudad en la que se contabilizan hasta 200 espacios privados de uso público, que abarcan alrededor de 300.000 metros cuadrados de calles, plazas y parques con esta catalogación. Son espacios de titularidad privada que, por su configuración urbanística, permanecen abiertos al uso de todos los ciudadanos, aunque el reparto de las obligaciones de conservación no ha sido homogéneo.

El Ayuntamiento, con gobiernos de distinto signo, viene obrando de manera dispar, interviniendo en algunos puntos mientras que en otros no. Hace unos años, con el Gobierno socialista, se arreglaron los parques infantiles de Diego de Leiva, el de la plaza de la Cecina y también hubo un pequeño mantenimiento en el de la plaza Doctor Emilio Giménez Heras. En esta última comunidad, por ejemplo, la limpieza viaria sí corre a cargo del servicio municipal, mientras que en otros espacios similares son los propietarios quienes asumen también esta tarea. En cambio, su parque infantil languidece.

En el actual mandato, las comunidades afectadas aseguran que no se han producido actuaciones de mantenimiento de este tipo. El escenario puede cambiar con la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que continúa su tramitación. El artículo 131 establece que el Ayuntamiento asumirá los gastos ordinarios de mantenimiento de los espacios privados de uso público, entre ellos la limpieza, el alumbrado, el mobiliario urbano, las zonas ajardinadas y el arbolado, además de la limpieza, el baldeo y pequeñas reparaciones de los pavimentos.

El pasado marzo, esa modificación del PGOU fue aprobada provisionalmente por el Pleno municipal, que ya votó favorablemente —tiempo antes— el visto bueno inicial. El siguiente trámite era su elevación a la Junta de Castilla y León para recibir el visto bueno preceptivo antes de su entrada en vigor, momento que aún podría tardar «entre ocho y doce meses», según indicó entonces el concejal de Urbanismo Juan Manuel Manso, que habló de iniciar la redacción de una ordenanza que regule con detalle la intervención municipal en espacios privados de uso público.

La nueva regulación urbanística todavía no está en vigor y tampoco se sabe nada sobre esa promesa de ordenanza. Los vecinos de José Luis Santamaría 43-45-47 y Luis Rodríguez Arango, 9 no se han quedado quietos. En los últimos meses, reclamaron que el Ayuntamiento asuma el coste de mantenimiento de los jardines, del parque infantil y de la iluminación. La respuesta emitida por el Servicio de Medio Ambiente rechaza la petición de los vecinos y se aferra al PGOU que está siendo objeto de cambios. El informe reconoce que tanto el jardín como el área de juegos se encuentran en un «espacio libre de edificación de dominio privado y uso público», pero recuerda que el artículo 131.3 del actual PGOU establece que los gastos de conservación corresponden a los propietarios.

Con ese argumento, el Ayuntamiento concluye que el mantenimiento «no es competencia municipal» en estos momentos. Si bien es necesario puntualizar que con la modificación urbanística los propietarios no quedan liberados de cualquier obligación. Seguirían respondiendo de los elementos estructurales, las impermeabilizaciones o aquellas actuaciones que no estén expresamente incluidas entre las competencias municipales.

En el escrito registrado por los vecinos se indicaba que el deterioro y la suciedad de la zona ajardinada y del parque infantil, se atribuye al uso habitual por personas ajenas a la comunidad. También advierte de los problemas de «seguridad e insalubridad» que puede generar la falta de conservación.

El problema no es menor para los propietarios. La comunidad viene afrontando más de 6.000 euros anuales para mantener en condiciones este espacio, que incluye zonas ajardinadas y un área de juegos infantiles. Ante la falta de mantenimiento municipal, los vecinos han llegado a plantear como alternativa cerrar perimetralmente el espacio. Sobre esta cuestión concreta, el Servicio municipal de Medio Ambiente derivó la solicitud al área de Vías y Obras, que no se ha pronunciado al respecto.

El objetivo de esta petición, explican los propietarios, es evitar que el uso público continúe provocando un desgaste que consideran desproporcionado y que termina sufragando la comunidad.

El Procurador del Común consideró que, aunque la titularidad privada implica una responsabilidad de los propietarios, el Consistorio no puede desentenderse de un espacio utilizado diariamente por la ciudadanía. Su resolución instó al equipo de Gobierno a buscar el entendimiento con las comunidades afectadas, en proporción al uso público de estos lugares, y a incorporarlos a los planes y programas municipales de limpieza y conservación.