Cuatro alumnos sordos de Burgos y Aranda, sin intérprete de lengua de signos: «La gente está huyendo de la profesión»

La ausencia de intérpretes de lengua de signos en las aulas merma total o considerablemente la igualdad de condiciones entre los alumnos sordos. Si ya de por sí lo tienen complicado al no cubrirse todas las horas lectivas, mucho peor es el escenario al que se enfrentan aquellos estudiantes que carecen por completo de dicho apoyo. A día de hoy, en la provincia de Burgos, cuatro de ellos se encuentran en dicha situación. 

Tres de los afectados estudian en la capital. Concretamente, en el colegio Sierra de Atapuerca, el centro de Formación Profesional Juan de Colonia y el instituto Diego Marín Aguilera; con media jornada de servicio en este último caso. El cuarto, en Aranda de Duero, es alumno del centro de Educación Especial Fuenteminaya. Esta carencia, según precisa la intérprete Virginia Tovar, obedece básicamente en la escasez de personal. 

Poco se puede hacer con seis intérpretes en toda la provincia: cuatro en la capital, una en Aranda y otra en Miranda de Ebro. ¿Se necesitan más? Evidentemente. ¿Por qué no los hay? Según Tovar, porque «la gente está huyendo de la profesión» debido a las «condiciones laborales». Y no solo por el hecho de que los contratos sean fijos discontinuos, sino también por los retrasos a la hora de abonar las nóminas por parte de Oncall, la empresa adjudicataria del servicio en toda Castilla y León.

Las alarmas saltaron a principios del curso pasado. Los salarios, que por convenio deben pagarse durante los cinco primeros días de mes, llegaban tarde. Finalmente, la situación pareció regularizarse en enero gracias a la presión ejercida por CCOO y UGT. Sin embargo, la nómina de septiembre de este año tampoco se abonó a tiempo y la Federación de Asociaciones de Familias y Amigos de Personas Sordas de Castilla y León (FAPAS CyL) denunció públicamente la «situación límite» que atraviesa el servicio.

Todo parece estar de nuevo en orden tras una reunión entre la Consejería de Educación y la empresa. Aun así, Tovar asegura que «nadie nos ha informado» y lo único que espera es que «esto no se vuelva a repetir». Pero no puede descartar que ocurra de nuevo, máxime cuando la adjudicataria confirmó el pasado 5 de octubre a la plantilla que la demora obedece a problemas de liquidez.

«Cuando concursas, tienes que ser solvente», esgrime Tovar sin obviar que la Consejería ha de controlar los «incumplimientos» del convenio. Entretanto, FAPAS CyL considera necesario «abrir un debate» sobre el modelo vigente de externalización bajo la premisa de que «la interpretación de Lengua de Signos Española en el ámbito educativo no puede entenderse como un servicio accesorio ni como una prestación cuya estabilidad dependa de la situación económica de una empresa adjudicataria». 

Al margen de esta cuestión, Tovar lamenta que las adjudicaciones recaigan sobre «empresas que no tienen nada que ver con las personas sordas». Dentro de lo que cabe, Oncall presta servicios de traducción e interpretación. En cambio, la compañía que ganó la anterior licitación está especializada en ocio y tiempo libre. Por otro lado, las profesionales demandan su reconversión en personal laboral. Una opción que, por ahora, no se contempla por parte de Educación.