Caso de las inquilinas de Calzadas: De la amenaza de desahucio a la venta exprés por teléfono
La que fuera anterior gestora de la propiedad, Gesting, se comunica de manera individual con las vecinas de Calzadas. «Han pasado de te echo y el silencio a oye, que te lo vendo cuando estás a dos meses del deahucio». Calsecan, asociación de vecinos, y el Sindicato de Vivienda han solicitado «una mesa de negociación con personas autorizadas con capacidad de decisión y con todo por rescrito».
Jornada de preparación de pancartas del conflicto de Calzadas y de animar a la huelga general del 11 N.
Nuevo giro en el caso del desahucio de las inquilinas de las viviendas sociales de la calle Calzadas, calle Segovia y Avenida de Cantabria. Tras semanas intentando contactar con los propietarios para negociar la excisión unilateral de los contratos de alquiler que vencen desde noviembre hasta 2028, ha habido respuesta.
Tras remitir el burofax acogiéndose al Decreto de Vivienda que obliga a la prolongación del contrato de alquiler hasta 2028 para personas vulnerables y otro remitido por el Sindicato de Vivienda de Burgos para abrir una mesa de negociación y la exposición mediática del caso han recibido respuesta. Pero no es la esperada.
«Han pasado de ‘te echo, tengo mis viviendas en los portales de internet a unos precios desorbitados» a, de repente, ‘oye, vamos a hablar, te lo vamos a vender’», explica desde el Sindicato de Vivienda de Burgos, Adrián Mallén. Lo que tiene sorprendidas a las inquilinas de los antiguos edificios de la Caja de Ahorros Municipal de Burgos, que llevan allí 70 años y se agrupan en la asociación Calsecán, es que quien está al otro lado del teléfono es un viejo conocido.
«Nos llama Gestin, que es quien gestionaba el arrendamiento del anterior propietario, y por teléfono, uno a uno, de manera individual, sin papeles de por medio, te ofrecen la venta de la casa», explican. Todo se está haciendo de forma individual y sin acreditar una potestad legal para actuar al respecto, puesto que desde el inicio del conflicto el nuevo interlocutor era Altexa SPV. «No se puede llamar a alguien, personas muy mayores de 70, 80 y 90 años, por teléfono y ofrecerles su casa cuando sabes que están a uno, dos meses del vencimiento, es algo muy parecido a la coacción», afirma Carmen, una de las vecinas afectadas.
Desde la asociación de inquilinas Calsecán y el Sindicato de Vivienda de Burgos exigen un interlocutor que acredite fehacientemente la representación legal de la propiedad y una negociación comunitaria con todos los afectados, sus representantes legales. En quince días esperan tener una comunicación al respecto para solventar la situación crítica que atraviesan algunos inquilinos.
Los residentes llevan, de media, 70 años habitando estas viviendas, realizando labores de mantenimiento e inversiones para transformar unos inmuebles edificados en los años 50 en viviendas del siglo XXI. En cuanto al caso más urgente, un vecino al que ya le venció el contrato y el de Casilda, cuyo alquiler expira el próximo 21 de noviembre, de momento nada se ha movido. «No se ha recibido carta alguna de desahucio o lanzamiento por el momento», aseguraban los vecinos, que este pasado martes se concentraron en la plazoleta de Calzadas para colgar pancartas reivindicativas e invitando a la huelga general en sus ventanas.
El procedimiento obliga a la propietaria, de querer seguir adelante con la finalización del contrato, a solicitar al juez un lanzamiento de la vivienda, y este debe notificarlo al inquilino para que disponga de un plazo de alegaciones en los que, previsiblemente, se acogeran a la vulnerabilidad. Algo que, en personas de 80 y 90 años sin alternativa habitacional, es casi lógico, especialmente con la prórroga de dos años que ya concede el real decreto de vivienda al que ya se han acogido.