Ampliar el servicio universal de telecomunicación, reto regional

La Junta ultima ya las pautas de una nueva ayuda que los ciudadanos podrán pedir para ampliar el servicio universal de telecomunicaciones con que ya cuenta prácticamente todo el país, y que acercará a éstos a la tecnología por satélite. Se trata de mejorar ese servicio básico «que la ley obliga a las operadoras a ofrecer a los ciudadanos, y entre los que dicha norma incluyó recientemente la banda ancha», detalló la directora general de Telecomunicaciones de la Junta, Susana García.Añadió que la previsión es aprobar esa ayuda en el primer trimestre de 2015, siendo 200.000 euros la partida inicial de ésta. Mejora que como afirmó, se sumará a las realizadas en los últimos diez años en la región, «en las que de forma conjunta la Junta y las operadoras han invertido unos 80 millones de euros». Sobre todo tras muchos acuerdos entre ambas partes, «para facilitar que las operadoras extendieran sus servicios a zonas en las que no tenían obligación de hacerlo, o descartadas por su baja viabilidad».García participó ayer, junto a una veintena de representantes de las diferentes diputaciones provinciales de Castilla y León, en el ‘II Foro Interprovincial de Innovación en Diputaciones Horizonte 2020’. En él, todos ellos intercambiaron experiencias sobre la implantación de las nuevas tecnologías en el mundo rural, así como de la protección de datos y el servicio de la firma electrónica, entre otros temas.Organizada por el Club de Innovación y Espúblico, tal y como explicó el responsable de la primera, Miguel A. de Bas, «en la jornada se han conocido los pasos ya dados por algunas de las Instituciones Provinciales», entre ellas la burgalesa. «Ya que lo ideal sería lograr un esquema común con el que dar el mayor servicio al ciudadano, algo que iniciamos ya con la primera cita en Andalucía», destacó.Aseguró que aún quedan pasos que dar, ya que cada región tiene sus características propias, «que en el caso de Castilla y León son, por ejemplo, su complicada orografía, la dispersidad poblacional o la amplitud del territorio, que dan también lugar a trabas específicas». Detalló que el foro que ayer protagonizó Castilla y León -tras el primero centrado en Andalucía y con Granada como lugar de celebración en septiembre-, sirvió «para poner en común los pasos dados estos años, para asesorar y facilitar la tramitación electrónica a los pequeños municipios». Labor desarrollada ayer a través de las charlas de los expertos y posteriores debates sobre éstas.Desde la Institución provincial anfitriona, la diputada provincial y responsable del área de Nueva Tecnologías, Raquel Contreras, destacó ésta como una de las que tiene ya los deberes hechos. «Es una tarea que nosotros ya realizábamos antes de que, recientemente, el Estado la marcara como una obligación para las diputaciones, a través de la Ley de Sostenibilidad», destacó.Mejoras que continuarán a lo largo del próximo año, ya que como recordó Contreras, «la Diputación Provincial ha incluido una partida de 800.000 euros para mejora de los equipos y sistemas de gestión electrónica», comentó.Javier Peña y Montserrat Mediavilla fueron dos de los técnicos que explicaron los pasos dados en concreto por la Diputación burgalesa. Recordaron que los pequeños municipios ya tienen a su disposición una guía sobre la protección de datos, herramientas para la gestión de expedientes o un servicio de asesoramiento, entre otras vías de ayuda. «Por ello, a día de hoy, cualquier municipio burgalés puede poner a disposición de sus ciudadanos los procedimientos para realizar trámites de todo tipo mediante la firma electrónica», aseguró Peña.A su vez, Mediavilla añadió que, aunque el uso de esta vía será obligatoria por ley a partir de mediados de enero, «todos nuestros municios están ya en disposición de usarlo sin problemas al contar con el soporte electrónico necesario». Asimismo, recordó como una ayuda más, la puesta en marcha de la central de contratación, a la que están adscritos cientos de consistorios burgaleses.MÁS EN EDICIÓN IMPRESA