El PP se enroca y rehúsa de nuevo pedir fondos para digitalizar el ciclo del agua

La Diputación descarta aspirar a los fondos europeos dirigidos a financiar proyectos de digitalización del ciclo de agua. Lo han dejado totalmente claro en el Pleno tanto la portavoz ‘popular’, Inmaculada Sierra, como el propio presidente de la Institución Provincial, Borja Suárez, por considerar que las cuestiones que este PERTE sufraga distan de ser prioritarias para los pueblos de la provincia.

Bajo esta premisa, el PP hacía valer su mayoría absoluta para tumbar la proposición en la que PSOE reclamaba que «esta vez sí» se aprovechase la línea de financiación abierta, tras renunciar a la primera convocatoria. No ha logado el diputado socialista Jesús Ignacio Grajal convencer al equipo de Gobierno y eso que para la ocasión sumaba el apoyo del grupo mixto -representado por Sentir Aranda- e incluso el de Vox que, aunque se abstuvo en la votación, consideró que merecía la pena explorar la posibilidad planteada.

A juicio de Grajal la resolución de la primera convocatoria de ayudas a la que sí optaron otras diputaciones de Castilla y León, tales como Zamora, Segovia, Salamanca o Soria (logrando incluso esta última, tras agrupar los intereses de más de 120 municipios, una subvención de casi 7 millones), obligaba a probar suerte en la segunda edición.

«Es fácil sumar pueblos para alcanzar ese mínimo de 20.000 habitantes exigido en las bases y no demasiado complicado redactar un proyecto tipo al que estos puedan adherirse con la intención de renovar los contadores e instalar equipos de control de caudal», explicaba el socialista.

Sierra, por su parte, ha señalado que las condiciones requeridas «hacen casi imposible» beneficiarse de las ayudas en cuestión, «máxime cuando se limitan a planificar e implantar acciones de mejora de la eficiencia y digitalización y no a obras e infraestructuras, que es lo que nuestros municipios necesitan». Al hilo, Suárez subrayaba que «no hay ninguna petición al respecto» y lamentó que los fondos «ignoren las verdaderas necesidades del medio rural, al que en gran medida desprecian».

Aprovechaba Sierra la coyuntura para relatar las actuaciones promovidas por la Diputación -en algunos casos en colaboración con la Junta de Castilla y León- con el propósito de mejorar la gestión del ciclo del agua tanto en localidades con más de 500 habitantes como, próximamente, en aquellas con menos población. Grajal, por su parte, ha llamado sin suerte a «aprovechar lo que hay» al margen de que las convocatorias sean o no acertadas.

Sí salía adelante contra todo pronóstico la otra proposición socialista, dirigida, inicialmente, a instar a la Junta de Castilla y León a definir y poner en marcha un plan de ayudas a las explotaciones ganaderas afectadas por la enfermedad hemorrágica epizoótica o ‘fiebre de las vacas’.

Es en este punto en el que Pedro Sánchez ha salido a relucir. Y es que tanto Ángel Martín, por Vox, como Inmaculada Sierra, por el PP, han arremetido contra la portavoz del PSOE, Nuria Barrio, por considerar que su moción reclama a la Administración regional una reacción que compete al Gobierno central, «que está a otras cosas». Acusaban al Ministerio de Agricultura de «ponerse de perfil» ante una crisis que «sabían que iba a llegar» y para la que deben diseñar un protocolo de actuación, así como coordinar su ejecución en las comunidades autónomas, responsables, eso sí, de desarrollarlo.

Tras un cruce de valoraciones sobre qué compete a quién y el valor del compromiso anunciado «de palabra», según advirtió Barrio, por parte del consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Gerardo Dueñas, de poner en marcha la línea de ayudas exigida en la proposición, el PSOE ha aceptado la modificación solicitada por el PP para dar luz verde al texto e incorporó al Ministerio de Agricultura junto a la Junta -lo que ha hecho que Vox votara en contra- a las administraciones a las que solicitar medidas.

También se retiraba el segundo punto, que apostaba por que la Diputación asumiera el respaldo económico a los ganaderos afectados si no llegaba de otras instancias, lo que a juicio de Sierra es «una temeridad». Hechas las modificaciones se aprobaba un documento que, en esencia, aspira a atajar los problemas derivados de una epidemia que ya ha acabado con 3.100 animales del millón y medio de la región, con el consiguiente impacto económico que conllevan tratamientos preventivos, veterinarios y pérdidas de ejemplares.