Confirman el procesamiento a Pompeyo, el jubilado de Miranda que envió cartas bomba a Sánchez

Pompeyo G. P., el jubilado de Miranda de Ebro detenido a finales de enero por el presunto envío de seis cartas bomba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a las embajadas de Ucrania y Estados Unidos en Madrid, a la base área de Torrejón de Ardoz y a la empresa zaragozana Instalaza será procesado por delitos de terrorismo y empleo de artefactos explosivos con finalidad terrorista.

La sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaza el recurso presentado por este jubilado burgalés al considerar su defensa que no había indicios racionales de los hechos que se le imputan y que tampoco se debían calificar como de terrorismo, por lo que pedía el sobreseimiento de la causa.

El auto de la sección segunda de la sala de lo Penal que rechaza el recurso de Pompeyo G.P. recuerda que los hechos que se le imputan «vienen ampliamente recogidos» en la resolución recurrida, con «las diligencias practicadas y las conclusiones de los investigadores». Unas conclusiones que se basan en los registros, documentos y dispositivos de almacenamiento masivo de información intervenidos, así como declaraciones testificales, informes periciales practicados, e intervención de las comunicaciones telefónicas. En este sentido, el tribunal recuerda que «no hay indicios» de que el jubilado mirandés pertenezca a «banda o grupo organizado terrorista alguno», pero los hechos que le imputan y el contexto en el que se realizaron, en plena Guerra de Ucrania, evidencian que quería «alterar gravemente la paz pública». Por ello, la sala coincide con «las acertadas consideraciones del instructor», por lo que desestima el recurso.

Sobre la modalidad agravada de dos delitos de terrorismo, los magistrados recuerdan que dos los envíos se dirigieron expresamente al presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa, por lo que tales circunstancias justificarían incardinar los hechos en el tipo agravado.

El auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama establece hasta diez indicios que apuntan al jubilado de Miranda como el autor de los envíos de las cartas bomba. Los sobres de cartón que no explotaron enviados a Presidencia del Gobierno, la embajada de EE.UU, y SatCen se encontraron matasellados de forma parcial por el Centro de Tratamiento Automatizado (CTA) de Valladolid. Las imágenes de seguridad confirmaron que el resto de cartas bomba pasaron también por este centro, lo que pudo hacer pensar en un principio que se enviaron desde Valladolid.

La investigación policial realizó una trazabilidad de los envíos a la inversa hasta los camiones de reparto, lo que llevó a los investigadores hasta Burgos, y pudieron determinar que se enviaron desde diferentes buzones de la capital burgalesa. El análisis de los sellos estampados en los sobres también fue clave en la investigación. En concreto, el análisis de los sellos ‘Disello cat. General 0,75 euros’ y ‘Monte Santa Trega 2,70 euros’ permitió determinar que se compraron en un estanco de la calle San Pablo 17 y en otro de la calle Sombrerería 19. En cuanto a las características de los sobres, la investigación policial establece que se compraron en la página web que comercializa su venta online www.sobres.es. Pompeyo compró 25 sobres ese tipo el 5 de noviembre pasado.

La Policía constató que en los restos de ADN hallado en los artefactos enviados a las embajadas de Ucrania, Estados Unidos, SatCen, Ministerio de Defensa, Ministerio de Presidencia, y mercantil Instalaza aparece un mismo perfil genético que coincidía con el del detenido.