El Correo de Burgos

Financiación Ayuntamientos 

El PSOE contra la «engañifa» de los Planes provinciales bianuales de la Diputación

Consideran que es una estrategia para «camuflar la reducción de 4,8 millones en el presupuesto» restando operatividad a los municipios. Denuncian la «inseguridad jurídica» en la adjudicación de la financiación de los Grupos de Acción Local 

Un momento del Pleno ordinario de la Diputación Provincial celebrado ayer.

Un momento del Pleno ordinario de la Diputación Provincial.TOMÁS ALONSO

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Burgos

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El PSOE en la Diputación Provincial de Burgos ha lanzado su preocupación por la pérdida de operatividad y capacidad de acción en el entorno rural a través de los cambios realizados en torno a los Planes Provinciales y la financiación de los seis grupos de acción local de la provincia. «Son quienes mejor conocen lo que necesita su pueblo, el territorio y limita su capacidad y en los grupos de acción local pierden seguridad», reclamó la portavoz del PSOE en la institución, Nuria Barrio. 

La Diputación Provincial de Burgos lanza los denominados Planes Provinciales para que los ayuntamientos puedan financiar obras de una envergadura que no pueden asumir en solitario. La Diputación financia a través de esta herramienta en la que el nuevo presupuesto trae cambios. 

Se plantean ayudas de carácter bianual para, según justifica el equipo de Gobierno, abordar acciones más complejas o costosas que las que se pueden acometer a un año vista. Para el PSOE es «una engañifa que solos sirve para camuflar la reducción de 4,8 millones de euros», denunció el diputado del PSOE, Javier Lezcano. 

El Fondo de Cooperación Local pasa de 23 a 17 millones de euros y las ayudas a entidades menores de siete a cinco millones de euros. Los calendarios de pagos a dos años vistas son del 60% en 2024 y en 2025 se aportarán el 40% pendiente del ejercicio anterior y el 60% del año en vigor. «Hay una reducción del 30% que es muy perjudicial para los ayuntamientos porque pierden capacidad de inversión», expuso Barrio. 

Añaden otras problemática al «cambiar la dinámica de gestión sólo se pueden presentar proyectos a dos años vistas con un tiempo de solicitud para realizar el trabajo de un año». Explican que en esa previsión a dos años vista se necesita planificar si es necesario asumir el 30% de los fondos para gasto corriente de la institución o solo para inversiones y paraliza la capacidad de acometer situaciones de urgencia que «hoy no se consideran pero en un año pueden ser necesarias».

Temen también que la falta de personal reste ejecución a los fondos y se sume algún año en blanco como ha sucedido, denuncian, en algunos organismos de la institución provincial. «No vemos inconveniente a la bianualidad, pero la falta de personal hace que vaya todo con retraso y es una situación recurrente a la que no ponen remedio y puede pasar como en el IDJ que la convocatoria de 2021 salió hace un mes y como están amontonadas se solapan convocatorias perdiendo un año», apuntó Lezcano. 

Ponen en tela de juicio que se hayan publicado las aportaciones por ayuntamientos cuando «nunca se había hecho a pesar de pedirlo insistentemente» y se hacían públicas en febrero. Más que un ejercicio de trasparencia el diputado del PSOE ve «una forma de generar confusión y malestar entre los ayuntamientos porque el jueves hay comisión de pleno y las bases no se incluyen en el orden del día». 

Inseguridad jurídica

Barrio afeó también la situación de «inseguridad jurídica» con la que afrontan los seis Grupos de Acción Local de la provincia de Burgos la provisión de fondos para su día a día y para levantar proyectos de desarrollo en sus respectivas zonas. Los presupuestos plantean una partida de 600.000 euros pero poco más se sabe. «Todo cambia ahora, no se ha firmado el convenio tradicional entre Diputación y grupos de acción local  y sólo se les ha pedido presentar proyectos sin saber que criterios se van a valorar, qué tipos de proyectos se quieren priorizar ni el importe máximo», señala Barrio. 

Apuntan de fondo a un problema jurídico porque "no hay bases, hay que cumplir la ley para tener unos crietrios objetivos de adjudicación que pasan por sacar la convocatoria con criterios, claros, realizar un convenio como se ha hecho hasta ahora o otras fórmulas en las que los grupos tengan la certeza de que van a poder financiarse». De fondo subyace el problema de supervivencia de estos organismos que ya se quejaban de la tardía firma del convenio en octubre. «Los grupos tienen proyectos en ejecución y la falta de claridad sobre los fondos o financiación afectan a la plantilla y hay que tener especial cautela si se va a hacer un cambio de las reglas de juego».

Desde el PSOE ha defendido la capacidad de gestión de los seis grupos de acción local de Burgos (Adeco Bureba, Adeco Camino, Adecoar, Adri Ribera, Agalsa, Asopiva y Ceder Merindades) con una experiencia de justificación de fondos europeos durante 30 años y que «son los que mejor conocen la realidad sobre el terreno». Por eso reclaman que en la próxima reunión en Sodebur comparezcan los representantes de estos grupos para definir la fórmula de financiación de estos organismos para el próximo año y consensuar un reparto de fondos equitativo.

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