La Diputación impulsará un servicio de comida a domicilio "para todos" en el ámbito rural

"Queremos facilitar la vida en los pueblos", aseguraba el presidente de la Diputación Provincial, Borja Suárez, como resumen de una iniciativa que, con tal propósito, se pondrá en marcha a modo de experiencia piloto en 2026. La intención es desplegar, fruto de una colaboración público-privada, un servicio de comida a domicilio rural del que puedan beneficiarse todos los interesados. Así, la administración asumiría el coste del transporte y la empresa que resulte adjudicataria tendrá la ocasión de llegar a una amplia clientela que haga rentable su negocio.

Las comarcas de Arlanza y La Ribera acogerán los primeros pasos de un proyecto que, con un horizonte de 'rodaje' de tres años, "será un éxito si otras zonas lo reclaman" tras conocer sus resultados. Así lo indicaba Suárez, tras subrayar que esta oferta nada tiene que ver con la que ya brinda Servicios Sociales a la población que precisa este apoyo. "Queremos que cualquier vecino de un pueblo, desde una pareja joven con hijos hasta una persona mayor, pueda disponer de un servicio de comida a domicilio de calidad y a buen precio, que le haga más fácil vivir en el medio rural. Queremos llegar a todo el rango de edad", insistía al respecto, para añadir que también beneficiará a aquellas empresas asentadas en municipios pequeños que deseen facilitar la conciliación de sus empleados a través de esta prestación. 

El ambicioso plan inicial tendrá un periodo de ejecución hasta 2028, momento en el que se evaluará para determinar su continuidad y posible extensión al resto de la provincia. Al mismo tiempo, la Diputación estudia la instalación de consignas refrigeradas en pueblos, en las que depositar pedidos, compras o directamente los menús encargados, para facilitar la logística y la implantación de nuevos servicios de proximidad.

No queda ahí la apuesta. Y es que este servicio permitiría ofrecer, en paralelo, otro de control o seguimiento sanitario para los vecinos de pequeños núcleos de población. En esencia, un médico aprovecharía esas mismas rutas creadas para acercar la comida hecha a las distintas localidades para atender necesidades rutinarias o, sencillamente, realizar comprobaciones básicas sobre el estado de salud de los usuarios, desde la simple constatación de que se encuentran bien hasta el uso de equipos digitales de diagnóstico remoto.

"Queremos aprovechar ese contacto diario para algo más que entregar una bandeja de comida. Si podemos comprobar que una persona mayor ha abierto la puerta, preguntar cómo está o incluso utilizar dispositivos, estaremos creando un nuevo modelo de atención de proximidad que da tranquilidad a las familias y fortalece la vida en los pueblos", señalaba al hilo el presidente de Diputación.

Este planteamiento, que se articulará en dos contratos independientes con partida en el presupuesto de 2026, no supondrá, según recalcó Suárez, invadir competencia sanitaria alguna, sino que "complementará la gran labor de la Junta de Castilla y León con nuevas fórmulas de relación entre vecinos y administración".

El máximo responsable de la Institución Provincial reconoció que una de las principales dificultades es la rentabilidad de este tipo de servicios en zonas rurales con baja densidad de población. Por ello, la administración se encargará de diseñar los pliegos y asumir parte de los costes, con el objetivo de ayudar a las empresas a consolidar la prestación. "Sabemos que repartir cinco comidas no es asumible para ninguna empresa. Pero si conseguimos que sean cincuenta, ya hablamos de un negocio viable. Nuestro papel es garantizar que esas rutas se ponen en marcha, que llegan a todos los pueblos y que se convierten en una oportunidad económica, además de un servicio social", que no asistencial, aclaró.

La estrategia del Fondo de Reto Demográfico ampara este proyecto, con el que avanza en uno de sus tres principales frentes de acción: empleo, vivienda y transportes o servicios itinerantes.  Precisamente, Borja Suárez aprovechó la presentación de los resultados de la primera fase del programa de Vivienda de Alquiler Rural (VAR) para anunciar estas nuevas iniciativas, dado el objetivo común de combatir la despoblación que amenaza la provincia.

El programa en cuestión comenzaba su andadura con un diagnóstico de la situación, en colaboración con la Cámara de la Propiedad y el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Este análisis preliminar permitía identificar 206 inmuebles con potencial de ser alquilados, 126 de titularidad privada y 80 públicos.

El estudio pormenorizado arroja que 28 viviendas se encuentran en buen estado, aptas para ocuparse de inmediato, 40 necesitan obras menores y 138 requieren rehabilitaciones importantes.

Para concretar los próximos pasos a dar ya con este informe en la mano, la Diputación organiza el próximo 10 de octubre una jornada técnica con expertos y profesionales. Las medidas concretas que surjan de este encuentro se pondrán en marcha en 2026 y 2027. Entre las opciones planteadas, según señaló Suárez, está la activación de líneas de ayudas a la rehabilitación, cuyos beneficiarios prioritarios serán aquellos que ya han brindado su vivienda, y la puesta a disposición de los propietarios de garantías frente a impagos o seguros para cubrir posibles daños.

Y es que, según el presidente de Diputación, "el problema que lastra la oferta de vivienda en alquiler en el medio rural es el miedo, la falta de confianza de los propietarios. Queremos que vean que alquilar su vivienda es seguro y rentable, y que constituye una oportunidad de desarrollo para su pueblo".

Inversiones entre 0 y 100.000 euros

En el marco del programa Vivienda de Alquiler Rural (VAR), el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Burgos lleva a cabo la inspección de 30 inmuebles del total ‘detectado’. Son todos de titularidad pública y el objetivo de esta intervención es valorar las obras necesarias para garantizar su habitabilidad y calcular el coste de las mismas. Las inversiones estimadas oscilan entre 0 y 110.000 euros, «a lo que se debe añadir un 30 % adicional en concepto de proyectos, licencias, tasas e impuestos», según recogía el informe elaborado. En el estudio también se contempla la mejora del comportamiento energético de los edificios, con una inversión media de 8.000 euros amortizables en cinco años. El 38 % de las viviendas podría estar en condiciones de habitabilidad en menos de seis meses, el 46 % entre seis y doce meses y el 16 % restante en un plazo superior a los dieciocho meses. Aquellos inmuebles que no presentan problemas graves, las actuaciones más demandadas están relacionadas con la eficiencia energética, la instalación de calefacción y, en menor medida, trabajos de fontanería y electricidad, imprescindibles para que puedan ser habitados durante todo el año.

De manera paralela, la Cámara de la Propiedad contactaba personalmente con los propietarios de 70 inmuebles para ofrecer asesoramiento, generar confianza y dar a conocer su servicio de protección a propietarios.