La Diputación quiere recabar más datos sobre la planta de biogás de Villangómez

No figuraba en el orden del día, pero copó un buen pedazo del debate. El socialista Javier Lezcano sacaba a relucir la planta de valorización de residuos para la producción de biometano proyectada en Villangómez al filo del punto y final del Pleno ordinario de la Diputación de Burgos, mediado ya el turno de ruegos y preguntas. La cuestión desataba un cruce de consideraciones en el que, pese a lo sensible del asunto -o quizá por ello-, destacó la prudencia.

Si bien la iniciativa ya ha generado una notable movilización vecinal en la zona afectada, con convocatoria de protesta incluida, el próximo 3 de enero, los representantes políticos de PP, Vox e incluso PSOE -cuya portavoz fue más comedida que su compañero- indicaron, antes de manifestar una postura concreta, la necesidad de «recabar más información» sobre este proyecto. Así lo acordaron, de hecho, según trascendió en la sesión, en la última junta de portavoces, y así será, aseguró el presidente de la Institución Provincial, Borja Suárez, con la intención de que los técnicos que asuman este encargo den parte del resultado en la comisión de Medio Ambiente y Agricultura.

Lezcano recordó que hace unos días tuvo lugar una reunión de alcaldes de la zona, «en su mayoría del PP», en la que todos los presentes se mostraron en contra de la planta de biogás, aunque reconocía que el contenido del proyecto «apenas se conoce» y reclamó la presencia de la Diputación en la concentración que partirá desde el Palacio Provincial, precisamente. Suárez, sin embargo, aunque insistió en respetar cualquier voz en contra, aseveró que la Institución no puede posicionarse institucionalmente en estos debates, por carecer de competencia alguna en esta materia y ser una cuestión reglada, y afeó la intención al socialista, al que su portavoz, Nuria Barrio, enmendó un tanto al reconocer que, «si bien cada diputado puede tener su opinión particular, como grupo nos gustaría tener información de este y otras iniciativas similares en la provincia para conformar un criterio general al respecto y que los técnicos pudieran aclarar las dudas que nos suscitan».

Aclarado este extremo, el presidente de la Diputación reconoció que estas instalaciones son polémicas, pero que se apoyan en directivas europeas que las proponen como solución para tratar los residuos provenientes de la ganadería y «los permisos para su implantación los tiene que dar quien los da, que son otros organismos». «Digo esto porque la concentración se hará frente a este edificio y parece que generamos este problema y que nos corresponde actuar al respecto, cuando no es así. Ya veremos hacia dónde apuntan las soflamas», indicó, para instar a trasladar la protesta frente a las sedes en Burgos de otras administraciones, como la Junta de Castilla y León o el Gobierno nacional.

Suárez señaló que la Diputación asistirá a los ayuntamientos que lo requieran para defenderse, si consideran que la iniciativa los perjudica. «Sea Villangómez o Villafuertes, sea Milagros, Tordómar o Lerma», zanjó.

Por su parte, el portavoz de Vox, Ángel Martín, insistió en que el acuerdo unánime se circunscribe a disponer de la máxima información sobre el proyecto, cuya autorización ambiental se encuentra en periodo de información pública -con plazo abierto para recibir alegaciones hasta el 20 de enero de 2026-, y respaldó la «neutralidad» de la Diputación defendida por Suárez. «Otra cosa son los partidos, que pueden opinar lo que consideren», añadió. Aprovechó para sembrar dudas sobre «quién está detrás de la plataforma que canaliza el rechazo ciudadano».

Proyecto para la Vecindad de Burgos

Por otra parte, el proyecto «definitivo» que permitirá que la Vecindad de Burgos «reciba por fin agua en condiciones» se presentará en enero. Este empeño, que la Diputación trata de materializar desde hace años, ahora con la colaboración de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), busca afrontar de una vez por todas un problema histórico. «Ofrece una solución más barata que anteriores planteamientos, eficaz y que no condene a la ruina a los ayuntamientos implicados», aseveró el presidente de la Institución Provincial, Borja Suárez, que defendió la política de la administración que lidera en materia de gestión del agua.

Este ámbito centró buena parte de la sesión plenaria ordinaria, pues en ella se debatía una proposición socialista para definir un plan de actuación contra la contaminación del agua potable por nitratos. La moción, rechazada por PP y Vox, instaba a crear un mapa de la calidad del agua potable de toda la provincia y exigía actualizar el listado de zonas vulnerables a esta contaminación, que se publicó por última vez en 2020.

Tanto el equipo de Gobierno como la formación de Abascal consideraron que la propuesta socialista era «superficial» y arremetieron contra ella por razones diversas, mientras Ángel Martín, portavoz de Vox, esgrimía que la Agenda 2030 que promueve el PSOE es la razón de los males que quiere combatir su grupo provincial y reclamaba un Plan Hidrológico Nacional, tanto el propio Suárez como la portavoz del PP, Inmaculada Sierra, recordaron que la Institución Provincial ya trabaja en este ámbito, con la mirada puesta en el futuro en la creación de un sistema de gestión integral del agua que, entre otras ventajas, permitirá abordar problemas como el sometido a discusión.