Nueva fecha para el desahucio de las exmonjas de Belorado en febrero

La sombra del desahucio vuelve a cernirse sobre las monjas okupas de Belorado. La Oficina del Comisario Pontificio ha dado a conocer este miércoles un auto de ejecución provisional, dictado a principios de esta semana por el Juzgado de Briviesca, en el que se fija el 10 de febrero para el lanzamiento de las exclarisas a las 9:30 horas. 

También ha salido a la luz un auto de finales de diciembre, contra el que no cabe recurso, en el que se señala que las religiosas cismáticas tienen un mes de plazo para desalojar el monasterio de Santa Clara «con apercibimiento de lanzamiento si no lo hicieren voluntariamente». 

Aunque el decreto en el que se fija la fecha para el desahucio de las exmonjas sea recurrible en revisión, el Juzgado advierte que «la presentación del recurso no suspenderá los efectos» del mismo. Por lo tanto, «todas las decisiones o actuaciones que se hayan resuelto seguirán su curso sin interrumpirse, y en ningún caso se podrá actuar en sentido contrario a lo que se haya resuelto». 

No parecen demasiado preocupadas las antaño clarisas lideradas por la exabadesa del convento beliforano, Laura García de Viedma. Habituadas al foco mediático desde su sonada ruptura con la Iglesia católica a mediados de mayo de 2024, su respuesta ante la nueva fecha para su desahucio consiste en la difusión de un vídeo entonando un cántico religioso. Lo que parece evidente, tal y como ha venido sucediendo desde que el cisma se trasladó a los tribunales, es que harán todo lo posible -de la mano de sus abogados- para impedir su salida del monasterio de Santa Clara.

Hasta ahora, las monjas okupas han logrado esquivar el desahucio a través de diversas maniobras legales. La última, en septiembre, propició que el Tribunal de Instancia de Briviesca dejase sin efecto el lanzamiento previsto para el 3 de octubre debido a que sus abogados habían recurrido la sentencia dictada a tal fin. Fue entonces cuando la causa se trasladó a la Audiencia Provincial de Burgos, que acabó desestimando sus apelaciones.

No es el único varapalo que han recibido últimamente García de Viedma y sus acólitas. El pasado 18 de septiembre, una comisión judicial flanqueada por la Guardia Civil se personaba en el monasterio de Santa Clara en Orduña (Vizcaya). Allí residían las cinco religiosas de mayor edad (entre 87 y 101 años) que en su día fueron trasladadas desde Belorado para evitar que se las llevasen. Sin embargo, nada pudieron hacer las exmonjas rebeldes al respecto y las ancianas acabaron sometiéndose a una revisión médica en el hospital de Basurto (Bilbao).

«Debemos de ser unas monjas muy peligrosas para que tengamos las casa llena de guardias civiles», sentenciaba Sor Paloma en un vídeo remitido a los medios por su jefe de Prensa, Francisco Canals. Aparte, lamentó que se hubiesen personado «más de 20 (agentes) para llevárselas en contra de su voluntad» mientras tanto ella como el resto de sus compañeras calificaban lo sucedido de «secuestro».

La Guardia Civil, por su parte, determinó tras la inspección de las instalaciones que las condiciones higiénico-sanitarias eran «no adecuadas para las personas vulnerables». Por contra, las cismáticas grabaron una serie de vídeos, tratando de desmentir dicha versión, en los que se mostraban diferentes estancias «en perfectas condiciones».

Después de pasar por el complejo asistencial bilbaíno, cuatro de las cinco hermanas fueron acogidas en distintos monasterios de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu. Quedaba pendiente una quinta, cuyo estado de salud era más delicado, que seguiría el mismo camino una vez recibida el alta hospitalaria.

Cabe recordar, además, que García de Viedma fue detenida en noviembre, junto a otra exmonja y un anticuario, por un presunto delito de apropiación indebida de bienes. Posteriormente, con la exabadesa ya en libertad, la Guardia Civil confirmaría que habían expoliado más de 30 piezas.