El Gobierno da el primer paso para ir contra la Pirámide de los Italianos
La comisión creada por el Ejecutivo socialista incluye el mausoleo del puerto del Escudo en el catálogo de vestigios contrarios a la Memoria Democrática pese a que la Junta la declaró BIC
La Pirámide de los Italianos está vallada para impedir el acceso a su interior.
El Gobierno socialista ha dejado de limitarse a cuestionar públicamente la Pirámide de los Italianos y ha dado ya un paso administrativo que puede desembocar en medidas concretas contra el mausoleo del puerto del Escudo. La Comisión Técnica de Expertos creada por el propio Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha incluido el monumento burgalés en el catálogo estatal de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática, pese a que la Junta de Castilla y León lo declaró Bien de Interés Cultural por su valor histórico y arquitectónico.
Fue el propio ministro Ángel Víctor Torres quien confirmó la semana pasada que la comisión había puesto la diana en la Pirámide, asi como otros dos elementos, el dintel de Baños de Ebro, en Álava, y el Monolito de Mahón, en Menorca. Una decisión que el ministro socialista justificó por la necesidad de evitar que las próximas generaciones hereden espacios públicos en los que estos vestigios exalten valores contrarios a la democracia. Con esa interpretación, el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez vuelve a poner en cuestión la continuidad de una construcción única en España como la Pirámide, que la Junta protegió hace dos años, y abre un procedimiento administrativo que obligará a decidir qué actuación se adopta sobre ella. Abre, además, la puerta a un posible nuevo encontronazo entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno estatal, máxime tras la entrada de Vox de nuevo al Ejecutivo que lidera Alfonso Fernández Mañueco, ya que el partido que encabeza Carlos Pollán fue el impulsor de la protección como BIC de la Pirámide en tiempos de Gonzalo Santonja al frente de la Consejería de Cultura.
La decisión de volver a colocar al monumento italiano en la picota procede de un organismo satélite del Ejecutivo, una comisión creada y regulada por el Gobierno socialista para aplicar la Ley de Memoria Democrática, cuyos expertos, seleccionados a tal fin, han respaldado la posición que el Ministerio mantiene sobre la Pirámide y han abierto la puerta al procedimiento para decidir qué se hace con ella.
La entrada en el catálogo de la Pirámide implica que deberán examinarse las circunstancias del monumento y su protección patrimonial antes de decidir si se promueve su retirada, su eliminación o su conservación mediante una reinterpretación histórica, pero lo más relevante es que introduce al mausoleo en el mecanismo administrativo previsto para actuar sobre los vestigios franquistas que el Ejecutivo considera contrarios a la ley.
El catálogo no funciona, por tanto, como una simple relación simbólica sin consecuencias, ya que permite iniciar los trámites para exigir una actuación sobre los elementos incluidos y, si la administración o el propietario responsable no la ejecuta, abre incluso la posibilidad de una intervención subsidiaria del Estado. La Pirámide no está sometida todavía a una orden inmediata de demolición, más bien ese tipo de resolución está lejana, pero su inclusión en la lista negra de la Memoria Histórica supone que el Gobierno socialista ha dejado de limitarse a cuestionarla públicamente, con el apoyo decidido de sus socios de Sumar y otras formacions de izquierda como Compromís y Podemos, y ha dado un paso administrativo que puede desembocar en medidas concretas.
BIC frena un derribo
El principal obstáculo para cualquier intento de hacer desaparecer la Pirámide se encuentra en la protección que le concedió la Junta de Castilla y León, que la declaró Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento el 29 de febrero de 2024 después de reconocer su singularidad y sus valores históricos, arquitectónicos, estéticos y paisajísticos. Esta figura no constituye una consideración meramente honorífica, dado que obliga a conservar el inmueble -cosa que no está clara a quien corresponde, aunque la titularidad de la Pirámide corresponde al Estado italiano- y somete cualquier intervención a la legislación de patrimonio, de manera que no puede alterarse ni demolerse sin la autorización de la administración autonómica competente.
En la actualidad, el acceso a la pirámide está bloqueado por una valla perimetral metálica que impide que los curiosos puedan acceder y sólo se puede contemplar a varios metros detras del vallado. Cabe recordar que una joven se accidentó en agosto de 2024 al subirse al mausoleo y caerse desde cierta altura.
La Junta protegió la construcción alegando que no se tendría en cuenta la lectura política que pueda hacerse de su origen en la batalla del Escudo en la guerra civil española, sino porque constituye un edificio único dentro del patrimonio de Castilla y León -y de España, puesto que es la única pirámide que se levanta en todo el territorio nacional- y un testimonio material de un periodo histórico. Esa consideración choca con el criterio del Gobierno, que la incluye entre los vestigios contrarios a la Memoria Democrática, mientras que la declaración como BIC obliga a tener en cuenta también su arquitectura, su contexto histórico y su integración en el paisaje del puerto del Escudo.
La propia Ley de Memoria Democrática contempla que los elementos con valor artístico o arquitectónico protegidos legalmente puedan quedar fuera de la obligación general de retirada, siempre que sean contextualizados para eliminar cualquier carácter de exaltación. Esta excepción debería impedir que el Ministerio pudiera ordenar sin más el derribo de la Pirámide, puesto que su conservación está respaldada por una protección patrimonial expresa, aunque su incorporación al catálogo mantiene abierta la incógnita sobre si el Gobierno aceptará esta salida o tratará de impulsar una actuación más severa.
La condición de BIC coloca así un freno jurídico considerable ante cualquier intento de demolición, pero no permite descartar que el Ejecutivo trate de avanzar en esa dirección si mantiene su interpretación. Una orden de derribo tendría que enfrentarse a la legislación autonómica de patrimonio, a los informes técnicos que justificaron la protección y, previsiblemente, a un conflicto administrativo y judicial entre ambas administraciones, por lo que el Gobierno tendría que explicar cómo pretende superar esas barreras si su propósito final fuera hacer desaparecer el monumento.
El camino más claro dentro de la propia ley conduce a conservar la Pirámide y acompañarla de una contextualización histórica, puesto que esa es la solución prevista para los elementos cuyo valor patrimonial impide su retirada. El Ministerio, sin embargo, todavía no ha precisado qué actuación propondrá ni hasta dónde está dispuesto a llevar su ofensiva contra el mausoleo, por lo que permanece abierta la duda sobre si respetará la protección concedida por la Junta o tratará de imponer una interpretación más restrictiva.
Un mausoleo protegido
La Pirámide de los Italianos fue levantada entre 1938 y 1939 en el puerto del Escudo, dentro del término municipal de Valle de Valdebezana, para albergar los restos de los soldados italianos del Corpo Truppe Volontarie muertos durante la batalla del Escudo. El edificio, de unos veinte metros de altura, fue proyectado por el arquitecto italiano Attilio Radic y ejecutado bajo la dirección del capellán militar Pietro di Varzi, mientras que su interior acogió cientos de nichos para los combatientes y una cripta reservada a los oficiales.
Los restos fueron trasladados décadas después, pero la construcción permaneció como uno de los ejemplos más singulares de la arquitectura conmemorativa italiana de entreguerras, una característica que la Junta tuvo en cuenta cuando aprobó su protección. El Gobierno autonómico relacionó su diseño con los grandes cementerios militares levantados en Italia durante aquel periodo y consideró que conservarlo permitía mantener un testimonio material de la Guerra Civil y de la intervención italiana en España.
La declaración como BIC pretendía además poner fin a años de abandono y deterioro, puesto que el edificio necesitaba una protección que permitiera conservarlo y estudiar su recuperación. Dos años después, la comisión del Gobierno lo coloca entre los símbolos que considera contrarios a la Memoria Democrática, de manera que la Pirámide vuelve a quedar atrapada entre su condición de patrimonio protegido y la voluntad del Ejecutivo de actuar sobre ella por su origen histórico.
Otros señalamientos
La resolución confirmada por Torres afecta en esta ocasión únicamente a la Pirámide de los Italianos dentro de la provincia de Burgos, aunque el Gobierno también ha puesto bajo su lupa otros vestigios como el monumento dedicado a Emilio Mola en Alcocero de Mola y la Columna Sagardía de Cilleruelo de Bricia. Ninguno de ellos forma parte de esta ampliación concreta anunciada por el ministro, por lo que deberán seguir sus propios procedimientos antes de que pueda afirmarse que han sido incorporados formalmente al catálogo.
El caso de Alcocero afecta además a la propia denominación del municipio, que conserva como apellido el del general Emilio Mola, mientras que distintas entidades memorialistas han contabilizado placas del antiguo Instituto Nacional de la Vivienda y otros símbolos menores repartidos por la capital y varios pueblos. Su presencia en censos o estudios previos no supone que todos estén sometidos ya a una orden estatal de retirada, aunque muestra que la aplicación de la ley puede extenderse a otros puntos de la provincia.