El Correo de Burgos

La Policía de Aranda exige dejar de ser “la peor pagada de Castilla y León”

Urge al Ayuntamiento a aprobar la Relación de Puestos de Trabajo para parar la fuga de agentes

Imagen de una actuación de la Policía Local de Aranda

Imagen de una actuación de la Policía Local de ArandaLoreto Velázquez

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Aranda

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El cuerpo de Policía Local de Aranda de Duero ha mejorado de forma tangible en los últimos años: nuevo cuadrante, nueva comisaría, pero sigue arrastrando su principal carencia: unas condiciones laborales que la sitúan como la comisaría de Policía Local que menos cobra de Castilla y León. “Por este motivo, muchos compañeros ven Aranda como un destino de paso. Si analizamos los últimos 20 años, un 75% de la plantilla de Policía Local ha referido opositar a otros municipios o ciudades donde sí se ven reconocidas sus condiciones”, lamentan.

Según denuncia el sindicato, esta debilidad pone en entredicho la protección de los ciudadanos y la calidad del servicio prestado.

La solución pasa, insisten, por la aprobación de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que sigue retrasándose y que “compromete la dotación de efectivos”. “El sindicato de Policía Local de Aranda quiere manifestar su profunda preocupación por la falta de avances en la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), un compromiso adquirido por el equipo de gobierno para actualizar las retribuciones y garantizar una dotación adecuada de efectivos en el cuerpo de Policía Local”, señalan, a sabiendas de que Sentir Aranda gobierna en minoría. “Necesitamos que los grupos se pongan de acuerdo”.

Creciente desmotivación entre los agentes

La ausencia de la RPT afecta también, argumentan, a la operatividad del cuerpo policial. “La falta de claridad en la organización de los puestos de trabajo y la actualización de las condiciones económicas están generando una creciente desmotivación entre los agentes, además de dificultar la incorporación de nuevos efectivos”, urgen.

Y es que, a día de hoy, la Relación de Puestos de Trabajo vigente, que se aprobó en el año 2012, no valora “conceptos esenciales” como la peligrosidad, la nocturnidad, la repercusión, la penosidad y otros factores inherentes al trabajo policial. “Estas valoraciones, que ya se han implementado en todas las administraciones, no suponen un gasto adicional, sino una oportunidad para optimizar la cobertura de servicios, generar empleo, reducir las horas extras y contribuir a fijar población en la localidad”, defienden, sorprendidos porque “en un contexto en el que la seguridad ciudadana es una prioridad para los vecinos de Aranda, resulta incomprensible que no se hayan tomado las medidas necesarias para cumplir con lo prometido”. “Este retraso no solo afecta a la moral del cuerpo, sino que también tiene un impacto directo en la capacidad de retener y atraer talento en un sector clave como es el de la seguridad pública”.

El Sindicato de Policía Local de Aranda exige, por todo ello, al equipo de gobierno de Antonio Linaje que actúe con “urgencia y celeridad” para poner en marcha la RPT y cumplir con los compromisos adquiridos. “Es imprescindible que se priorice la dignificación de las condiciones laborales de los agentes para garantizar un servicio público de calidad y una dotación adecuada de efectivos que responda a las necesidades de la ciudadanía”, terminan.

Comisión de investigación por el caso Ortuño

Hay que recordar que la RPT es un asunto principal, que afecta a la Policía y a todos los trabajadores del Ayuntamiento de Aranda. Hasta el pasado 11 de enero estaba en manos de la concejala María de las Viñas Ortuño, quien abandonó el equipo de gobierno y su acta como concejala por graves desavenencias con el alcalde.

La nueva responsable del área es Belén Esteban. Ella deberá compaginar su responsabilidad al frente de Personal con la de Deportes, que lleva asumiendo desde el principio de la legislatura, y con sus labores como diputada.

Respecto a la polémica surgida por la marcha de Ortuño y los motivos que alegó, donde lamentaba “gritos”, “desautorizaciones ante funcionarios públicos”, “faltas de respeto” e incluso alguna situación de “miedo”, el Pleno aprobó ayer, a instancias de una moción del Partido Popular, poner en marcha una comisión de investigación con el fin de dilucidar lo que ocurrió y si el equipo de gobierno ha incurrido en alguna irregularidad, como afirmaba la edil saliente, precisamente en el área de Deportes, que ahora dirige la nueva titular de Personal. “No se trata de meros desencuentros habituales en una convivencia normal en el seno de un grupo municipal, como se ha querido trasladar. De la descripción de los hechos aportados en el escrito señalado se deduce una clara situación de maltrato psicológico por parte del alcalde, que sabemos que se está haciendo extensiva a miembros de la plantilla municipal, especialmente mujeres, que nos han trasladado su indefensión”, argumenta la portavoz del PP, Cristina Valderas.

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