La Plataforma por la Plaza de Toros exige al alcalde de Aranda que rectifique tras negar la existencia de un acuerdo impuesto de confidencialidad
El colectivo asegura que existe un documento que obligaba a los expertos del comité jurídico a guardar un secreto que "no es legal"
Plaza de toros de Aranda
Tras conocer que el alcalde, Antonio Linaje, negó en el último pleno la existencia de un acuerdo de confidencialidad como requisito para participar en el comité de expertos creado que busca solucionar el problema de la Plaza de Toros, la Plataforma por la Plaza de Toros exige una rectificación en el pleno ordinario de este mismo mes de marzo.
De no producirse, advierte, “se ejercitarán cuantas acciones administrativas y judiciales resulten procedentes, incluidas aquellas dirigidas a la defensa del derecho de acceso a la información pública y del derecho fundamental de participación política reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española”.
La polémica parte del último pleno, a raíz de una pregunta en la que el concejal de Vox, Sergio chagartegui, planteó por qué el ayuntamiento había forzado a los especialistas convocados a mantener secreto sobre documentos, informes jurídicos o técnicos que son por ley públicos. La respuesta del alcalde fue rotunda: “Lo que usted acaba de decir es mentira”, zanjó Linaje.
"Existe un documento"
La Plataforma insiste: existe un documento denominado 'Acuerdo de confidencialidad de los miembros del comité jurídico plaza de toros', mediante el cual se impone a los integrantes la obligación de mantener estricta reserva y confidencialidad sobre los asuntos tratados, la documentación facilitada y el contenido de las sesiones.
Dicho documento, detallan, establece, entre otras cuestiones, la prohibición de divulgar información alguna relacionada con los asuntos tratados, la obligación de mantener confidencial cualquier informe, documento o material facilitado, así como la extensión de dicha confidencialidad incluso a documentación previamente facilitada con anterioridad. “Las afirmaciones realizadas por el alcalde en sede plenaria poseen una especial relevancia institucional, por cuanto afectan directamente al principio de transparencia en la actuación pública, al derecho de información de los concejales y al derecho de la ciudadanía a recibir información veraz sobre la actuación de sus representantes públicos”, argumenta el colectivo.
En su opinión, la negación pública de la existencia de un documento “que efectivamente existe” y que impone obligaciones de confidencialidad distorsiona gravemente el debate institucional y compromete los principios de transparencia y publicidad que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas.