El Correo de Burgos

Nuevo frente contra el proyecto del hospital privado de Aranda: solicitan paralizar la recalificación urbanística

El Observatorio Municipal pide frenar el cambio de uso hasta que el Tribunal resuelva sobre la legalidad del actual Plan General de Ordenación Urbana

Imagen de la Residencia Ciudad del Bienestar de los hermanos Gabrielistas

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Aranda

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Un día después de que la comisión informativa diese su visto bueno a la recalificación del terreno, pese al rechazo de Podemos-IU, se abre un nuevo frente contra el proyecto del futuro hospital privado Recoletas que pretenden abrir los hermanos gabrielistas en Aranda.

El presidente de la Asociación El Observatorio Municipal, Andrés García Arranz, ha solicitado la suspensión cautelar de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, aprobada en comisión y necesaria para la ampliación del suelo urbano en el entorno del paseo Virgen Viñas.

El que fuera funcionario del área de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Aranda argumenta que esta aprobación vulnera el principio de seguridad jurídica, ya que depende de un Plan General de Ordenación Urbana cuya legalidad está, a día de hoy, en vía judicial. Andrés García insiste así en la importancia de suspender la medida hasta que el Tribunal Superior de Justicia dicte sentencia firme. “Actualmente se encuentra en fase de votación y fallo”, subraya García.

Para el Observatorio Municipal, la reclasificación no cumple los requisitos legales exigidos y, al no contemplar las cargas y deberes urbanísticos, puede generar un perjuicio económico al Ayuntamiento. A este respecto, señala, la falta de un informe de sostenibilidad económica adecuado impide determinar quién asumirá los costes derivados de las infraestructuras o servicios necesarios.

Además, pone en duda el interés general, un requisito principal en este tipo de reclasificaciones. En su opinión, la clínica solo beneficia a una entidad privada concreta.

Por todo ello, el presidente del Observatorio Municipal advierte de posibles responsabilidades patrimoniales, e incluso personales, para las autoridades y técnicos que intervengan en su aprobación en pleno.

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