La Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros de Aranda denuncia el uso del coso sin autorización
Un informe policial confirma la existencia de actividades con reses bravas
Plaza de toros de Aranda
Mientras un comité de expertos convocado por el Ayuntamiento analiza las opciones legales para dar solución al problema de la plaza de Toros de Aranda, la plataforma ciudadana advierte: la empresa de Victoriano del Río está utilizando la plaza sin contar con la pertinente autorización.
El colectivo muestra como prueba un informe policial fechado el 23 de febrero de 2024. Según consta, tras recibir un aviso de un vecino que alertaba de actividad en el coso, una patrulla de la Policía Local se personó, observando la puerta del parking de la plaza de toros abierta y, en su interior, cinco vehículos. Tras contactar con el propietario, Victoriano del Río, este manifiesta que “están haciendo una inspección privada conforme al reglamento taurino, ya que es un recinto privado, suyo como de su familia, y que el Ayuntamiento desde marzo del año 2022 no ha realizado ninguna inspección”.
El informe, sin embargo, continua. “Se escucha que en el interior de la misma hay toros, pareciendo estos mansos”, puntualizan aunque los agentes no pudieron comprobarlo directamente porque “no se les permite la entrada”. El titular de la plaza, según recoge el atestado, confirmó “que sí que han llevado varios animales para poder realizar la correcta inspección” y que esta se estaba desarrollando “a través de su gente y sus contactos de forma privada”.
La Policía Local incluye además un episodio previo en el que un conductor preguntó a los agentes diciéndoles que "iban a torear unos toros" y que no sabían por dónde entrar, así como movimientos continuados de entrada y salida de personas detectados posteriormente por las cámaras de videovigilancia municipal desde las 11:00 horas de ese mismo día.
Desde la Plataforma Ciudadana consideran que estos hechos evidencian “un uso irregular” de la Plaza de Toros y reclaman al Ayuntamiento explicaciones sobre el control administrativo y las autorizaciones necesarias para cualquier actividad desarrollada en el recinto.
El colectivo insiste en la necesidad de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente antes de permitir cualquier utilización de la instalación taurina.