El Correo de Burgos

Anprogapor rechaza limitar las granjas en la Ribera del Duero y defiende la convivencia entre vino y ganadería

La asociación nacional del porcino reclama que las nuevas explotaciones se evalúen con criterios técnicos y científicos y no mediante prohibiciones generales

Sector porcino

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Aranda

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Tras conocer el manifiesto impulsado por la Ribera del Duero para pedir a la Administración que ordene el territorio para proteger la denominación de Origen ante la proliferación de granjas intensivas y plantas de biogás, la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor) sale en defensa del sector y pide evitar “la falsa disyuntiva entre el vino y la ganadería”. “Ambos sectores forman parte de la identidad, la economía y el patrimonio rural de Castilla y León”, afirma el director de la asociación Miguel Ángel Higuera.

Anprogapor rechaza así las limitaciones específicas que propone el Consejo Regulador para las nuevas explotaciones ganaderas en el territorio de la Denominación de Origen Ribera del Duero. “Cualquier decisión sobre la implantación de nuevas actividades debe fundamentarse en criterios técnicos y científicos, evaluaciones individualizadas, proporcionalidad y seguridad jurídica, y no en prohibiciones o zonas de exclusión establecidas con carácter general”, subraya.

Aunque la asociación comparte plenamente la necesidad de garantizar los viñedos, las bodegas, el paisaje y los proyectos enoturísticos, insiste en que esa garantía no puede traducirse en un derecho de veto sobre otra actividad económica esencial para el territorio, que ya se encuentra sometida a una normativa ambiental, sanitaria y de bienestar animal especialmente rigurosa.

Un sector estratégico

Anprogapor recuerda que la producción ganadera constituye una de las principales locomotoras de la industria agroalimentaria regional y desempeña un papel crucial en la fijación de población en los entornos rurales.

Según datos de la Junta de Castilla y León, el sector ganadero-industrial, que incluye el porcino, vacuno de carne, ovino – caprino, avicultura de carne, vacuno de leche y avicultura puesta, representa aproximadamente el 16,1% del PIB regional, con un valor próximo a los 11.900 millones de euros. A esa cifra, añade Anprogapor, habría que sumar el sector cerealista, “tan necesario para la producción de piensos de alimentación animal”.

Asimismo, el sector ganadero-industrial sostiene en su conjunto en la Comunidad unos 40.000 empleos directos. En concreto, en los municipios de menos de 5.000 habitantes, la ganadería aporta más de 29.400 empleos rurales, “convirtiéndose en la verdadera columna vertebral contra la despoblación”.

Si nos centramos únicamente en el sector porcino, de los 11.129 millones de euros que genera en España, 1.361 M€ corresponden a Castilla y León. No hay datos del impacto del sector porcino en la denominación de Origen Ribera del Duero.

Miguel Ángel Higuera es el director de Anprogapor

Miguel Ángel Higuera es el director de AnprogaporAnprogapor

En su opinión, la convivencia entre la ganadería y la viticultura no solo es posible, sino que se produce desde hace décadas en numerosos territorios españoles y europeos. “El crecimiento y la consolidación de la propia DO Ribera del Duero, desde sus orígenes en 1982, se han desarrollado de forma totalmente paralela a la presencia y modernización de la actividad ganadera en Castilla y León, demostrando que no existe una incompatibilidad estructural, sino que, además, ayuda a la diversificación económica de empresarios locales agroganaderos que se dedican a ambas actividades”, argumenta la asociación nacional porcina.

Economía circular y gestión responsable

La organización destaca, del mismo modo, los avances realizados por el sector porcino en materia de eficiencia, digitalización, reducción de emisiones y gestión de deyecciones ganaderas. “Tratados y aplicados de acuerdo con la normativa, los purines pueden utilizarse como fertilizantes orgánicos en los cultivos, incluidos los viñedos, reduciendo la dependencia de fertilizantes minerales”, señalan, sin olvidar que también pueden valorizarse mediante tecnologías como la digestión anaerobia para producir biogás y biometano.

Por todo ello, Anprogapor pide a las administraciones autonómicas y locales que favorezcan un diálogo constructivo entre representantes de la ganadería, la viticultura, las bodegas, el turismo y los municipios afectados. “El futuro del medio rural de Castilla y León no pasa por enfrentar actividades, sino por establecer reglas claras que permitan que todas ellas puedan desarrollarse de manera responsable”, terminan, convencidos de que el vino y la ganadería son compatibles y ambos deben formar parte del futuro económico y social de la Comunidad.

Manifiesto

El manifiesto presentado el miércoles por el Consejo Regulador Ribera del Duero cuenta con el apoyo de otras denominaciones de origen vinícolas como Rioja, Jerez, Bierzo, Cariñena o Arlanza, así como de bodegas, cooperativas y viticultores. El documento, abierto a todo el que quiera sumarse, solicita proteger un territorio vitivinícola que se ha convertido en una de las caras visibles de la marca España. “La idea no es cerrar granjas, sino que las que están en tramitación y solicitud tengan una regulación que no afecte a nuestro sector”, apremia el presidente del Consejo Regulador, Enrique Pascual, con la mirada puesta también en las plantas de biogás, que “generan un efecto llamada, porque una planta de biogás necesita muchos purines para transformar los residuos en energía”.

El manifiesto insta a la Junta a recuperar la licencia ambiental obligatoria para todas las granjas intensivas (que se eliminó durante la pandemia); establecer distancias mínimas de protección respecto a viñedos, bodegas, instalaciones de enoturismo y núcleos rurales; revisar el Decreto-Ley 4/2020 para reforzar la evaluación ambiental de estos proyectos; dotar a los ayuntamientos de herramientas de ordenación con seguridad jurídica, y crear un órgano permanente de coordinación entre el Consejo Regulador, las organizaciones agrarias, las entidades locales y la Junta de Castilla y León.

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