Santa Catalina sale a la calle. Cacerolada para exigir soluciones a un barrio olvidado

De poco ha servido el intento del alcalde por reconducir la situación abriendo un expediente de disolución contractual con la actual constructora. Los vecinos del ARU Santa Catalina han salido a la calle con sartenes, cazuelas, cucharas, bocinas, pitos y hasta platillos para exigir la dimisión de quien consideran el máximo responsable, Antonio Linaje. “Esto ha sido una chapuza desde el principio y el Ayuntamiento de Aranda no ha estado a la altura porque no ha controlado la obra en ningún momento”, rechaza José Luis, uno de los vecinos de los bloques.

Las pancartas mostraban el hartazgo de los afectados. “No ha sido una bomba, tampoco un terremoto, es la gestión de los políticos de Sentir Aranda la que ha destruido las viviendas y la ilusión de 180 familias”, lamentaban, cansados de “excusas”. “Queremos soluciones ya”, añadía otro cartel.

Tras recorrer desde Santa Catalina la calle Carrequemada e Isilla, los manifestantes se concentraron en la puerta del Ayuntamiento, donde las ventanas permanecieron cerradas en todo momento. Como portavoz de los vecinos, José María Rojas repasó la cronología de un proyecto ambicioso que, financiado en su gran parte por fondos europeos, pretende no solo garantizar la eficiencia y accesibilidad de los edificios residenciales más antiguos y precarios, sino que también se extiende, en teoría, al arreglo de jardines y plazas del barrio.

Errores desde el inicio

Para los vecinos, en el proyecto ha habido errores desde octubre de 2022, fecha en que se presentó esta área de regeneración urbana que iba a cambiar el destino de 2.700 viviendas de Santa Catalina, uno de los barrios “más humildes de Aranda de Duero”. “Era como el maná de la tierra prometida”, recuerda, a sabiendas de que la alegría tornó pronto en preocupación. De los 3.900 euros que en un principio debía pagar cada piso se pasó a 4.700. No fue lo único que cambió. “Cuando vimos el proyecto de ejecución, vimos que no aparecían cosas importantes que sí figuraban en el proyecto inicial, como los canalones, las bajantes, los tendederos, las contraventanas o las rejas de los bajos”, lamenta Rojas.

El Ayuntamiento también falló, en su opinión, en la adjudicación, ya que confió en una empresa que tenía un capital social de 5.000 euros, que después amplió a 18.000 euros, con cuatro trabajadores en plantilla y con al menos cuatro casos ya de suspensión de obras. También había errores técnicos. “La concejala de Obras, Ana María Hervás, que es la que nos está matando, nos dijo que este proyecto nunca se debía haber efectuado porque estaba mal técnicamente. ¿Entonces, por qué lo han llevado a efecto? Debían haberlo desechado y no pasa nada; seguiríamos con nuestras casas y hubiésemos seguido con nuestras vidas sin ningún problema”, sostiene.

Ahora no hay marcha atrás en una obra que iba a finalizar en seis meses y que se encuentra en estos momentos parada. El Ayuntamiento se ha comprometido a asumir una dirección de obra que tampoco ha sido diligente y, como primera medida, va a cubrir los huecos de escalera que la anterior adjudicataria rompió de forma precipitada, según los vecinos. “En lugar de empezar por las ventanas y por la red de calor hasta los portales, se dedicaron a derribar la parte de las escaleras y ahora estamos con muchísimas corrientes, a expensas de la lluvia y del frío”, advierten los vecinos.

En estos diez meses de trabajo que comenzó con 40 obreros y ha ido decayendo hasta contar con cuatro o cinco operarios, medió incluso la Seguridad Social al descubrir que algunos trabajadores no estaban dados de alta. “Ha sido todo un desastre, los empleados, luego las escaleras que se hicieron mal... Y mientras nosotros aquí malviviendo”, denuncia otra vecina.

La inseguridad es real. “Esta semana se han caído dos personas. ¿Qué va a pasar cuando hiele por la mañana? Va a ser un peligro salir de casa”, añade una madre que tiene niños pequeños.

Junto a los vecinos de los bloques afectados por esta obra, se concentraron además vecinos de otros barrios como el ex comisario de la Policía Nacional de Aranda, José Joaquín Gomá. “Si una ciudad no cuida sus barrios será una ciudad fea. El problema del ARU no solo afecta a las 180 familias que viven ahí, es un problema de todo el barrio y de todo Aranda. Eso sin olvidar que gran parte de la obra se paga con impuestos que pagamos los ciudadanos de España y de Europa. Yo desde luego apoyo esta reivindicación”, afirma rotundo José Joaquín Goma.

También acudieron representantes políticos de Izquierda Unida, Podemos, PSOE, Vox y Partido Popular. “Demasiada tolerancia han tenido con la situación que han vivido, sobre todo con las lluvias, cuando el agua les entró a muchos vecinos en casa. El Gobierno de Sentir Aranda no ha sido capaz de dar una solución a un problema que se veía venir”, recrimina la socialista Amparo Simón.

Desde Vox, el concejal Sergio Chagartegui asegura que su formación exigió antes de fiestas un informe jurídico de la Secretaría General que avalara qué sucedería si se intervenía en las obras para actuar ante la situación de emergencia que se estaba produciendo. “Ahora nos damos cuenta de que, dos meses después, por fin se está haciendo lo que nosotros planteábamos”, afirma.

En la concentración había muchas personas mayores, alguna incluso con problemas de movilidad. “Aquí tienen que ver que estamos todos unidos”, sostiene José María Rojas, decidido a seguir luchando por recuperar la normalidad y la seguridad de sus vecinos.

El Ayuntamiento de Aranda se hace cargo de la obra

Mientras los vecinos exigían explicaciones, el alcalde se desplazaba al barrio para escenificar la toma de la obra. En presencia de representantes municipales, la dirección facultativa y la propia empresa adjudicataria, Aplibur, el Ayuntamiento levantó el acta del estado de las obras para realizar los trabajos de medición y revisión de lo realmente ejecutado y acopiado.

La decisión, explican desde el Consistorio, llega después de que la constructora no haya atendido los requerimientos municipales y de la Dirección Facultativa y Coordinadora de Seguridad y Salud para cumplir las medidas de seguridad en los plazos necesarios y los compromisos de ejecución recogidos en el contrato.

Medidas de emergencia

Según explican desde el equipo de gobierno, tras la iniciación del expediente de resolución del contrato, el Ayuntamiento ha comenzado a coordinar las medidas de emergencia para intervenir de manera inmediata en los inmuebles afectados. La prioridad, señalan, es ejecutar los trabajos de cierre y protección de los edificios, especialmente ante el avance del otoño y la llegada del invierno, evitando que las lluvias puedan seguir provocando daños en unas construcciones que llevan meses afectadas por la paralización de las obras por parte de la constructora.

De forma paralela, el Ayuntamiento ha iniciado contactos con todos los proveedores que estaban participando en la actuación con el fin de conocer su disposición a continuar los trabajos pendientes y facilitar que puedan seguir desarrollando su actividad dentro del proyecto.

Para ello, el Ayuntamiento recurrirá a fórmulas de contratación de emergencia que permitan mantener los trabajos considerados necesarios, realizando los pagos de forma directa desde la propia administración municipal a las empresas que ejecuten las actuaciones correspondientes.

Asimismo, se han iniciado conversaciones con empresas especializadas en rehabilitación, incluidas compañías de Aranda de Duero y su entorno, para disponer de alternativas que permitan reactivar cuanto antes los trabajos.