El PSOE «da por perdido» casi un millón de euros por las recargas de las tarjetas del autobús

«Damos por perdido casi un millón de euros para el Ayuntamiento de Burgos» por las recargas de las tarjetas del autobús tras el fiasco con la empresa Prepay, que se encargaba de la gestión del servicio y que entró hace varios meses en concurso de acreedores. Así se expresa Nuria Barrio, concejala socialista, que achaca directamente la responsabilidad política al Partido Popular.

Desde su punto de vista, ve difícil que el PP pueda hacer un dictamen sin atribuir responsabilidades políticas «porque evidentemente las hay». Sin embargo, este lunes, 24 de marzo, no se conocerá el dictamen de los populares porque han tomado la decisión de aplazar la última de las reuniones de la comisión de investigación, previsiblemente hasta el 14 de abril.

Como estaba prevista que la sesión se celebrase hoy, desde el PSOE han realizado un repaso de lo vivido en la comisión de investigación para aclarar que tras la comparecencia de la administradora concursal quedó de manifiesto que Prepay tiene en sus cuentas bancarias 100.000 euros. Muy lejos del casi millón de euros que adeuda al Ayuntamiento de Burgos. Además, se da la circunstancia de que los primeros acreedores en recibir su deuda son los trabajadores de la empresa, como recuerda Barrio.

La socialista ha criticado la decisión de aplazar la jornada de conclusiones, cuando desde el PSOE ya las tienen perfectamente redactadas, ya que entiende que el PP necesita más margen de manioba para tratar de negociar con Vox unas conclusiones comunes.

«Vemos difícil que se pueda producir un acuerdo entre ambos partidos, ya que Vox apoyó la creación de la comisión de investigación el pasado diciembre», afirma la concejala, que entiende que los votantes de esta formación no entenderían que después de propiciar la investigación den por buena una visión del PP sobre el asunto, en la que, a buen seguro, no habrá responsabilidades políticas.

Los socialistas han puesto de relieve que otra circunstancia que ha quedado lo suficientemente acreditada es que no había deuda, por parte de esta empresa, procedente del mandato anterior. Según insiste, «eso ya se desmontó en la última sesión con la comparecencia del vicesecretario municipal». Así, concreta que en el mes de septiembre de 2023 ya están zanjados todos los pagos de las mensualidades hasta mayo de 2023.

Esta situación complica, a juicio de Barrio, el enfoque del PP a la hora de evacuar un dictamen de conclusiones «porque la única responsabilidad de que se haya perdido casi un millón de euros es del Partido Popular».

Los socialistas ven probado también que había una deuda cuando se adjudica el último contrato y, desde entonces, hasta ahora, «la serie de sucesos y acontecimientos pone de manifiesto la pésima gestión del servicio por acción o por omisión».

Desde el grupo municipal socialista, también considera argumentado que no se traslada la situación en ningún caso al Consejo de Administración y tampoco se entiende por qué no prospera el expediente de imposición de penalidades hacia la empresa.