Diputación resolvió el pasado año la mitad de los cien informes de conservación de inmuebles
Se estudiaron un centenar de declaraciones de ruina. Este año ya hay 35 nuevos casos
Viviendas en una localidad de Burgos.
A lo largo del pasado año, el Servicio de Asesoramiento Jurídico y Urbanístico a Municipios y Arquitectura de la Diputación de Burgos (Sajuma) analizó cien informes técnicos del estado de conservación de inmuebles en ruina de la provincia, de los cuales se resolvieron 51.
Las casas en ruina se han convertido en uno de los daños colaterales de la despoblación en la provincia. Más allá de la estética, estos inmuebles representan hoy un grave problema de seguridad pública e insalubridad para los pequeños ayuntamientos rurales, que se ven atrapados en un laberinto legal y económico para gestionar su demolición.
El origen del conflicto reside, en muchos casos, en la fragmentación de la propiedad y una gran parte de estas viviendas pertenecen a varios dueños que, en la mayoría de los casos, ya no residen en el municipio o no mantienen vínculo alguno con él. Esta desconexión facilita que los propietarios se desentiendan del mantenimiento, dejando edificios en estado ruinoso que amenazan con desplomarse sobre la vía pública.
Aunque legalmente la responsabilidad de la demolición recae sobre los dueños, la realidad en el medio rural es distinta. Cuando los propietarios no son localizados o ignoran los requerimientos, la responsabilidad subsidiaria de velar por la seguridad recae directamente sobre el Consistorio de la localidad.
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«Esta es, precisamente, una de las preocupaciones más comunes de los alcaldes de las localidades burgalesas», especialmente de las que cuentan con menos de quinientos habitantes, ya que es una carga financiera inasumible, apunta el responsable del Sajuma.
En cualquier caso, si el Ayuntamiento ejecuta el derribo de forma subsidiaria, la ley le permite quedarse con el solar resultante, pero el proceso administrativo es largo, complejo y costoso. Ahí es donde entra el Sajuma, ayudando a los ayuntamientos de la provincia a gestionar los expedientes.
De cara a este 2026, la portavoz del equipo de Gobierno, Inmaculada Sierra, señaló que el área de Urbanismo de la Administración provincial «ha incorporado 35 nuevos expedientes de ruinas para estudiar».