La Diputación elevará el presupuesto de Planes Provinciales si se mejora su gestión

Mano tendida por parte del equipo de Gobierno a la oposición en un clima de enorme cordialidad. Así podría resumirse, a grandes rasgos, el ambiente que imperó este jueves durante el Debate sobre el Estado de la Provincia. Con propuestas sobre la mesa para mejorar el funcionamiento de la Diputación de Burgos y objetivos compartidos para lo que resta de mandato. Entre ellos, elevar la dotación presupuestaria de los Planes Provinciales. Una petición que el PSOE lleva tiempo reclamando y que el presidente de la Institución, Borja Suárez, aceptó de buen grado aunque con matices.

«Tiene que haber un aumento», apuntó Suárez después de que la portavoz socialista, Nuria Barrio, reclamase de nuevo una partida de 54 millones de euros para «paliar» el recorte, del 30%, tras acordarse un reparto bianual de las ayudas a los pueblos a partir de 2024. La solución, en cualquier caso, no consistiría en destinar más dinero porque sí. Básicamente, porque el equipo de Gobierno ha constatado que muchos ayuntamientos son «incapaces» de gestionar los fondos de manera adecuada por falta de recursos.

Partiendo de la base de que los Planes Provinciales sirven para «generar progreso» y no para «financiar ayuntamientos», el mandatario provincial aceptó el «reto» del PSOE mientras instaba a la oposición en su conjunto a recabar propuestas. Lo que se pretende, por lo tanto, es garantizar «instrumentos para decidir dónde se tiene que invertir».

Previamente, la portavoz del equipo de Gobierno, Inmaculada Sierra, avanzó la intención de buscar «fórmulas novedosas» para que los Planes Provinciales sean «más atractivos y operativos». Del mismo modo, subrayó que la promesa de Suárez de ofrecer una remuneración a los alcaldes a través de esta vía sigue en pie.

También recogió el guante Suárez en relación a la crítica constructiva del grupo socialista sobre la «falta de planificación» en los territorios para afianzar una prestación de servicios dentro de un «radio razonable». Sobre dicha cuestión, Suárez se mostró partidario de «comarcalizar los servicios básicos». Del mismo modo, el Ejecutivo se comprometió a seguir adelantando, en la medida de lo posible, las convocatorias de Planes de Empleo.

De puertas hacia dentro, la portavoz del PSOE lamentó que el «déficit de personal» aún no se haya corregido. Con un 37% de vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), puso de ejemplo «casos clamorosos» como el de Intervención o el Servicio de Asesoramiento Jurídico y Urbanístico a Municipios y Arquitectura (Sajuma). En la misma línea, Ángel Martín (Vox) realizó un análisis similar durante su intervención. Al final, ambos llegaron a la conclusión de que, aparte de reforzar la plantilla, se deben plantear fórmulas para aumentar la «motivación» del personal.

Al hilo de esta cuestión, Suárez adujo que se está «avanzando» tanto en la RPT como en la valoración de puestos de trabajo. Asimismo, se fijó como meta intentar que haya «la menor interinidad posible».

Salió también a colación, a cuenta de Vox como era de esperar, el tema de la inmigración. Mientras cargaba contra Pedro Sánchez acusándole de «autócrata» y responsable del «creciente empobrecimiento de los españoles», Martín no desaprovechó la ocasión de relacionar, tal y como dicta su partido, población extranjera y delincuencia. Y lo hizo, obviamente, a sabiendas de la postura adoptada por el PP en la Diputación con el fin de revertir la sangría poblacional que tanto afecta a la provincia.

El PSOE no quiso bajar al barro y eludió abordar este tema. Sierra, por su parte, recordó que «el repunte demográfico, aunque modesto, es señal de que la provincia comienza a ser atractiva». En este sentido, celebró el retorno de muchos ciudadanos a zonas rurales y el papel que está jugando la inmigración a la hora de repoblar los pueblos. Se trata, según enfatizó, de un «motor demográfico» evidente, ya que «por cada burgalés que desaparece del censo se han dado de alta cuatro extranjeros». Por no hablar de que «su contratación ha crecido un 40% en el último lustro» y de que constituyen una «pieza clave para la economía local».

En la misma línea, Suárez replicó que la población extranjera que se asienta en el medio rural ayuda a «preservar la calidad de los servicios que actualmente se prestan». De ahí que programas como Arraigo sean tan «importantes» y vayan a mantenerse activos. Por otro lado, remarcó que «Burgos no es una provincia insegura» mientras hacía hincapié en que la inmigración «no está generando problemas» sino «soluciones». Finalmente, consideró que dicha postura no debiera entrar en conflicto con las políticas de fomento de la natalidad.