Talleres obsoletos o máquinas donadas: CCOO denuncia la precariedad tecnológica en la FP pública
La adaptación a la nueva normativa de FP «vuelve locos» a los centros: sin directrices ni planificación, sin personal administrativo, sin medios y con una compentencia privada en ascen so. «Los centros educativos están trabajando a ciegas».

El delegado de CCOO Enseñanza en Burgos, Jesús Moradillo, y el coordinador de docentes del sindicato, Roberto Martínez, muestran el informe que analiza la situación de la FP en Castilla y León.
Una formación eminentemente práctica que se pierde a la hora de llegar al taller en algunas familias profesionales de formación profesional en algunos centros públicos de Burgos. Es una de las denuncias que realizan los responsables de CCOO Enseñanza en la provincia. Concretan, por ejemplo, el IES Empecinado de Aranda cuenta con «una obsolescencia y desactualización de máquinas y espacios que incluso incumplen la ley de prevención de riesgos laborales», denuncia el coordinador de docentes del CCOO, Roberto Martínez.
Concretan, por ejemplo, que el taller de Electromecánica y Mecatrónica los tornos, «por falta de mantenimiento» no se pueden tulizar. Reconocen que la Delegación Provincial de Educación ha dotado para este equipamiento una partida de 45.000 euros «pero sólo han llegado 4.000 y los centros tienen un verdadero problema para mantener el material de formación», denuncia el delegado de CCOO Enseñanza en Burgos, Jesús Moradillo.
No es el único centro en el que denuncian problemas de equpamiento e infraestructuras en las instalaciones públicas. «El IES Diego Marín Aguilera necesita una adecuación de espacios y en especial en la familia de formación en vehículos», remarca Martínez. Y en el Simón de Colonia los ciclos de Robótica y Mecatrónica «cuentan con maquinaria donadas por una empresa», señala Moradillo.
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El espacio de trabajo práctico en una Formación Profesional que se adapta a una nueva normativa en la que las prácticas han ganado peso es una de las críticas que realiza el sindicato ante los problemas de adaptación en Castilla y León a la nueva normativa aprobada por el Gobierno central. «En nuestra comunidad hay una falta de planificación y de instrucciones claras por parte de la Consejería de Educación, relacionadas con un incomprensible y apresurado calendario de implantación establecido por el Ministerio de Educación», estiman en un informe sobre la aplicación del nuevo sistema de FP en Castilla y León.

Entrada al IES Diego Marín Aguilera, en la carretera de Poza.
«Los centros educativos se están volviendo locos, están trabajando a ciegas, asumiendo responsabilidades que no les corresponden por una falta de planificación y una insuficiencia de recursos», señalan. Y no sólo materiales, también de profesorado. «Hay familias profesionales donde no se encuentran perfiles especializados y en las que es muy difícil dar cobertura a las bajas cuando se producen», explica Roberto Martínez.
Desde CCOO proponen la realización de acuerdos con otras entidades para facilitar el acceso de profesionales cuando las bolsas de profesores se agotan incluso acudir a otras provincias. «Se puede establecer acuerdos con Sacyl en materia sanitaria, con el Ecyl o con organismos públicos de País Vasco o La Rioja para cubrir esa falta de profesorado o espacios de prácticas para los alumnos en el caso de la rama sanitaria», exponen.
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Entre la falta de personal detectan dos figuras clave que no se han cubierto. Por un lado, el impacto que genera «una falta flagrante» de administrativos «generalizada en todos los centros y en la propia Delegación» que deja, en concreto a los centros de FP inmersos en la adaptación a la nueva ley, «desbordados». Por otro lado, echan en falta la cobertura de un nuevo perfil que desarrolla la nueva Ley de Formación Profesional: el prospector. Se trata de la figura de un profesional del centro educativo que detecta los perfiles profesionales que demandan las empresas y definir el proceso de prácticas. «Esta figura no está desarrollada en Castilla y León y exigimos que se implante porque descargaría al profesor de prácticas».
Privatización de la FP
En la provincia de Burgos hay 7.500 estudiantes de Formación Profesional, una cifra que va en aumento y cinco centros de FP públicos en la provincia con una oferta alta en centros concertados y un incremento de la oferta privada. «Hay mucho interés en este tipo de formación porque hay mucha inserción laboral y competencia la nueva ley no permite a las universidades dar Formación Profesional, en Burgos hay casos como la Isabel I pero te dicen que es la Fundación para salvar esto, o que en Aranda no haya ciclo en enología pero sí en La Aguilera, que es concertado... No puede ser, sedebe priorizar lo público y completar a lo que no se llegue con la concertada», remarcaron ambos responsables sindicales.
Para rearmar la red pública de centros educativos de Formación Profesional de Burgos y Castilla y León, desde CCOO Enseñanza proponen por un lado instrucciones unificadas y por escrito en materia de matriculación, convalidaciones y criterios de evaluación continua. Solicitan racionalizar el calendario escolar ajustando periodos de matriculación y finalización de los segundos cursos de grado superior.
Por otro lado, se plantea la implantación efectiva del prospector, la dotación necesaria de personal administrativo y de apoyo para «gestionar la excesiva burocrácia» y «reforzar los departamentos de orientación con perfiles especializados». Por otro lado, reclaman el blindaje de las 17 horas lectivas, compensación de gastos y tareas extraordinarias, reconocer la función tutorial y equiparación salarial y carrera profesional. Además, exigen la actualización de recursos materiales desde equipos tecnológicos modernos a una conectividad de internet eficaz en todos los centros y espacios adaptados al volumen de alumnos matriculados. Reclaman también la otpimización de los soportes informáticos y el blindaje de la oferta de ciclos formativos y on line de centros públicos «antes de autorizar nuevos conciertos o centros privados».
Señalan la necesidad de un Plan Autonómico de Captación de Empresas para garantizar el suficiente número de prácticas, especialmente en el entorno rural, y un sistema de evaluación supervisado y flexible. Por otro lado, reclaman la puesta en marcha de «plan de integración que concrete la impartición de certificados de profesionalidad, microcredenciales y cursos de formación para el empleo en los Centros Integrados de Formación Profesional, planificando la oferta de modo que no haya competencia entre centros», señalaron.