Nuevas cocheras, vector energético de la futura flota, seguros... Se abre el debate político en Burgos

Más allá de la gestión inmediata de la crisis del transporte público desatada tras el incendio del 21 de abril, el equipo de Gobierno del PP ya mira al medio y largo plazo con la próxima convocatoria de un consejo de administración del Servicio de Movilidad y Transportes (SMYT) en el que participen todos los grupos políticos para tomar decisiones que condicionarán el futuro de la ciudad.

La alcaldesa, Cristina Ayala, avanzó que este órgano servirá para empezar a «poner negro sobre blanco» las decisiones estratégicas que marcarán el futuro del sistema, especialmente tras la pérdida de las cocheras en el incendio.

El objetivo es abrir un proceso de análisis y consenso político que permita definir tanto la nueva ubicación como el modelo de las instalaciones, en un contexto en el que la ciudad se ve obligada a replantear de forma acelerada su infraestructura de transporte.

Ayala es consciente de que las pérdidas, todavía por calcular ya que dependen también de las indemnizaciones que puedan llegar de los seguros, serán de decenas de millones de euros, por lo que las inversiones futuras también van a quedar condicionadas. En un primer momento, calculaban más de 23 millones de euros solo en autobuses, un dato que salía de multiplicar los 600.000 euros que cuesta un vehículo por los 39 calcinados.

El consejo abordará cuestiones clave como el diseño del nuevo sistema de mantenimiento, la reorganización del servicio y el modelo energético de la futura flota, incluyendo cómo se realizará el repostaje de los autobuses. Se plantea también una visita a las cocheras de San Chinarro en Madrid, a la que la alcaldesa quiere invitar a la oposición para conocer el modelo de la capital de España que llega a mover a 500 millones de usuarios al año.

En estos momentos se descarta la reconstrucción de las cocheras de la carretera Poza, por el estado en el que han quedado y por el hecho de que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) recoge, desde hace años, el traslado. El actual equipo de Gobierno ya recalificó una parcela para llevar esta instalación al polígono de Villalonquéjar.

En cuanto a los seguros de los vehículos, se indicó que están «a terceros», una cuestión que condicionará las posibles indemnizaciones. Para apoyarse en estas negociaciones, la Junta de Gobierno aprobó un contrato de urgencia para contratar «a un perito de parte» que trabaje para el Ayuntamiento de Burgos en la investigación y las consecuencias del incendio.