Vox Burgos propondrá en el Pleno que el Gobierno central se haga cargo de parte de la deuda de los consorcios

«Exigir justicia financiera al Gobierno central y pedir que asuma su condición de responable en la deuda de los consorcios». Ese es el objetivo de una de las proposiciones que el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Burgos presentará al Pleno ordinario que se celebra este viernes.

El concejal Ignacio Peña avanzó que la formación exigirá una solución definitiva a la deuda de los consorcios urbanísticos de Burgos, reclamando «justicia financiera» al Gobierno central. Peña manifestó su «sorpresa» por el hecho de que no se haya exigido antes una respuesta al gobierno de la Nación, a pesar de ser el culpable del «evidente fracaso de un modelo que se remonta a finales de la década de los noventa».

El edil recordó que «en aquel momento, los consorcios urbanísticos se vendieron como una herramienta moderna y segura para acometer grandes transformaciones en la ciudad sin tensionar las cuentas municipales, algo que el tiempo ha demostrado erróneo».

Peña calificó el modelo de «fracaso estructural y económico» porque «el sistema dependía de la venta de suelo, por lo que el desplome de la burbuja inmobiliaria hundió por completo los ingresos previstos». Así, añadió que «al ser una estructura sumamente vulnerable a los ciclos económicos, el colapso financiero dejó a los consorcios sin capacidad para generar recursos».

Esta herencia se traduce actualmente en «una situación financiera de extrema gravedad para las arcas municipales». Recordó que Burgos acumula una deuda por los consoricos que «hoy asciende a 134 millones de euros» y criticó además que «la reorganización urbanística derivada de este modelo ha perjudicado seriamente la accesibilidad en diversos puntos de la ciudad».

La ciudad «se enfrenta a unos compromisos de amortización que obligan a pagar entre 80 y 85 millones de euros antes del año 2031», una exigencia económica que, según advierte Vox, «pone en serio riesgo la prestación de los servicios esenciales para los ciudadanos». En este sentido, el concejal alertó de que, «si el Ministerio de Hacienda no favorece una refinanciación flexible de la deuda, el Ayuntamiento podría verse abocado a un colapso financiero inminente».

Ante este escenario, la formación solicita que el Estado «asuma su condición de corresponsable, argumentando que no puede desentenderse de las consecuencias de un modelo que él mismo promovió en su origen». Peña señaló que «el Gobierno central sí ha asumido inversiones de gran envergadura en otras localidades cuando ha sido necesario», citando como ejemplo las obras de la estación de Campo Grande en Valladolid, licitadas y adjudicadas por 253 millones de euros.

Por ello, Vox considera «injusto» que «se financien infraestructuras en grandes capitales mientras se deja sola a Burgos ante una deuda impuesta y fracasada por cuestiones ajenas a la ciudad», exigiendo al Estado que, además de ampliar los plazos de carencia, «se comprometa activamente a participar en el pago del principal de la deuda».

Campo burgalés

La segunda proposición de la formación se centrará en la «defensa del campo burgalés y en el rechazo frontal al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur». Así lo avanzó la concejal Carolina Mínguez, quien denunció la «presión asfixiante» que sufren los agricultores y ganaderos españoles.

Un «panorama desolador» que «ya ha provocado la pérdida de más de 180.000 explotaciones y medio millón de hectáreas de cultivo en toda España». Mínguez recordó que «a los bajos precios en origen, los elevados costes de producción y una burocracia inasumible, se le suman en Burgos problemas específicos como la presión urbanística sobre el suelo rústico y una alarmante falta de relevo generacional».

En este sentido, la proposición de Vox apuesta por exigir al Gobierno central «el rechazo total al acuerdo UE-Mercosur mientras no se garantice una igualdad de condiciones estricta para los productores locales». Para ello, instan a «elaborar un informe detallado sobre su impacto socioeconómico y demandan la paralización inmediata de su aplicación provisional».

La propuesta recoge, además, que «debe ser el pueblo español el que decida en referéndum cuál debe ser la postura de España respecto a estos tratados internacionales que afectan directamente a la soberanía alimentaria» y reclama el rechazo explícito al Pacto Verde Europeo y a todas las políticas derivadas de la Agenda 2030», a las que acusan de criminalizar al sector primario.

En su lugar, la formación propone «una Política Agrícola Común (PAC) sin recortes, enfocada exclusivamente en criterios productivos y económicos». Asimismo, insta a «recuperar los principios de preferencia comunitaria y reciprocidad para asegurar que ningún producto importado de terceros países pueda competir de manera desleal con los alimentos nacionales».

Finalmente, la moción insta a la Junta de Castilla y León a «blindar y proteger el suelo agrícola frente a la instalación desordenada de proyectos de energías renovables». Como medidas de apoyo directo, solicitará «la creación de un fondo de compensación económica para el sector, la simplificación drástica de los trámites administrativos, la paralización de cualquier tipo de financiación destinada a proyectos agroalimentarios en Marruecos y la suspensión del acuerdo agrícola con el país por el grave perjuicio que ocasiona a los productores locales».