El Ayuntamiento de La Cueva de Roa construyó el edificio de usos múltiples, de 2014 y 2020, sin proyecto básico y de ejecución

Continúa la investigación en los cuatro pueblos que administraba el secretario cuestionado en la Ribera del Duero, especialmente en La Cueva de Roa, epicentro de las presuntas irregularidades. Sobre la mesa, delitos como falsedad documental y prevaricación, en el caso de que la Justicia confirme la supuesta implicación del alcalde.

El foco de las denuncias se centra en la construcción del edificio de usos múltiples Santo Domingo de Silos, de La Cueva de Roa, un proyecto faraónico que ha superado el millón de euros y que ha terminado de dividir a un pueblo que ha estado muchos meses sin agua potable. Pero hay más. Según el informe técnico que elaboró el estudio de arquitectura contratado en septiembre de 2019 para legalizar las obras, el edificio se construyó entre 2014 y 2020 sin un proyecto básico y de ejecución. “Se entiende que no existe un proyecto previo que incluya las labores ya ejecutadas y, de existir dicho proyecto o documentación, nunca se puso a disposición de la empresa”, advierte el documento técnico de este estudio de arquitectura de Burgos.

Según este mismo informe, cuando se contrata a este estudio, el proyecto ya tiene realizada la cimentación, los muretes perimetrales de hormigón, la ejecución de estructura con pilares y vigas, las placas de anclaje metálicas, así como la explanación interior del terreno; la fachada de termoarcilla asentada sobre mortero de cemento; la formación de huecos para puertas y ventanas con dinteles de hormigón y las acometidas y la línea de tierra. “Puesto que se han realizado ya una serie de intervenciones por parte de otros técnicos o empresas constructoras, lo que se pretende es continuar con las labores, aprovechando al máximo lo ya ejecutado y adecuando el nuevo Proyecto Básico y de Ejecución a los trabajos existentes”, señala.

Con este objetivo, el estudio de arquitectura contratado planteó cambios como la demolición del cerramiento del patio, para “crear un espacio interior más interesante” de cara a futuras actividades culturales, o el aumento de la altura del inmueble, que se elevó de forma notable. También se procedió a cegar ventanas exteriores con el fin de que la entrada de luz llegase únicamente mediante el patio interior, “obteniéndose así una iluminación más controlada y adaptable a los distintos eventos que se puedan efectuar en el espacio”.

Estudio geotécnico

La investigación también trata de dilucidar si, en la fase inicial del proyecto, se realizó el pertinente estudio geotécnico, una falta importante si tenemos en cuenta que el edificio se asienta sobre las bodegas subterráneas más antiguas del pueblo.

Aunque en un escrito del Consistorio se menciona a dos técnicos que habrían participado en la fase inicial del proyecto, ninguno de los dos es arquitecto, como exige la ley. La duda de la investigación se extiende al método de pago de este edificio, con un fraccionamiento sistemático de un proyecto de un millón de euros que se ha adjudicado a golpe de contratos menores. Aunque, por su cuantía, todos los contratos de las obras del edificio debían haber sido adjudicados por el Pleno, ninguno pasó este trámite, y las actas plenarias evidencian que no consta que se hayan delegado estas competencias del Pleno en el alcalde.

La preocupación se extiende a la documentación del expediente de la construcción del edificio, que “ha desaparecido en su práctica totalidad”. Nadie sabe si está en manos del secretario —ya jubilado— o del propio alcalde, que ya admitió en el pleno del pasado 2 de julio que tenía documentos en su casa.

Cuatro pueblos auditados

Hay que recordar que los ayuntamientos de Fuentelisendo, La Cueva de Roa, Villaescusa de Roa y Valdezate han comenzado a investigar, tras confirmar la existencia de presuntas irregularidades contables. En un escrito enviado a la Diputación de Burgos, el pasado 15 de octubre, los alcaldes firmantes se ponían a disposición de la administración provincial, ante la posibilidad de que el secretario que compartían, que ya está jubilado, haya podido incurrir en un delito de malversación de fondos públicos y falsedad documental.

Según reflejan en este escrito, al que ha tenido acceso este periódico, “se ha constatado una posible falta de documentación y posibles errores en lo que se refiere a la contabilidad de los municipios, actas plenarias, así como documentación justificativa y técnica relativa a determinadas actuaciones ejecutadas en los municipios que componen la agrupación”. Asimismo, continúan, “se han detectado posibles irregularidades en los cobros y movimientos contables vinculados a las remuneraciones del anterior secretario-interventor, actualmente jubilado, que podrían implicar un uso inadecuado o no debidamente acreditado de fondos públicos”. Como primer paso, los cuatro municipios han comenzado ya a auditar sus cuentas con el nuevo secretario.