La oposición suspende la votación de la RPT por un correo electrónico anónimo

La Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Aranda no se votará en el pleno ordinario de este jueves. Un correo anónimo, que, según ha podido saber este periódico, ha enviado a título personal un policía Local para advertir de “modificaciones sustanciales” en la propuesta municipal de la RPT, ha precipitado el suspenso de la votación.

Aunque el equipo de gobierno de Antonio Linaje ha intentado mantener el proceso, al entender que el correo electrónico no es oficial y no está firmado, la oposición así lo ha decidido en comisión.

Desde el equipo de gobierno de Sentir Aranda, Podemos-Izquierda Unida y Ciudadanos, dudan de la autenticidad de un correo electrónico que llegó solo a un grupo de concejales —no a todos— y, además, no utilizó el dominio oficial de @arandadeduero.es, proviene de un gmail genérico y está sin firmar, y sin identificar al sindicato al que supuestamente representa.

Investigación abierta

Con el fin de descartar que haya podido ser un presunto ataque de phishing (un tipo de estafa en la que alguien se hace pasar por una entidad confiable para robar información), Alcaldía ha pedido que se abra una investigación, que llevarán a cabo los servicios de informática del consistorio y Policía Local, sobre la verificación de la autenticidad del correo. “Desde el equipo de gobierno se sigue trabajando en la aprobación de la RPT, un instrumento necesario para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores municipales y las necesidades que tiene el Ayuntamiento para prestar los servicios necesarios municipales que nos afectan al día a día”.

En el correo electrónico, al que ha tenido acceso este periódico, el remitente anónimo pide la paralización de una RPT que, entiende, sigue sin subsanar las erratas que ya se habían constatado en la tabla de valoraciones de la RPT relativas al cuerpo de Policía Local. “Resulta especialmente llamativo que, tras tantos meses de insistencia, no se haya procedido aún a una subsanación que, además de ser manifiestamente necesaria, es de carácter puramente mecánico” y “no requiere más que unos minutos de revisión”.

En su opinión, la reiteración de estas solicitudes en torno a un ajuste tan básico “no solo evidencia la persistencia de la incidencia, sino que también supone un notable desgaste para quienes, de manera constante y con ánimo de colaboración, vienen requiriendo su corrección”.

En detalle, apunta, se han asignado 200 puntos para agente de Policía, cuando les corresponden 225. El desajuste se extiende al Oficial de Policía, con 225, cuando le corresponden 300, y al subinspector, con 300 de los 325 que debería tener por manual.

Aunque, en primera instancia, a finales de 2024, se entendía que la penosidad tanto para agentes como para bomberos era la misma, 75 puntos, en la actualización de inicios de 2025 se mejora a los bomberos, asignándoles 100 puntos; una valoración que, por la descripción, deberían tener, en su opinión, también los policías locales. “En lugar de valorar objetivamente cada punto del manual, se está maniobrando de forma deliberada los valores asignados a cada puesto, subiendo y bajando estos valores según convenga, hasta que coincidan con la cifra que se quiere obtener”, rechaza.

Según él, este proceder, además de contravenir el espíritu y la finalidad del manual, podría, incluso, considerarse irregular o contrario a la normativa “si se demuestra que sustituye criterios técnicos por decisiones orientadas únicamente a justificar un resultado predeterminado, revelando así unas intenciones más dirigidas a cuadrar números que a aplicar un proceso justo y transparente”.

Seria inquietud

Por otro lado, argumenta, resulta necesario destacar que la versión de la RPT de noviembre de 2025 ha experimentado “modificaciones sustanciales de manera unilateral y sin ningún tipo de negociación con los sindicatos”, especialmente en el documento de puesta en marcha de la propia relación. “Estas alteraciones, por su relevancia y alcance, deben ser sometidas a la Mesa de Negociación, ya que la omisión de este trámite podría suponer una vulneración directa del procedimiento legalmente establecido”.

Asimismo, añade, es imprescindible señalar la “seria inquietud generada por la actuación municipal, en la medida en que estas decisiones se enmarcan en una dinámica que amenaza con desmantelar, sin negociación alguna, los pocos elementos aún vigentes y favorables del convenio de funcionarios, un acuerdo con casi treinta años de aplicación y considerado por muchos como un derecho consolidado”. “En consecuencia, debe remitirse a la Mesa tanto la versión actualizada —incluyendo todas las modificaciones introducidas— como la versión final que incorpore la corrección de las alegaciones presentadas y las erratas rectificadas, garantizando así la transparencia, la seguridad jurídica y el pleno respeto a los derechos de negociación colectiva”, termina.

Desde la oposición, el PSOE, como partido que ha promovido la paralización de la votación de la RPT, zanja: “si ha habido modificaciones sustanciales, tiene que pasar por una mesa de negociación”.