El alcalde de La Cueva de Roa defiende la legalidad del centro multiusos mientras sigue la investigación por irregularidades

Mientras continúa la investigación sobre presuntas irregularidades en la gestión del secretario interventor que compartían cuatro pueblos de la Ribera, el alcalde de La Cueva de Roa, Ignacio Arranz, insiste: «Los primeros interesados en que todo se aclare somos los alcaldes, pero hay que esperar a que terminen las auditorías técnicas».

Pero lo cierto es que la auditoría ya ha terminado. Este periódico puede confirmar que el informe se entregó el pasado mes de noviembre. En él se confirma la existencia de irregularidades.

A sabiendas de que uno de los proyectos que más dudas ha despertado es el centro multiusos Santo Domingo de La Cueva de Roa, el regidor Ignacio Arranz se defiende: «no ha habido errores». «Todos los trabajos se han realizado, ejecutado y pagado con sus correspondientes memorias valoradas, licencias y permisos según la legislación vigente en cada momento».

Es más, desde el Ayuntamiento afirman que todo ha sido supervisado por los organismos oficiales con competencia en la materia, así como por un arquitecto técnico, «que fue quien dirigió las obras», «no habiendo habido, en ningún momento, traba alguna para realizar las certificaciones necesarias ni para la concesión de las ayudas referentes a los Planes Provinciales de Cooperación y otras subvenciones solicitadas».

Sin embargo, según publicó este periódico el pasado 7 de noviembre, el Ayuntamiento de La Cueva de Roa construyó el edificio de usos múltiples, de 2014 a 2020, sin proyecto básico y de ejecución, tal y como confirmó el propio estudio de arquitectura que fue contratado, en septiembre de 2019, con el fin de legalizar las obras. «Se entiende que no existe un proyecto previo que incluya las labores ya ejecutadas y, de existir dicho proyecto o documentación, nunca se puso a disposición de la empresa», advertía el estudio de arquitectura en el documento técnico.

Según este mismo informe, cuando se contrata a este estudio, el proyecto ya tiene realizada la cimentación, los muretes perimetrales de hormigón, la ejecución de estructura con pilares y vigas, las placas de anclaje metálicas, así como la explanación interior del terreno; la fachada de termoarcilla asentada sobre mortero de cemento; la formación de huecos para puertas y ventanas con dinteles de hormigón y las acometidas y la línea de tierra.

Otro de los interrogantes afecta al estudio geotécnico. El alcalde asegura que el estudio se encuentra en dependencias municipales, pero no se entiende que exista si no se dio, en su día, a la empresa constructora que se contrató para legalizar las obras.

Incógnitas por resolver

Según el alcalde, el proyecto valora las obras en 580.000 euros, de los cuales se han invertido, hasta la actualidad, «unos 420.000 euros», que se han sufragado en un 80% por ayudas y subvenciones y en un 20% por el Ayuntamiento (121.000 euros). Estos datos chocan con las declaraciones que este mismo alcalde hizo, en un medio de comunicación en marzo de 2023, cuando hablaba de una inversión ya efectuada de 700.000 euros. «No lo recuerdo, será un error», responde ahora el primer edil, convencido de que «la mejor prueba es que todo esta legalizado y certificado sin ningún reparo de ninguna administración».

Sin embargo, los 420.000 euros no cuadran con facturas que, según ha podido comprobar este periódico, superan ampliamente los 600.000 euros. Tampoco encaja con las cifras de inversión que aparecen en las liquidaciones de los presupuestos, desde 2015 hasta la actualidad, y que rondan los 900.000 euros. «Es un mal cálculo», rechaza el alcalde.

Tampoco concuerda el porcentaje de las subvenciones con las cuantías recibidas de los Planes Provinciales de Cooperación que, según los datos de la Diputación de Burgos, ascienden a 239.613,23 euros, desde 2016 hasta 2025.

Pese a la polémica, el alcalde defiende el «privilegio» de poder contar con un edificio de usos múltiples de 700 metros cuadrados, que se ha construido «sin haber endeudado al municipio». «Yo tengo la conciencia tranquila», zanja.

Investigación abierta

La Cueva de Roa es uno de los cuatro ayuntamientos de la Ribera, junto a Fuentelisendo, Villaescusa de Roa y Valdezate, que están ahora mismo en el foco de la investigación por presuntas irregularidades que, al parecer, pudo cometer el secretario interventor que compartían y que ya está jubilado. Sobre la mesa, delitos como falsedad documental y prevaricación, en el caso de que la Justicia confirme la supuesta implicación de algún alcalde.

Como primer paso, los alcaldes enviaron un escrito a la Diputación de Burgos para solicitar asesoramiento. En esta misiva, los regidores afirmaban haber constatado «una posible falta de documentación y posibles errores en lo que se refiere a la contabilidad de los municipios, actas plenarias, así como documentación justificativa y técnica relativa a determinadas actuaciones ejecutadas en los municipios que componen la agrupación», así como «posibles irregularidades en los cobros y movimientos contables vinculados a las remuneraciones del anterior secretario-interventor», que «podrían implicar un uso inadecuado o no debidamente acreditado de fondos públicos».

Desde Diputación se ofreció asesoramiento, pero dejando claro que no tiene competencias. La única vía es el Tribunal de Cuentas.